El representante permanente de Colombia ante la ONU, Guillermo Fernández de Soto, rechazó las acusaciones hechas por el Gobierno venezolano en el Consejo de Seguridad, quien aseguró que nuestro país tiene relación con una reciente incursión armada por vía marítima para desestabilizar el régimen de Nicolás Maduro.

«Colombia nunca ha sido un país agresor. Por el contrario, ha dedicado sus esfuerzos a fortalecer sus instituciones democráticas, consolidar sus capacidades institucionales para garantizar la estabilidad y la seguridad, y elevar la calidad de vida de sus ciudadanos», dijo Fernández de Soto en una sesión virtual ante el Consejo de Seguridad, indicó la Cancillería colombiana.

El pasado 13 de mayo el representante de Venezuela en la ONU, Samuel Moncada, dirigió una misiva al Consejo de Seguridad y al secretario General de la misma organización, António Guterres, en la que realizó las acusaciones.
Así, por iniciativa del representante permanente de Rusia ante la ONU, el Consejo de Seguridad convocó a la sesión especial de este día, que se llevó a cabo de manera virtual bajo el título ‘Situación de Venezuela’.

«Para Colombia la relación con Venezuela es un asunto prioritario. Sin embargo, tal y como lo señaló el embajador Fernández de Soto, durante los últimos años Venezuela ha prestado su territorio como retaguardia para los grupos armados organizados y ha facilitado las actividades de las organizaciones dedicadas al narcotráfico, afectando la seguridad nacional y la estabilidad de la región», señaló la nota de la Cancillería.

Asimismo, destacó que en la reunión, Fernández de Soto «recordó al pleno del Consejo de Seguridad que Colombia y más de 50 países y organizaciones multilaterales reconocen desde hace más de un año al presidente interino, Juan Guaidó, y que, como parte del Grupo de Lima, apoya los esfuerzos para restaurar la democracia en Venezuela».

De hecho, Colombia no sostiene relaciones diplomáticas con Maduro, cuyo Gobierno ha acusado de manera reiterada al colombiano de impulsar acciones desestabilizadoras junto con Estados Unidos para propiciar un golpe de Estado contra el presidente chavista.

La incursión, denominada Operación Gedeón, fue desmantelada el pasado 3 de mayo, cuando militares venezolanos detectaron una lancha que, aseguran, provenía de Colombia e intentaba ingresar a Venezuela por el estado La Guaira (norte) con sujetos armados; se produjo un enfrentamiento en el que murieron ocho implicados y dos fueron detenidos.

Al día siguiente, los cuerpos de seguridad detectaron una segunda lancha también con armas, en la que fueron detenidas ocho personas, entre ellas dos estadounidenses y militares venezolanos desertores.
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Las autoridades venezolanas han detenido a más de 40 personas en varias zonas del país por su presunta implicación en ese hecho.