Por: Luis Eduardo Forero Medina
La noticia en salud pública, que este año prendió motores con 31.8 billones de pesos de presupuesto, fue la COVID-19, enfermedad que ahora es de carácter laboral, de la cual se ha aprendido mucho y convertido en una prueba para toda la sociedad; su primer caso se confirmó el 6 de marzo, fecha desde la cual nos hemos familiarizado con palabras como “confinamiento, distanciamiento social, tapabocas, protocolo, sospechoso”,
PRASS ( Programa de Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible ) destinado a cortar las cadenas de contagio del covid-19; pandemia que ha dejado en el país un balance de más de millón y medio de casos confirmados, igual número de recuperados, casos activos más de 95.000 y más de 41.000 fallecidos, según el Instituto Nacional de Salud; posicionándolo en el país más afectado de América Latina y el quinto de contagios a nivel mundial.
El personal de la salud indudablemente también fue el personaje del año, de los cuales a 23 mil trabajadores contratados bajo diversas modalidades les adeudarían 460 mil millones de pesos que han pretendido pagar con el aval de Hacienda y de gobernadores y alcaldes que en gran parte continúan sin aprovisionar o mover el dinero. Sobre el particular la cartera de salud informó que “Ya se pagó el 99.8% de la deuda salarial de hospitales”. En la materialización de la ley estatutaria en salud, a cargo de un nuevo ministro de salud, este año se aplicó el acelerador al Acuerdo de Punto Final que busca pagar deudas añejas de la salud tanto al personal de planta como contratista y plasmar el principio de no repetición; dando comienzo, en el régimen contributivo, con la ruta trazada para la aclaración de cuentas entre las EPS ( Entidades Promotoras de Salud) que siguen en estado de depuración, y que se les ha pedido se «amarren» a los territorios. El Acuerdo permitirá a las EPS pagar sus cuentas a los prestadores y proveedores (IPS, hospitales, entre otras). El saneamiento del régimen subsidiado està a cargo de departamentos y distritos. Igualmente se expidió la Ley 2015 de 2020 que regula la interoperabilidad de la Historia Clínica Electrónica, en vía de reglamentación, y que comenzaría a implementarse a mediados de esta década; pese a esto, ya està siendo reglamentado el modelo de interoperabilidad, o viaje de la historia clínica entre varias instituciones para que los 122.800 médicos (,87 mil médicos generales y 28.900 médicos especialistas), la consulten desde cualquier lugar. Al 30 de septiembre de 2020 los trabajadores de la salud han sufrido 242 agresiones, la cifra más alta registrada en los últimos 20 años. Para practicar la universalización en salud, se dispuso la afiliación de la población pobre no asegurada, recién nacidos, menores edad y su grupo familiar, y migrantes venezolanos con hospitales y secretarías de salud que los incorpora de oficio a través del Sistema de Afiliación Transaccional SAT. Se calcula que mas de 2 millones, de colombianos no tienen seguro de salud.
En desarrollo de la Ley Estatutaria se introdujo una de las mayores transformaciones del sistema de salud en la última década, como fue calificada la entrada de Los Presupuestos Máximos que consisten en que con los recursos que se les entrega a las EPS mensualmente junto con la UPC ( Unidad de pago por capitación), los destinen para que esas entidades sean las encargadas de gestionarlos y administrarlos para medicamentos, procedimientos y servicios de salud no financiados con cargo a la UPC, con calidad, disponibilidad y oportunidad, en función de acercar la medicina y la atención al ciudadano. Este año las EPS vieron menguados sus ingresos, por lo que el Ejecutivo las autorizó utilizar los recursos de las reservas técnicas, esto es las provisiones para atender el riesgo futuro en salud de sus afiliados. Respecto a los medicamentos, a los 1717 que están en control directo de precios, a principios de año se sumaron 770 presentaciones comerciales de fármacos que disminuye en algunos casos hasta en un 84% el precio que paga el sistema de salud por los medicamentos controlados, que busca equipararlos con los precios en otros países de la región, en donde se venden por el 60% menos de lo que se ofrece en Colombia.
Este año venció el período cuatrienal de los gerentes de 931 Empresas Sociales del Estado, por lo que para evitar la politiquería y el clientelismo que ha caracterizado esos nombramientos, el gobierno central y los regionales suscribieron el Pacto por la Transparencia en atención a que “un mal gerente es un problema que queda enquistado 4 años y eso desangra cualquier gobierno local.” Igualmente se expidió la nueva Ley de Vacunas; se aprobó la Ley de Residentes en beneficio de más de 5.000 residentes médicos; se emitió la Política Pública de Prevención y Tratamiento de la Infertilidad; se proyectó el Plan Nacional de Enfermería 2020-2030; se prohibió el asbesto en el territorio nacional; empezó el desarrollo de la fase II del proceso de exclusiones de servicios y tecnologías en salud para determinar los medicamentos, procedimientos, dispositivos, que no deban ser financiados con recursos públicos asignados a la salud, como los que tengan propósito cosmético o suntuario; y se da inicio al Conpes 399, relativo a la estrategia para la promoción de la salud mental en Colombia 2020 – 2024. En el 2020 no se logró apurar la implementación de facturación electrónica; como tampoco finalizar la depuración de las EPS deficientes; aún persisten las dificultades del servicio de urgencias, y no se hizo en todo el país el trabajo de las conciliaciones de pagos de deudas con las IPS públicas y privadas.
Para el 2021, declarado en Emergencia sanitaria por covid-19 hasta febrero 28, además de consolidar la Telesalud, se prevé en primer término impulsar el proyecto de Ley 010 de 2020 con mensaje de urgencia, que “es un libro para escribirlo entre los diferentes actores y en donde caben (varios) capítulos” que buscan una transformación del sistema. De otro lado cursan otros proyectos de Ley como el que fomenta el desarrollo integral y diferenciado de los departamentos fronterizo y el que busca centrar el sistema en el paciente. Probablemente se descontinuarán los hospitales públicos pequeños; se adoptará el etiquetado nutricional que deberá darse en mayo de 2021 y su obligatoriedad, se estima, comenzará en noviembre de 2022 y el Minsalud proveerá vacuna contra la hepatitis B para adultos en alto riesgo de infección. Al Hospital San Juan de Dios, alma mater de la medicina en Colombia, no se le ha encontrado remedio; se pretende transformarlo en el complejo San Juan Dios durante un lapso de 20 años; pero el asunto sigue enredado entre juzgados, ministerios de salud, educación y hacienda y la secretaría de salud de Bogotá. En el segundo semestre de 2021 se comenzaría a vacunar gratuitamente contra el coronavirus a 10 millones de habitantes, empezado por los grupos prioritarios.
@luforero4
