Judicial

Tribunal de Ibagué ordenó tramitar notificaciones electrónicas en cárcel Picaleña

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Por acción de la Procuraduría, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué ordenó al director general del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), y al director del Complejo Penitenciario y Carcelario Coiba -Picaleña- disponer del personal necesario para notificar a las personas privadas de la libertad -PPL-, las providencias judiciales enviadas al correo electrónico de esa institución.

El tribunal estableció un plazo de 48 horas después de la notificación para que se adopten las medidas de bioseguridad indicadas en circulares, instructivos y lineamientos emitidos por el centro reclusorio, con el fin de prevenir el contagio y propagación de la covid-19 durante el trámite de notificación, que se realizará de manera personal.

Ordenó que los directores del INPEC y del Coiba efectúen los trámites y procedimientos necesarios para disponer de suficientes funcionarios de salud, administrativos y de guardia, que permitan cubrir la demanda en la prestación de estos servicios, y gestionar oportunamente las solicitudes de detención domiciliaria transitoria de las personas privadas de la libertad.

Al resolver la acción judicial interpuesta por la Procuraduría, el tribunal sentenció que al negarse a dar trámite a las múltiples notificaciones que se encuentran represadas, se “está impidiendo que los internos tengan derecho al acceso al servicio público de Administración de Justicia”.

Igualmente, advirtió que exigir a los notificadores de la Rama judicial que acudan al centro carcelario para adelantar esta labor pone en riesgo su salud y su vida, máxime cuando dicho establecimiento no cuenta con los elementos de bioseguridad necesarios y suficientes para evitar el contagio.

El Ministerio Público instauró la acción de tutela con el fin de proteger los derechos fundamentales a la vida, a la salud, al debido proceso, y al acceso a la administración de justicia de las personas privadas de la libertad en la cárcel Picaleña, y de los notificadores de la Rama judicial, durante el estado de emergencia derivado de la pandemia.