Un gran enemigo y el mayor obstáculo para la implementación de los acuerdos de paz en Colombia es el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por la protección que ofrece a las disidencias de las FARC, dijo el martes el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos.

La protección en Venezuela a las disidencias de las FARC, bajo el mando de Iván Márquez y Jesús Santrich, impide las acciones militares en contra de los combatientes que decidieron regresar a las armas, así como eventuales sometimientos de quienes decidan volver a la vida civil, de acuerdo con el Gobierno colombiano.

«Un gran enemigo de la implementación de los acuerdos es la dictadura de Nicolás Maduro», dijo a Reuters el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos. «La dictadura de Nicolás Maduro ha hecho un daño tremendo a la implementación de los acuerdos al dar refugio a criminales como Iván Márquez, Jesús Santrich, a alias El Paisa y alias Romaña».

El funcionario aseguró que los líderes de las disidencias de las FARC escondidos en Venezuela con el beneplácito de Maduro traicionaron el acuerdo de paz que permitió la desmovilización de unos 13.000 integrantes de esa guerrilla.

«El hecho de que Nicolás Maduro dé refugio a Iván Márquez y a su grupo es una afrenta contra la paz, se convierte en el principal obstáculo para la implementación de los acuerdos», agregó Ceballos en una entrevista en su oficina en la Presidencia.

De inmediato no hubo respuesta a una solicitud de comentarios del Gobierno de Venezuela a las declaraciones del Alto Comisionado para la Paz de Colombia, pero en el pasado Caracas ha negado proteger en su territorio a las disidencias de las FARC o a otros grupos ilegales armados como la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

SOLO CON EL ELN SE PODRÍA NEGOCIAR

Venezuela junto a Chile participó como acompañante de la negociación de paz entre el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y las FARC que se realizó en La Habana, mientras que Cuba y Noruega fueron garantes.

Ceballos reveló que los grupos armados ilegales del ELN, las disidencias de las FARC, el Clan del Golfo, Los Caparros y Los Pelusos, suman alrededor de 7.000 hombres en armas.

El funcionario advirtió que legalmente el Gobierno colombiano sólo podría negociar un acuerdo de paz con el ELN debido a que los otros grupos armados no tienen un reconocimiento político y es imposible conceder ese estatus por las normas vigentes.

El ELN rechazó desde 2018 las exigencias del Gobierno para un eventual diálogo de paz que incluyen el cese unilateral de hostilidades, la suspensión del secuestro, del reclutamiento de niños y adolescentes, así como el uso de minas antipersonales.

En enero de 2019 el grupo rebelde hizo explotar un carro bomba en una academia policial en Bogotá, un ataque que dejó 22 cadetes muertos y sepultó cualquier posibilidad de diálogo.

«No es posible una negociación. Nuestra ley no prevé eso y en esa línea hemos creado la ruta del sometimiento individual para que las personas que perteneciendo a sus grupos quieran dar el paso, puedan hacerlo», dijo Ceballos al revelar que los últimos 11 meses unos 200 integrantes de grupos armados ilegales diferentes al ELN se sometieron a la justicia.

El Gobierno de Duque expidió en abril de 2020 un decreto que permite el sometimiento de integrantes de grupos armados ilegales a cambio de beneficios como reducción de penas y planes de reinserción social con sus familias.

El comisionado afirmó que el narcotráfico y la explotación ilícita de minerales como el oro siguen siendo el incentivo para los grupos armados que continúan sembrando la violencia y el terror en apartadas zonas montañosas y selváticas.

«La razón principal para que sigan en armas, desafortunada y tristemente, es el negocio ilícito de las drogas y también de la explotación ilícita de minerales, principalmente yacimientos de oro», concluyó Ceballos. Reuters