La Jurisdicción Especial para la Paz – JEP, citó al Fiscal General Francisco Barbosa y a tres ministros del gobierno Duque, en el marco de una audiencia pública que hace parte del trámite del Estudio de medidas cautelares de protección integral para los comparecientes que firmaron el Acuerdo de Paz.

La audiencia, que se adelanta este miércoles, verifica el cumplimiento de las órdenes dadas por la sección de Ausencia de Reconocimiento a las entidades estatales sobre la implementación de las garantías de seguridad para los excombatientes.

También, se verificarán las garantías de seguridad para la reincorporación en los territorios, con enfoque territorial, de género y étnico. Asimismo, se revisarán las medidas tomadas por las entidades gubernamentales para prevenir y superar la estigmatización, en el marco de las garantías de no repetición y el proceso de reconciliación. Además, se verificarán los planes de lucha contra la impunidad y la política de desmantelamiento de organizaciones.

Serán el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Antonio Ceballos; el Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila; el ministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto Carrasquilla; la ministra del Interior, Alicia Arango; el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo; la Procuradora Delegada con Funciones de Seguimiento del Acuerdo de Paz, Mónica Cifuentes, el Defensor delegado para la Prevención de Riesgos y Sistema de Alertas Tempranas, Ricardo Arias, el Fiscal General, Francisco Barbosa y el director de la Unidad Nacional de Protección, Alfonso Martínez, quienes comparecerán en esta nueva fecha sobre el esclarecimiento de los hechos ocurridos durante el conflicto armado en el país.

La Sección de Ausencia de Reconocimiento estableció que los funcionarios solo podrán delegar su asistencia a la diligencia viceministros y el vicefiscal y, únicamente, previa justificación y verificación, por parte de la JEP, de la imposibilidad funcional de asistir. En las demás entidades no se aceptará delegación. Los funcionarios asistentes deberán permanecer durante toda la totalidad del desarrollo de la audiencia.

Desde la firma de los acuerdos, realizada el 24 de noviembre de 2016, han sido asesinados 243 excombatientes, según el partido Farc. Los asesinatos estarían concentrados en los departamentos de Cauca, Nariño y Antioquia.