–De acuerdo con un reporte de la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz, en lo corrido del 2021, el recrudecimiento de la violencia organizada en varias regiones del país ha ocasionado que cada media hora una persona abandone forzadamente su predio, y que cada hora una familia colombiana se vea obligada a desplazarse para salvaguardar su vida e integridad física.

El informe destaca que del 1 de enero al 7 de marzo de 2021, 3.119 personas y 1.311 familias han sido desplazadas de manera forzosa. «La situación es preocupante si se tiene en cuenta que este crimen se triplicó con respecto al mismo periodo de 2020″, precisa la JEP.

Asimismo, señala que el número de comunidades en situación de confinamiento ha aumentado significativamente. Según el Sistema de Monitoreo de Riesgos de la Unidad de Investigación y Acusación, 21.494 personas y 1.599 familias permanecen confinadas actualmente, lo que significa que persisten graves violaciones a los derechos a la libertad y la movilidad en Antioquia, Norte de Santander, Chocó y Nariño, con afectaciones desproporcionadas para los indígenas y los afrodescendientes.

El Clan del Golfo y el ELN son los principales perpetradores de estos hechos de victimización que ocasionan crisis humanitarias. La razón: el establecimiento de corredores estratégicos que permiten la movilidad de integrantes de las organizaciones ilegales y el tránsito de drogas, armas, y mercancías en diferentes subregiones del país que se conectan por carreteras, serranías, ríos o fronteras.

Los desplazamientos masivos y el confinamiento han afectado a los titulares de derechos y garantías en la Jurisdicción Especial para la Paz, como por ejemplo, los resguardos indígenas y los consejos comunitarios que han sido acreditados como víctimas en los macrocasos priorizados 02 y 04, respectivamente.

Por ende, se alerta que la participación efectiva de varios colectivos que son intervinientes estaría en riesgo por la intensificación de estos fenómenos de violencia.

Según el alto tribunal de justicia transicional, el desplazamiento masivo en Colombia ha aumentado por el establecimiento de corredores estratégicos que permiten la movilidad de las organizaciones ilegales y el tránsito de drogas, armas y mercancías en diferentes subregiones del país.

Advierte, además, que el desplazamiento forzado es el hecho victimizante que más ha aumentado desde la firma del Acuerdo Final de Paz y amenaza la participación efectiva de las víctimas.

Señala tres factores de persistencia de este crimen: Primero, la disputa bélica del ELN y Clan del Golfo por controlar corredores estratégicos. Este fenómeno de violencia ocurre en tramos de carreteras, pasos fronterizos y redes fluviales donde ambos chocan por el control territorial.

Segundo, el Clan del Golfo responde a la presión de la Fuerza Pública dispersado sus estructuras en otras regiones como el sur de Bolívar y el Catatumbo. Además, del control que han recuperado en viejas retaguardias de grupos paramilitares.

El tercer factor son las alianzas criminales que apuntan a consolidar mandos coordinados o compartidos como: el ‘Comando Coordinado de Occidente’, ‘Comando Frontera Sur’, y el ‘Bloque Jorge Briceño’ en el Cauca, bajo Putumayo y los Llanos del Yarí, respectivamente.

A diferencia de lo que ocurría hace algunos años, los patrones de desplazamiento masivo y de confinamiento hoy dependen más de la ubicación de los ‘corredores estratégicos’ que de las jurisdicciones administrativas, puntualiza.

Tras analizar los hechos victimizantes reportados en lo corrido del año —con corte al 7 de marzo— las cifras indican que 3.119 personas se han desplazado. Según el estudio, 1.311 familias han huido de sus tierras para salvaguardar sus vidas e integridad física.

Norte de Santander, Antioquia, Chocó y Nariño son los departamentos con más casos reportados. De acuerdo con el informe quincenal de la UIA, los daños son desproporcionados cuando se analizan los crímenes cometidos contra las comunidades indígenas y afrodescendientes.

Ante este escenario, la UIA lanzó nuevamente una alerta porque, entre la población más afectada, se encuentran precisamente los titulares de derechos y garantías ante la Jurisdicción Especial para la Paz como los resguardos indígenas y los consejos comunitarios.

La persistencia del crimen de desplazamiento forzado amenaza la participación efectiva de varios colectivos que son intervinientes dentro del caso 03 que priorizó la situación de Ricaurte, Tumaco y Barbacoas (Nariño); así como el 04 que investiga los crímenes cometidos en Urabá.

De acuerdo con los registros de los últimos cuatro años, en el mismo periodo observado, la UIA concluyó que este crimen es el que más ha aumentado desde la firma del Acuerdo Final de Paz. El desplazamiento masivo de civiles se ha triplicado con respecto al mismo periodo en 2020.

Para los investigadores, el Clan del Golfo y el ELN serían los principales perpetradores de estos hechos victimizantes que han causado esta grave crisis humanitarias. A la fecha, 21.494 personas y 1.599 familias permanecen en situación de confinamiento.

A diferencia de lo que ocurría hace algunos años, los patrones de desplazamiento masivo y de confinamiento hoy dependen más de la ubicación de los ‘corredores estratégicos’ que de las jurisdicciones administrativas. Es decir, advierte la UIA, tienen sus propias lógicas territoriales.

“A pesar de los procesos de paz y de los esfuerzos de las entidades estatales, las lógicas de expulsión violenta de personas, familias y comunidades, continúa y muestra señales de empeorar en los próximos meses», advierte el Sistema de Monitoreo en su informe.

El informe indica que aunque los procesos de paz con los paramilitares (2003-2006) y la guerrilla de las FARC-EP (2016), sumado a otras iniciativas del Gobierno, permitieron la desmovilización de aproximadamente 75 mil personas, la situación de seguridad de miles de habitantes no ha mejorado, e inclusive, el 2021 marca un retroceso evidente.

Un ejemplo de esto lo constituye el desplazamiento forzado, que es el tipo de hecho victimizante que más ha aumentado desde la firma del Acuerdo de Paz.

Según el Sistema de Monitoreo de Riesgos de la Unidad de Investigación y Acusación, este año (con fecha de corte al 7 de marzo), se han desplazado forzosamente 3.119 personas y 1.311 familias.

Particularmente grave es el fenómeno del desplazamiento masivo de civiles, entendido como los eventos en los cuales 50 o más personas, o 10 o más familias, abandonan forzosamente sus hogares y territorios, para huir de la violencia.

A pesar de los procesos de paz y de los múltiples esfuerzos de las entidades estatales, las lógicas de expulsión violenta de personas, familias y comunidades continúa, y muestra señales de empeorar en los próximos meses debido a los siguientes factores:

La disputa bélica entre el Clan del Golfo y el Ejército de Liberación Nacional, (ELN), por controlar “puntos nodales” dentro de corredores de movilidad que son estratégicos para el tránsito de armas, integrantes de las organizaciones ilegales, medicamentos y otros recursos logísticos, y para la obtención de rentas criminales.

La respuesta del Clan del Golfo frente a la presión de la Fuerza Pública en su santuario estratégico ubicado en la región de Urabá, ha consistido en dispersar su estructura en otras regiones como el sur de Bolívar y el Catatumbo. Es decir, esta organización ilegal se ha reacomodado en nuevos territorios con procesos que generan mucha violencia, pues por lo general irrumpen en zonas con antecedentes de presencia -y en ocasiones un arraigo histórico- de grupos como el ELN.

La reorganización de las alianzas criminales entre grupos armados organizados, que muestran signos de estar consolidando mandos coordinados o mandos compartidos que tienen un alcance regional o subregional. Por ejemplo, los autodenominados, “Comando Coordinado de Occidente”, “Comando Frontera Sur” y “Bloque Jorge Briceño” en el Cauca, el bajo Putumayo y los llanos del Yarí, respectivamente. Estos procesos de cooptación, sometimiento o adhesión para crear estructuras de mando más amplias generan mucha violencia, especialmente contra los civiles cuando son estigmatizados de apoyar al bando contrario o cuando reafirman su posición de neutralidad.

En lo corrido del año, los eventos masivos de desplazamiento forzado y el confinamiento de comunidades, se han concentrado en tres departamentos: Antioquia, Chocó y Norte de Santander. Sin embargo, cuando se analizan con exactitud los puntos geográficos en donde se produce la expulsión violenta de civiles, se llega a la conclusión de que las dinámicas del conflicto armado colombiano no replican la división político-administrativa contemplada en la Constitución y la legislación vigente, sino que tienen lógicas territoriales propias.

Dicho de otro modo, los patrones de desplazamiento masivo y de confinamiento dependen más de la ubicación de los “corredores estratégicos” que de las jurisdicciones administrativas.

La Unidad de Investigación y Acusación, identificó que el fenómeno de desplazamiento masivo de personas y familias, y el confinamiento de comunidades, se ha concentrado en “puntos nodales” de los corredores estratégicos y de movilidad que utilizan el Clan del Golfo y el ELN. En otros términos, este tipo de violencia ocurre principalmente en tramos de carreteras, pasos fronterizos y redes fluviales que son determinantes para las actividades militares y económicas de estas estructuras criminales.

Los corredores estratégicos del Clan del Golfo

El Clan del Golfo, ha constituido corredores desde el bajo Cauca Antioqueño y el medio Atrato hasta el Urabá. Su corredor refleja la recuperación de viejas retaguardias de grupos paramilitares, (como la casa Castaño, el Bloque Elmer Cárdenas, el Bloque Pacífico y el Bloque Mineros), que han tenido un control relativamente alto de la vía que conecta al norte de Antioquia con el mar, o la red fluvial chocoana. Por ello, cualquier amenaza a su predominio en estas zonas es fuertemente combatido como ha demostrado su enfrentamiento a sangre y fuego contra los Caparros en
el bajo Cauca, y contra el ELN en el norte del Chocó.

Este grupo armado se ha posicionado territorialmente en el Bajo Cauca Antioqueño, el sur cordobés, (alto Sinú), el Urabá y el norte del Chocó desde hace más de diez años. Aunque con diferentes métodos, tanto guerrillas, como grupos delincuenciales y la Fuerza Pública han buscado expulsar este grupo, ninguno ha podido arrebatar el control territorial relativo en estas zonas. Lo anterior les ha permitido establecer dos corredores en estas áreas que les permiten sacar el máximo provecho de las rentas ilegales presentes en las regiones, resguardarse de la presión de la Fuerza Pública y tener control social y político de las comunidades rurales que habitan en estos territorios.

Los corredores estratégicos del ELN

El ELN tiene presencia en gran parte del territorio nacional, (como se evidenció en el segundo reporte de monitoreo de riesgos), sin embargo, eso no se ha expresado en una estrategia coherente para su despliegue nacional como tuvieron las otrora FARC-EP. En cambio, el ELN ha creado corredores dependiendo de sus Frentes de Guerra, (símil de los Bloques de las FARC-EP), lo que les ha permitido tener una importante interconexión entre sus estructuras federadas, pero que no siempre se han expresado en una conexión integral de toda la guerrilla.

Catatumbo-Sur del Cesar, El Carmen, Convención, Teorama, San Calixto, Tibú, Cúcuta, Chimichagua, Chiriguaná, Curumaní, La Jagua de Ibirico, Pailitas, Becerril, Sardinata, Villa del Rosario, El Tarra, Ábrego, Ocaña, La Playa, Hacarí.

En el Catatumbo en este momento el dominio principal es del ELN. Este dominio ha sido conseguido a sangre y fuego contra los Pelusos, los Rastrojos, el Clan del Golfo, y los grupos residuales cuando las FARC dejó de ocupar el territorio. En lo que va del 2021 se han registrado 12 eventos de confinamiento y desplazamiento forzado debido a la fuerte disputa entre estas estructuras.

El segundo corredor del ELN está localizada en una zona histórica para esta guerrilla la cual está ubicada en el sur de Bolívar y el nordeste antioqueño. Esta región fue reocupada por el ELN después de que en los años setenta la hubiese abandonado producto del accionar de la Fuerza Pública, (recordar la “operación Anorí”). En esta región, el ELN ha logrado reconquistar antiguas zonas de las que había sido expulsado y en este momento ejecuta un plan de expansión hacía el área de las Lobas en Bolívar, y el Magdalena medio antioqueño.

El informe también detalla los hechos de afectación a civiles y eventos del conflicto ocurridos entre el 2 de febrero al 7 de marzo de 2021, así:

– Fue asesinado el excombatiente de las FARC, Homer Arrieta Barrios en Colosó, Sucre.

– Durante el período examinado, un líder social fue asesinado cada 72 horas y el 100% de las víctimas ejercían
un rol de liderazgo en una comunidad indígena.

Las víctimas mortales fueron:

– Marcos Pai en Tumaco, Nariño
– Jhon Alberto Pai Pascal en Tumaco, Nariño
– Jaime Enrique Basilio en San Onofre, Sucre
– Orlando Mesa en El Carmen de Bolívar, Bolívar
– Carmen Ofelia Cumbalaza en Cumbal, Nariño

– Se perpetraron dos masacres. Los hechos se presentaron Ábrego, Norte de Santander, y Los Andes, Nariño.

– Se registraron 9 combates entre la Fuerza Pública y estructura criminales; y cuatro enfrentamientos entre
grupos armados organizados al margen de la ley.

– La Fuerza Pública capturó 108 integrantes de grupos armados al margen de la ley. Así mismo, la Fiscalía General de la Nación logró judicializar a 31 presuntos miembros de estructuras criminales.