–Un duro golpe a la falsificación y comercialización de medicamentos robados al Sistema POS de la Salud, asestó la Policía Nacional con la desarticulación de una banda que habría afectado al Estado desde el año 2017 en unos 18.000 millones de pesos, producto de la venta ilegal de los fármacos.
En la operación fueron capturados 13 sujetos, 9 de los cuales ya fueron imputados por la Fiscalía General de la Nación por los delitos de corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico, enajenación ilegal de medicamentos, contrabando, favorecimiento al contrabando y concierto para delinquir.
Luego de una operación simultanea realizada en las ciudades de Villavicencio, Bogotá y Cúcuta, se desarticuló la organización delincuencial a las que se le seguía la pista desde hace varios meses, gracias a una denuncia ciudadana.
La banda había conformado una red de distribución de medicamentos fraudulentos y de contrabando que eran comercializados en algunas farmacias de estas ciudades capitales.
El modus operandi utilizado por esta organización delincuencial, consistía en hurtar del sistema POS de Salud, medicamentos de uso institucional y venderlos en el mercado negro por debajo del precio establecido y adquirido por el Estado colombiano.
Asimismo, introducían al país medicamentos de contrabando de los países de: Venezuela y Ecuador para ser vendidos en droguerías y farmacias de estas ciudades, medicamentos que posiblemente eran adulterados en composiciones.
Esta organización se dedicaba a la adquisición, distribución y comercialización de medicamentos de contrabando y desviados del Sistema POS de salud, crearon rutas de transporte de estas mercancías desde zonas fronterizas, sin el cumplimiento de requisitos sanitarios y técnicos para el transporte de medicamentos por lo cual perdían su composición química y se generaba un proceso de contaminación.
Entre las tantas irregularidades encontradas por los investigadores de la POLFA, se logró establecer que muchos de los medicamentos distribuidos al público de manera irregular tenían su fecha de vencimiento ya caducada y con múltiples irregularidades en sus contenedores de almacenamiento e ingresados al país escondidos en camiones de transporte de material de construcción y perecederos.
La acción criminal de la estructura desmantelada, representaba un riesgo para la salud de los consumidores, ya que en ocasiones las mercancías eran expuestas a elevadas temperaturas que alteraban sus componentes por el medio de transporte y manipulación utilizado para este acto ilícito.
Esta enajenación de medicamentos por la cual fue defraudado el Estado y que genera la afectación a la salud pública, salían desde Ipiales y Cúcuta para posteriormente ser almacenado en ciudades transitorias como Bogotá y Barrancabermeja, mediante empresas de mensajería eran enviados a empresas de transporte intermunicipal hasta la ciudad de Villavicencio donde eran finalmente comercializados a los ciudadanos que por alguna situación médica lo requerían para su consumo.
