Expresidente Uribe seguirá detenido mientras la Corte Suprema decide qué ley aplica en su caso

septiembre 22, 2020 4:55 pm

El expresidente Álvaro Uribe Vélez continuará con arresto domiciliario, mientras la Corte Suprema de Justicia define si será una jueza 30 de control de garantías o la Fiscalía General quien deberá tomar la decisión sobre la libertad del exmandatario colombiano.

Los abogados de Uribe pidieron este martes a la jueza 30 de control de garantías que ordenara su libertad mientras el caso seguía su curso, pero la funcionaria señaló que no podía pronunciarse hasta que la Corte Suprema determine si ella o la Fiscalía tenían autoridad sobre la decisión.

“Cuando así se conozca, si es ese es el sentido (…) se dispondrá de manera inmediata a darle inicio a esa actuación para emitir allí un pronunciamiento de fondo a esa petición elevada inicialmente por los apoderados judiciales del doctor Álvaro Uribe Vélez”, dijo la jueza.

En términos judiciales, el alto tribunal debe establecer si el caso, por fraude procesal y soborno a testigos, se lleva bajo la Ley 600 de 2000 y o la Ley 906.

La ley Ley 600 se encarga de delitos cometidos antes de 2005 y para crímenes cometidos por aforados, que cobija a los congresistas, mientras bajo la Ley 906 se investigan y procesan las conductas cometidas después del 1 de enero de 2005.

Al respecto, en la audiencia cumplida hoy, la juez consideró que desaparecido el fuero constitucional con su renuncia de Uribe a su curul en el Senado, “cobra nueva validez la aplicación de la Ley 906 de 2004?.

En este marco, la funcionaria judicial le dio razón a la Fiscalía, a la Procuraduría y a la defensa del expresidente Uribe Uribe, que han señalado que el proceso debe ser adelantado por la justicia ordinaria bajo la Ley 600 de 2000.

En la contraparte, la posición es que el proceso debe continuar como venía, en la Corte Suprema de Justicia.

La jueza admitió que no puede resolver el conflicto de competencia surgido en el caso y por ello decidió remitir el caso a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia para que dirima la situación.

El episodio de este martes fue el último giro en una larga pugna penal entre Uribe y el senador izquierdista Iván Cepeda. En 2012, Uribe acusó a Cepeda de orquestar un complot para vincularlo con grupos paramilitares.

Pero en 2018 la Corte Suprema dijo que Cepeda había recogido información de excombatientes como parte de su trabajo y no había pagado o presionado a los exparamilitares. En cambio, el tribunal aseguró que Uribe y sus aliados presionaron a los testigos.

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