–El gobierno de los Estados Unidos ratifico su apoyo al Acuerdo de Paz en Colombia y notificó que la DEA y otras agencias trabajan en procesos de investigación en el territorio colombiano cumpliendo las leyes nacionales. Cualquier afirmación en sentido contrario no tiene fundamento, afirma.

Los pronunciamientos los hizo en un comunicado emitido por la embajada estadounidense en Bogotá, en el cual destaca las acciones de cooperación entre Estados Unidos y Colombia y reseña que ha contribuido con mas de mil millones de dólares en los últimos 4 años para combatir el tráfico de drogas, el abuso sexual de niños, la corrupción y el terrorismo.

Los siguientes son los términos de la declaración de la Embajada de EEUU sobre la cooperación entre Estados Unidos y Colombia en materia de aplicación de la ley y el proceso de paz:

«La Administración de control de Drogas (DEA) y otros representantes de la aplicación de la ley de Estados Unidos en Colombia trabajan en estricto cumplimiento de las leyes de Estados Unidos y de Colombia y bajo la supervisión de los fiscales de ambos países. La DEA y otras agencias siguen procedimientos sobre el desarrollo de casos y métodos de investigación que cumplen con las leyes de Estados Unidos y Colombia. Cualquier afirmación en sentido contrario no tiene fundamento y sólo socava nuestro esfuerzo conjunto para combatir el crimen transnacional.

La cooperación entre Estados Unidos y Colombia en las áreas de la aplicación de la ley y la extradición ha combatido durante muchos años el tráfico de drogas, el turismo y el abuso sexual de niños, la trata de personas, la corrupción transnacional y el terrorismo, entre otros delitos. Esta labor ayuda a promover los intereses, valores y libertades que comparten nuestros países.

Estados Unidos apoya el acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC y fue observador en las conversaciones que llevaron al acuerdo en La Habana. El gobierno de Estados Unidos ha contribuido con más de 1.000 millones de dólares en los últimos cuatro años a las causas de seguridad ciudadana, desarrollo económico inclusivo y sostenible, reforma agraria y plena participación económica, política y social de las comunidades afro e indígenas que han sido fuertemente afectadas por el conflicto.