Siete días después de tomar posesión en el cargo, el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, viajó a Inírida (Guainía) para atender de primera mano una denuncia de explotación sexual de niñas y adolescentes de la región, muchas de ellas integrantes de comunidades indígenas.
Para el operativo se dispuso la creación de un equipo especializado de la Fiscalía y la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional (Dipro) y gracias al material de prueba que da cuenta de la manera en la que algunas menores de edad fueron inducidas a actividades de tipo sexual, a cambio de dinero, comida u hospedaje, la Dirección Especializada de Extinción de Dominio de la Fiscalía, impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre 12 bienes que habrían sido utilizados para dichos actos ilegales.
En dichas locaciones, al parecer, se vendieron bebidas alcohólicas y auspiciaron fiestas y encuentros sexuales con algo más de 40 niñas y adolescentes.
Entre las propiedades afectadas, cuyo valor ascendería a 2.000 millones de pesos, hay 9 inmuebles rurales y urbanos ubicados en los barrios Al Aeropuerto, Berlín, Los Libertadores, Las Américas y Comuneros; así como los establecimientos de comercio Tabú Inírida, Hotel Orinoco Real y Ribason.
“Decir además que se ha reducido de una manera muy importante ese delito en esas zonas, luego de la intervención de la Fiscalía General de la Nación”, dijo al respecto el Fiscal General sobre esta acción que se ejecuta en defensa de los derechos de la infancia en el país.
