–Por estar poniendo en riesgo zonas de especial protección ecológica en Cundinamarca la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos dos procedimientos que dejaron 14 personas capturadas como depredadores del medio ambiente en el departamento.

En los municipios de Zipaquirá y Cogua, en Cundinamarca, fueron capturados nueve presuntos integrantes de una red que habría auspiciado la deforestación de 2.000 hectáreas en la Sabana de Bogotá, en las zonas de amortiguación de las reservas naturales del Páramo de Guerrero, Parque Pionono y El Neusa.

La organización, al parecer, se dedicaba a talar bosque nativo, procesar la madera, comercializarla ilícitamente y transportarla con guías de movilización falsas hacia diferentes puntos del país. Entre las especies más afectadas con esta actividad están: cedro, acacia, guadua, palma colombiana, linde, algarrobo y pino toleta.

Siete de las personas que harían parte de la estructura, dos de ellas de nacionalidad venezolana, fueron detenidas en situación de flagrancia en tres focos distintos de deforestación. La Fiscalía les imputó el delito de ilícito aprovechamiento de recursos naturales.

Los otros dos capturados eran buscados mediante órdenes judiciales y se les imputaron los delitos de: concierto para delinquir, ilícito aprovechamiento de los recursos naturales, y uso de documento falso. Los cargos fueron aceptados por los procesados.

Esta operación se realizó de manera coordinada con la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional y en la misma se inmovilizaron tres vehículos de carga que transportaban 100 metros cúbicos de madera, cuyo traslado estaba respaldado con permisos falsos.

De otro lado, en zona rural de Guatavita, también en Cundinamarca, funcionarios de policía Judicial (CTI) de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, con apoyo del Ejercito Nacional, ubicaron un frente de explotación de carbón, en la modalidad de socavón vertical.

Los peritos constataron que esta labor se ejercía sin autorizaciones ambientales ni los permisos de ley; además, detectaron un grave daño al ecosistema ocasionado por la indiscriminada extracción del mineral, el vertimiento de combustibles en el suelo y el mal manejo de las aguas residuales.

Cinco hombres fueron capturados e imputados por los delitos de: explotación ilícita de yacimientos mineros y otros materiales, daño a los recursos naturales y contaminación ambiental.

Otras operaciones contra depredadores del medio ambiente, fueron realizadas por la Fiscalía en los departamentos de Putumayo y Guainía.

En la vereda Cocaya de Puerto Asís (Putumayo), la Fiscalía y la Policía Nacional llegaron a una zona de reserva, que está amparada por el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del municipio y la autoridades ambientales. En el sitio se identificó tala acelerada de árboles y una agresiva remoción de capa vegetal, la cual era arrojada a un humedal.

Las investigaciones dan cuenta de que el terreno se estaría preparando para realizar un proyecto urbanístico y turístico. Aquí fueron capturadas cuatro personas, entre ellas, el hombre que figura como propietario del predio. La Fiscalía imputó a los detenidos los delitos de: invasión de área de especial importancia ecológica agravada y urbanización ilegal.

En Villagarzón (Putumayo), la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos, la Brigada 27 de Selva del Ejército Nacional y la Policía Nacional intervinieron un entable de minería ilegal en el que se usaban motobombas para extraer material de una fuente hídrica en busca de oro.

En este lugar se detectó el uso de mercurio y otras sustancias tóxicas que terminaban en las aguas del afluente.

Una persona fue capturada y judicializada por el delito de explotación ilícita de yacimiento minero y daño a los recursos naturales.

Durante un procedimiento de registro realizado en el aeropuerto de Inírida (Guainía) fueron descubiertos 11.800 gramos de oro, que estaban camuflados en el equipaje de mano que llevaban dos personas que pretendían viajar a Bogotá. El metal no tenía certificado de origen ni soportes que respaldaran su tenencia.

La Fiscalía solicitó la imposición de medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo con fines de comiso; sin embargo, el juez de control de garantías señaló que debían aplicarse medidas administrativas y ordenó que el oro quedara a disposición de la alcaldía municipal.

Esta decisión fue apelada por la Fiscalía, que tiene indicios sobre el posible origen ilícito y la presunta extracción del metal en los ríos Inírida, Atabapo y Negro, donde avanzan actividades de minería ilegal.