Procesos fiscales por sobrecostos y otros hechos de corrupción con recursos por $3.1 billones para Covid-19
Según el jefe del organismo de control, Carlos Felipe Córdoba, son 3.1 billones de pesos los que se han destinado a la atención de la emergencia por Covid.
Hasta ahora, se han encontrado en 118 contratos sobrecostos por unos 420 mil millones de pesos y gracias a las 227 alertas emitidas por la Contraloría se ha logrado prevenir el mal uso de 25 mil millones de pesos en alimentación para los colombianos, detalló Córdoba.
La Contraloría ha abierto 40 nuevas indagaciones preliminares por presuntos sobrecostos en contratos de Covid19”, precisó el Contralor General, Carlos Felipe Córdoba.
Los procesos involucran hasta ahora a 12 Gobernaciones, 10 alcaldías municipales y 4 entidades de salud.
La Contraloría estima los sobrecostos en 420 mil millones de pesos.
Se han contratado 3.1 billones de pesos, 2.1 que se han distribuido para insumos médicos y otro billón de pesos para la contratación de personal por prestación de servicios”, explicó Córdoba.
Y se han evidenciado posibles sobrecostos en 84 municipios de los 119 examinados.
Las poblaciones más afectados son Floridablanca (Santander); Sabaneta (Antioquia); PuertoBoyacá (Boyacá) y Girón (Santander).
La dimensión de la corrupción es tal que el Contralor advirtió que hasta el momento “sólo en municipios de 2 departamentos—Quindio y Caquetá– no se han hallado contratos con presuntos sobrecostos.
Además reseñó que la región con menor riesgo es el Eje Cafetero, con el 5%.
En cambio, la región con mayor riesgo es la del Caribe. El porcentaje de presuntos sobrecostos es del 72% en un universo de contratos en el que el 24% tiene relación con la pandemia.
Destacó que en esta zona del territorio norte colombiano solo 18 municipios no generaron alertas.
De otro lado, señaló que hasta el presente mes de mayo, se han aprobado 100 proyectos de regalías por tema de Covid-19, en una cuantía total de $115.724 millones, de los cuales se han contratado 12 por $9.500 millones”.
“Estamos atacando las corruptelas que existen en el país. Estamos comprometidos en la lucha contra este flagelo”, advirtió el Contralor.
Casos específicos:
–Proceso de responsabilidad fiscal por $1.051 millones contra el alcalde de Sincelejo, (Sucre), Andrés Eduardo Gómez Martínez”
Hay evidencia de presuntos sobreprecios en los productos que conformaban los 26.666 kits que debían llegarle a la población vulnerable: Oscilaban entre el 28 y el 164%”.
No fueron entregadas 66.665 libras de fríjol en perjuicio de 13.333 familias”
-Proceso de responsabilidad fiscal por $942 millones contra Alcalde de Medellín, Quintero Calle y a la Secretaria de Educación, entre otros, por presunto sobrecosto en contrato para suministro de alimentos a estudiantes durante período de emergencia por Covid-19.
Un presunto sobrecosto se evidencia en que el valor del kit alimentario fue de $26.423; al sumar el porcentaje del costo de logística y transporte ascendió a $32.500, y multiplicado por 220.578 kits pactados en contrato, arrojó como valor total $7.168.848.968 millones
-En La Ceja, Antioquia, la CGR, a través de su gerencia en Antioquia, designó un grupo especial URI ( Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata) para para verificar documentación relacionada con 2 contratos específicos denunciados por la ciudadana por un valor de $200.000.000.
El equipo recomendó iniciar una indagación preliminar. Gracias a la intervención de la CGR, solo se ejecutaron $100.000.000 del valor inicial.
-Proceso de responsabilidad fiscal por $242.800.994 contra el Alcalde de Girón (Santander), Carlos Alberto Román, por detrimento patrimonial ocasionado por presunto sobrecosto que se dio en contrato para suministro de 20.000 kits alimentarios.
En este caso, la CGR estableció presunto sobrecosto del 32% en el valor de los kits alimentarios que contrató Girón con el contratista.
-Proceso de responsabilidad fiscal por un caso similar de $229 millones contra el Alcalde del Municipio de Coveñas (Sucre), Rafael Antonio Ospina Toscano.
Allí está vinculada además la Fundación Servicios y Consultorías Caribe – Funcarservicios, contratista.
Igualmente, Fabio Enrique Maestre Machado, Secretario de Planeación, Obras Públicas y Saneamiento Básico, en su calidad de interventor y/o supervisor”.
-Proceso de responsabilidad fiscal contra el Alcalde de Malambo (Atlántico), Rummenigge Monsalve Álvarez, por un posible detrimento fiscal estimado en $1.107.043.597.
Se trata de presuntas irregularidades en la planeación y ejecución de un contrato de suministro de 80.000 mercados a la población vulnerable.
Están vinculados también la contratista, Fundación Lirio de los Valles; la supervisora del contrato, Doris Monsalve Parra, la Fundación Amira de la Rosa y el subcontratista encargado del transporte.
Otra alerta que dio la Contraloría tiene que ver con la concentración de créditos subsidiados para el agro, específicamente en las colocaciones hechas por Finagro dentro de la Línea de Crédito denominada Colombia Agro Produce.
La CGR encontró que de los $226.000 millones colocados en esta línea de crédito hasta el 8 de abril, $213.566 millones han ido a grandes comercializadores y agroindustriales, $8.300 millones para medianos, y sólo $4.200 millones para pequeños productores.
De los $226 mil millones, $196.133 millones se colocaron por rubros de comercialización y/o transformación, costos operativos y anticipos.
Con corte reportado al 23 de abril de 2020 a la CGR por parte de FINAGRO, se han desembolsado créditos por $224.502.909.702.
La línea no fue focalizada por productos, regiones y en pequeños productores para atender la situación de emergencia y contribuir con la producción y con la sostenibilidad alimentaria.
Los primeros recursos se aprobaron a grandes clientes de los bancos por $213.566 mil millones, sin ningún control de su urgencia y verificación de su destino, y ninguna de las líneas de colocación fue la de producción.
Incluso se han colocado $2.000 millones para grandes floricultores.
Se determinó que esta línea de crédito se coloca por demanda, sin gestión de FINAGRO, ni políticas claras, de tal manera que el 32.5% de los recursos se concentran en Bogotá en actividades no productivas, y en 5 departamentos, que sumados representan el 73% de los créditos aprobados.
