El presidente de EEUU, Donald Trump, ordenó este jueves sanciones contra cualquier funcionario de la Corte Penal Internacional (CPI) que procese a militares estadounidenses, en un momento que el tribunal estudia presuntos crímenes de guerra cometidos por tropas en Afganistán.

En una orden ejecutiva, Trump anunció que Estados Unidos va a bloquear las propiedades o activos de cualquier funcionario del tribunal de La Haya que esté involucrado en la investigación.

«Las acciones de la Corte Penal Internacional son un ataque contra los derechos del pueblo estadounidense y amenazan con infringir nuestra soberanía nacional», dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, en un comunicado.

En el comunicado, el gobierno de Estados Unidos recordó que su país no forma parte del Estatuto de Roma y ha rechazado reiteradamente las afirmaciones de que la CPI tiene jurisdicción sobre el personal de Estados Unidos.

El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Mike Pompeo, advirtió a los aliados de su país que la investigación también los concierne.

«Tengo un mensaje para varios aliados cercanos en todo el mundo — su gente podría ser la siguiente — especialmente aquellos países de la OTAN que lucharon contra el terrorismo en Afganistán del lado de Estados Unidos», agregó.

La Casa Blanca también autorizó que se emitan restricciones de visas para entrar a Estados Unidos contra cualquier funcionario involucrado eventuales procesamientos, lo que también afectará al resto de su familia.

El gobierno de Trump revocó el año pasado la visa de la fiscal de la Corte, la magistrada Fatou Bensouda, buscando presionarla para que desistiera de investigar incidentes durante la larga guerra en Afganistán.

Los jueces habían rechazado lanzar la investigación, tras las amenazas de sanciones de Washington, pero en marzo el tribunal autorizó en una apelación la apertura de una investigación por presuntos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos en Afganistán.

La corte con sede en La Haya – fundada en 2002 – basa su investigación en que sí tiene jurisdicción sobre el país.

Bensouda desea examinar no solo los supuestos crímenes cometidos desde 2003 por los soldados talibanes y afganos, sino también los que hubieran podido cometer las fuerzas internacionales, sobre todo las tropas estadounidenses.

La fiscal también busca investigar acusaciones de tortura que pesan sobre la CIA.

– Acusan a Rusia de «manipular» la CPI –

El fiscal general de Estados Unidos, Bill Barr, a su vez acusó a Rusia de «manipular» la CPI.

«Potencias extranjeras como Rusia también están manipulando la CPI para adelantar sus propios intereses», indicó Barr a los periodistas.

Trump ha emprendido una campaña contra instituciones multilaterales que considera que van en contra de los intereses de su país y recientemente anunció el retiro de la Organización Mundial de la Salud (OMS), por sus críticas a la respuesta frente al coronavirus.

El rol de la Corte ya había sido criticado por anteriores administraciones como el gobierno del presidente republicano George W. Bush (2001–2009), que alentó a los países miembros a cerrarla.

Su sucesor Barack Obama adoptó un tono menos belicoso, aunque sin adherir tampoco al Estatuto de Roma.

El tribunal internacional enfrenta una crisis profunda en un momento en que varios países de África cuestionan al organismo e ingnoraron un mandato de detención internacional contra el expresidente de Sudán Omar al Bashir.

La oenegé Human Rights Watch (HRW) indicó que la orden de Trump «demuestra un desprecio por el Estado de Derecho global».

«Este ataque contra la CPI es un esfuerzo para impedir que víctimas de crímenes muy graves, ya sea en Afganistán, Israel o Palestina busquen justicia», afirmó en un comunicado, Andrea Prasow.

En La Haya, un portavoz del tribunal indicó que estaban al tanto del anuncio en Washington y que emitirán una reacción tras examinar su contenido. AFP