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Soldados aceptaron cargos por violación de menor indígena; podrán pagar 30 años de cárcel

–Ante un juez de control de garantías siete soldados regulares del Ejército Nacional aceptaron los cargos imputados por la Fiscalía por abuso sexual de la niña indígena Embera Chami y fueron recluidos temporalmente en el mismo Batallón San Mateo de Pereira, al cual están adscritos, mientas avanza el juicio.

El ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo notificó que los soldados fueron retirados del servicio activo del Ejército y «deberán responder ante la justicia por este crimen».

El juez Promiscuo Penal Municipal de Pueblo Rico (Risaralda) atendió la petición de la Fiscalía e impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario para los procesados, la cual deberá cumplirse en la señalada guarnición militar.

Los uniformados podrían ser condenados a una pena de hasta 30 años de cárcel por su implicación en la violación de la menor en hechos ocurridos en el corregimiento de Santa Cecilia, del municipio de Pueblo Rico, en el departamento de Risaralda.

Desde Cali (Valle del Cauca), el Fiscal General señaló que los uniformados fueron imputados por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado, seis de ellos en calidad de autores y uno más como cómplice.

Los soldados siete soldados que aceptaron los cargos, son los siguientes:

-Juan Camilo Morales Poveda
-Yair Stiven González
-José Luis Holguín Pérez
-Juan David Guaidi Ruiz
-Oscar Eduardo Gil Alzate
-Deyson Andrés Isaza Zapata
-Luis Fernando Mangareth Hernández

“En menos de 72 horas, en un enlace con las diferentes autoridades, y en una acción liderada por la delegada para la Seguridad Ciudadana y la Seccional Risaralda, se produce un resultado contundente en un hecho doloroso para los colombianos”, precisó el Fiscal Barbosa.

Las más de 40 acciones investigativas dispuestas por la Fiscalía fueron determinantes para poner en evidencia a los siete soldados regulares adscritos al Batallón de Alta Montaña del Ejército Nacional en Génova (Quindío), que servían de apoyo al Batallón de Artillería San Mateo con sede en Pereira.

“Ellos mancharon su uniforme y la dignidad de la niñez de Colombia, por eso se les solicitó medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario”, señaló el Fiscal General.

“No vamos a ceder un ápice en la defensa de los derechos humanos de nuestros niños, niñas y adolescente. A los ciudadanos, a los padres de familia, les digo que el Fiscal General de la Nación está en las calles y en los territorios, no está encerrado ni confinado. Los funcionarios están en las calles, estamos dándole la vuelta al país para que los colombianos sientan que nuestras manos están ahí para apoyarlos”, concluyó el Fiscal Barbosa.

Juan De Dios Queragama, gobernador indígena del resguardo Gitó Dokabú, aseguró que «a la niña la violaron en la escuela Pio XXII en el corregimiento de Santa Cecilia, la que se encuentra ubicada a unos 20 minutos, sitio que queda cerca a la montaña».