En la diligencia presidida por la Juez 64 Penal Municipal de Bogotá, con funciones de control de garantías, la fiscal señaló que González Sanabria incurrió, presuntamente, durante más de diez meses en actos inescrupulosos con su hijastra, una menor de 13 años, a quien embarazó. Los hechos ocurrieron en un inmueble del barrio Las Cruces.

“La niña está en formación sexual y no tiene la suficiente madurez sicológica, lo que hace necesaria la medida de aseguramiento. Es una persona peligrosa ya que teniendo pleno uso de sus facultades mentales cometió el ilícito”, argumentó la fiscal.

El imputado fue remitido a la Cárcel Nacional Modelo de Bogotá.

En otra audiencia cumplida ante el Juzgado 22 Penal Municipal de Bogotá, con función de control de garantías, la Fiscalía solicitó la reclusión de Francy Manuel Ojeda Guerrero investigado como supuesto responsable de acceso canal abusivo a su hijo de nueve años de edad, durante hechos ocurridos en el barrio El Brillante, localidad de Usme al suroriente de la capital.

“Los derechos de los niños son constitucionales y deben respetarse”, subrayó la fiscal del caso en la diligencia judicial.

“Las pruebas de sicólogas expertas, los dictámenes del Instituto Nacional de Medicina Legal, las entrevistas a otros menores testigos, el engranaje contextual de los hechos relatados por los pequeños hacen creíbles los señalamientos”, explicó la Juez 22 Penal Municipal al imponer la medida de aseguramiento a Ojeda Guerrero.

Por su parte, la delegada del ente acusador aseveró que los padres son los llamados a dar ejemplo en la sociedad y tales actos se hacen reprochables y condenables.

El imputado Ojeda Guerrero también fue remitido a la Cárcel Nacional Modelo.

Este miércoles el Partido de la U advirtió que la reforma de la Justicia está en riesgo, debido a que la fórmula presupuestal presentada, no subsana los problemas de congestión.

Así lo informó el presidente del Partido, el senador Juan Lozano, quien advirtió que “el Gobierno sabe que la fórmula presupuestal es equivocada e insuficiente”.

“Creo que como está hoy la reforma con esa fórmula en La U y otras colectividades difícilmente se pueda aprobar”, indicó Lozano en diálogo con los periodistas.

A juicio del legislador, la formula que presentó el ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, no ayuda a la descongestión judicial y deja en evidencia la “falta de presupuesto” de la rama.

“Para qué aprobar una reforma si nos vamos a volver a ver a la vuelta de la esquina, en poco tiempo, con expedientes congestionando los despachos por la falta de presupuesto”, precisó el Presidente de ‘la U’, manifestó Lozano.

“Como está hoy la fórmula creo que en ‘la U’ y en otras colectividades definitivamente no se puede aprobar”, dijo.

“Esperamos que el Ministro cumpla su palabra de presentar la fórmula que permita a la justicia funcionar bien”, sostuvo Lozano.

Esta semana el Consejo de Estado afirmó que se retira definitivamente del debate de la Reforma a la Justicia.

Según la Fiscalía los militares, John Alexander Díaz Cupasachoa, cabo tercero, Jairo Hernández Sáenz, Giovanny Pérez Ospina, Hernando Romero Barrios, Carlos Edna González y José Gabriel Mesa Mesa, soldados profesionales, habrian tenido injerencia en las muertes d elos labriegos Reinel José Vergara Jiménez y Andrés Rafael Velilla Canchila.

De acuerdo con el ente investigador, el 4 de diciembre de 2006 las víctimas fueron reportadas como abatidas por la Fuerza de Tarea Conjunta de Sucre en combate con las Farc. Sin embargo, testigos presenciales señalaron que horas antes de sus muertes, los campesinos fueron retenidos por una patrulla militar en un billar del también municipio sucreño de Corozal.

Todos los procesados están privados de la libertad.

A los acusados la Fiscalía les imputó los cargos por los delitos de violación de fronteras para la explotación y aprovechamiento de recursos naturales, en concurso con daños en recursos naturales y actividad ilícita de pesca.

Las personas fueron identificadas como Hugo Martín Calvo Sandino, Nixon Francisco Castro Pinto, Luis Osvany Artavia Abarca, Elías Manuel Araya Monje, señaladas de ser los tripulantes de la embarcación ‘Yamuri número Uno’, uno de los barcos pesqueros vistos por el grupo de buzos que denunció la matanza de tiburones en octubre de 2011.

Estas personas son los cuatro primeras implicados en dicho delito ambiental en ser enviadas a la cárcel.

La investigación, coordinada por un fiscal de Derechos Humanos y DIH, se deriva de los hechos ocurridos el 18 de mayo de 2011 en el centro de la capital risaraldense, donde Jefferson Marín Gómez, ya sentenciado, ultimó al funcionario de varios disparos por la espalda.

Minutos después del crimen Marín Gómez fue aprehendido junto con John Alexander Aguirre Acevedo y Carlos Arturo Sánchez Martínez, quienes lo esperaban en un vehículo de servicio público. Estas personas aceptaron cargos y cada una cumple 19 años, dos meses y 15 días de prisión.

Varios elementos materiales probatorios expuestos por la Fiscalía en las audiencias preliminares: interrogatorios y el reconocimiento fotográfico hecho por dos de los implicados; al igual que testimonios de familiares del occiso apuntaron hacia Aguirre Alzate como probable determinador del homicidio.

De acuerdo con lo establecido por las autoridades, el móvil del crimen fue la suspensión ordenada contra la empresa de ambulancias SAP, cuyo propietario es Aguirre Alzate. Dicha medida fue producto de la investigación que adelantaba el funcionlario ultimado por incumplimiento de las normas de salubridad.

Aguirre Alzate, aprehendido este martes por la Sijin en el barrio Miraflores de Pereira, no se allanó a los cargos imputados como supuesto responsable de los delitos de homicidio agravado en concurso con fabricación, tráfico o porte de armas de fuego o municiones.

Por estos hechos, también son procesadas: Lina María Bermúdez Montaño y Mary Eugenia Guerrero Ruíz, quien está en juicio oral. Así mismo, Luisa Fernanda Jurado Ortega, contrató por tres millones de pesos a los sicarios provenientes de La Virginia (Risaralda), ya fue sentenciada.

Todos los vinculados a este caso están privados de la libertad.

A siete años y medio de cárcel fueron condenados los excongresistas José Luis Feris, José María Imbeth y Jesús María López, por haber participado en el denominado Pacto de Ralito.

La decisión fue tomada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que determinó que los exlegisladores incurrieron en el delito de concierto para delinquir agravado al pactar beneficios políticos con los grupos paramilitares.

De acuerdo a la decisión de la Corte, los hoy condenados firmaron conscientemente el proyecto político formulado por los grupos paramilitares.

Se conoce como el Pacto de Ralito, al acuerdo firmado entre grupos paramilitares y al menos 15 políticos de diferentes regiones del país, entre Senadores, Representantes, Concejales y Alcaldes con el cual se pretendía “refundar al país”.

La defensa del exministro de Agricultura. Andrés Felipe Arias, pidió en el Tribunal Superior de Bogotá, nuevas pruebas dentro del proceso que se adelanta contra su cliente por el escándalo de las entregas irregulares de subsidios del programa Agro Ingreso Seguro.

De acuerdo con el jurista, es necesario revisar la documentación que se encuentra en la Presidencia de la República y que se relaciona con el programa.

La idea, según el abogado es desmentir la acusación presentada por la Fiscalía por los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

Andrés Felipe Arias se encuentra preso en el Cantón Norte desde el pasado 26 de julio, luego de que un magistrado le dictara medida de aseguramiento considerando que era un peligro para la sociedad.

Imagen de Archivo

Según la Policía Nacional, en operativos adelantados en Bogotá, Cúcuta, Ocaña y Bucaramanga, se lograron 12 diligencias de allanamiento, que arrojaron las 22 detenciones.

Los capturados hacen parte de la red de apoyo, encargada de financiar las actividades de alias “Megateo” en el Catatumbo, y sus aprehensiones son el resultado de 18 meses de investigación.

La Policía Nacional logró la captura, resaltó la captura de Milton Torres Sánchez, alias “Milton”, principal articulador de la red delincuencial, poseedor de contactos estratégicos en Venezuela para la recepción y exportación de estupefacientes a cambio de armas, municiones y explosivos (suministrados a la guerrilla y las bacrim), y quien tenía como fachada la apariencia de un próspero ganadero, dueño de grandes criaderos de caballos en Cúcuta y municipios cercanos.

Al momento de ser detenido en su lujosa residencia, la DIJIN lo sorprendió en posesión de armas cortas y largas, droga, dos vehículos de alta gama con placas del vecino país, y ostentosas joyas, incluida una cadena con la Cruz de David, avaluada en más de 150 millones de pesos.

Según los investigadores, durante los últimos meses fue tan marcada la movilidad de alias “Milton” hacia uno y otro lado de la frontera, que inesperadamente aún tenía armado en su casa el árbol de Navidad.

También sobresale la detención de Daniel Alberto Meneses Banderas, alias “Dani”, encargado de coordinar la producción, transporte y comercialización de la base de coca y los insumos para el frente Libardo Mora Toro del EPL, al tiempo que actuaba como enlace de “Megateo” con las bandas criminales que delinquen en el Catatumbo, principalmente la de “Los Rastrojos”.

Los precursores químicos eran adquiridos inicialmente en Bogotá y enviados mediante encomienda a través de grandes empresas de mensajería hacia Cúcuta y Ocaña, para posteriormente distribuirlos en los laboratorios de Víctor Ramón Navarro, cuya capacidad se calcula entre 3 y 4 toneladas de cocaína mensuales. Posteriormente, la droga era despachada hacia centros de acopio en los Estados de Barinas, Apure y El Zulia en Venezuela, de donde finalmente era sacada por puertos aéreos y marítimos hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa.

Este miércoles se llevará a cabo la audiencia de imputación de cargos contra los capturados, procesados por concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes al servicio de “Megateo”, cuya búsqueda continúa y por quien el Gobierno ofrece una recompensa de hasta 2 mil millones de pesos.

La fiscal Morales dijo que para acelerar estos procesos, afinar la investigación y establecer pronto responsabilidades, decidió asignar dos fiscales más al caso, pues subrayó que el cúmulo de procesos, había desbordado la capacidad de los 4 fiscales inicialmente a cargo.

Añadió que de los 17 concejales que rindieron interrogatorio a finales del año pasado, un grupo de ellos será ahora llamado a indagatoria, para luego hacer las imputaciones de rigor.

La fiscal Vivian Morales aseguró que hay material probatorio suficiente para avanzar en la investigación contra los concejales implicados en el carrusel, pero se abstuvo de hablar de términos para hacer imputaciones.

Como se recuerda, entre el 24 de octubre y el 21 de diciembre del año pasado, se cumplieron las diligencias de interrogatorio a los 17 concejales de Bogotá, dentro del proceso por el escándalo de corrupción del llamado carrusel de la contratación.

Los concejales vinculados en esta parte del proceso son los siguientes:

Hipólito Moreno
Orlando Parada
Jorge Ernesto Salamanca
Jorge Durán Silva
Omar Mejía
Javier Palacios
José Juan Rodríguez
Julio César Acosta
Rafael Alberto Escrucería
Andrés Camacho Casado
Wilson Duarte Robayo
Antonio Sanguino
José Fernando Rojas
Fernando López Gutiérrez
Henry Castro
Severo Correa
Edgar Alfonso Torrado

Según lo confirmó por Radio Santa Fe el comandante de policía de Fontibón, coronel Alejandro Calderón, dos hombres que se movilizaban en moto abordaron a una pareja que había acabado de retirar la mencionada suma de la oficina de Davivienda del Centro Comercial Hayuelos.

En momentos en que el tripulante de la moto amenazaba a los esposos con arma de fuego, la pronta acción de la policía del cuadrante permitió dar captura al asaltante, el conductor de la motocicleta logró escapar.

El capturado será presentado en las últimas horas ante la un fiscal de bogotá para la legalización de la captura y su posterior imputación de cargos, por porte ilegal de armas y asalto a mano armada.

El coronel Alejandro Calderón recordó a la ciudadanía que la Policía Metropolitana ´presta el servicio de acompañamiento para las personas que requieran portar fuertes sumas de dinero, y agregó que esta es una manera de evitar sucesos como este.

Una nueva escalada terrorista de las Farc, de impredecibles consecuencias, fue frustrada en las últimas horas por la Policía en Cundinamarca, la cual no descartó que también tuviera como objetivo la ciudad de Bogotá.

De acuerdo con el informe preliminar, en el municipio de Chaguaní, ubicado al occidente de Cundinamarca, fueron localizados y desactivados diez cilindros bomba listos para ser detonados.

Según la Policía los cilindros estaban cargados con 700 kilos de explosivos Anfo.

El Municipio de Chaguaní está localizado a 121 kilómetros de Bogotá, en la Provincia del Magdalena Centro , limitado por los municipios de Guaduas, Vianí y Rioseco.

En otra operación conjunta de la Policia y el Ejército, en el municipio de Puerto Rico, en el departamento del Caquetá, fueron descubiertas 850 minas antipersona, destinadas a ejecutar emboscadas a la fuerza pública.

El presidente Juan Manuel Santos en su cuenta en Twitter destacó esta acción de la policía y el ejército y señalo que fue un duro golpe al terrorismo.

Sin embargo, un soldado muerto y 4 heridos dejó en las últimas horas una embosca de las Farc en zona rural del municipio de Tame, Arauca.
El ataque se registró cuando los uniformados se desplazaban por la vereda Santo Domingo.

La Fiscal General de la Nación, Vivianne Morales, reconoció por Radio Santa Fe que a la hora de asumir el cargo no había dimensionado el duro trabajo que tendría que enfrentar, además señaló que “el problema de la corrupción es mucho más grave que el narcotráfico”.

Adelantó que el ente acusador dispuso de dos nuevos fiscales para afinar los procesos contra la corrupción en Bogotá, por lo que ahora en adelante la ciudad contará con seis investigadores encargados de indagar los casos de las contrataciones.

Dijo que la Fiscalía avanza positivamente en el tema del carrusel de la contratación y que seguirá con las indagaciones a varios concejales del Distrito por su presunta responsabilidad en el detrimento que enfrentó la capital del país.

La Fiscal general indicó que no sólo en Bogotá se presenta este flagelo, aseguró que en otras zonas del país, sobretodo, Putumayo, Vichada, Arauca y Guaviare se han visto graves casos de desvió de dineros provenientes de regalías.

Sobre la corrupción al interior de la propia Fiscalía, Morales reconoció que si se ha presentado, pero advirtió que “Hemos fortalezido las unidades que investigan a funcionarios de la entidad”

Sobre la parapolítica, la Fiscal General aseguró que el ente investigador prepara indagaciones contra más de 100 personas, sindicadas de hacer pactos con grupos paramilitares, especialmente en la costa durante los años 2000 – 2005.

Dijo que los implicados en parapolítica no son únicamente congresistas, sino que también hay pruebas sobre alcaldes, concejales y diputados que lograron sus curules a partir de pactos con grupos de autodefensa.

Al ser preguntada sobre si sentía temor por su vida, Vivianne Morales dijo que “hay varios mecanismos diferentes a los atentados, cómo la descalificación moral, el asesinato moral, para impedir la eficacia de las Fiscalía, y que la ciudadanía no ve con claridad.

Un triciclo –bomba, instalado por las Farc en el centro del municipio de Miranda, Cauca, fue desactivado esta madrugada por expertos de la Policía, en una operación que se prolongó 14 horas y que obligó a evacuar gran parte del casco urbano de la localidad.

El triciclo fue cargado con 8 artefactos con aproximadante 65 kilos explosivos R 1, entre ellos un cilindro de gas retacado con metralla y cuatro tubos de pvc, que estaba listo para ser activado a través de un teléfono celular, de haber estallado hubiera causado una tragedia de inimaginables dimensiones, según lo afirmó el Comandante de la Institución en el Cauca, Coronel Ricardo Augusto Alarcón.

La poderosa carga explosiva fue instalada hacia las 2 y 30 de la tarde a escasos 8 metros del cuartel de la Policía y solo pudo ser desactivada a las 4 de la madrugada de hoy con la utilización de un robot antiexplosivos de la Policia Nacional.

La operación de desactivación fue antecedida de un curioso incidente protagonizado por una banda de “jaladores de carros”, que pretendió asaltar el carro de la Sinjin de la Policia en el cual se transportaba el robot de entiexplosivos.

Cuando los delincuentes interceptaron el vehiculo oficial, se desató una balacera en desarrollo de la cual fue abatido el jefe de la banda identificado con el alias de El Indio.

Otro antisocial fue capturado herido.

EXPLOSION EN COLEGIO RURAL

Mientras tanto, aunque siguen graves, están fuera de peligro los tres estudiantes de un colegio rural del municipio de Jambaló, en el mismo departamento del Cauca, que resultaron heridos al estallar un artefacto que desconocidos dejaron en un baño del centro educativo.

Ante la gravedad de las heridas, los menores heridos tuvieron que ser llevados a la Clínica Valle de Lili, de la ciudad de Cali.

Las autoridades tratan de establecer cómo fue introducida al establecimiento docente la carga explosiva.

El fiscal 16 de la Unidad Nacional de Desaparición y Desplazamiento Forzado demostró que Cuervo Aguirre desapareció a la niña que procreó con su medio hermana Angie Tatiana Cuervo Prada.

Según la investigación, la víctima, de 17 años de edad; junto con su hija, de 18 meses de nacida; salió el 4 de agosto 2009 de su casa en Venadillo (Tolima) hacia Ibagué para encontrarse con Cuervo Aguirre.
Tres días después, el cuerpo de la joven fue encontrado a orillas de la quebrada Chipalo, en la vía que de Ibagué conduce al municipio de Alvarado (Tolima). Hasta la fecha las autoridades desconocen el paradero de la bebé.

El procesado, de 23 años de edad, quien en ese entonces estaba adscrito al Escuadrón Móvil de Carabineros de la Policía en Buga (Valle del Cauca), fue aprehendido por miembros del CTI de Ibagué, con apoyo de Sijin, el 18 de noviembre de 2011 en la vereda Las Vegas de Dagua (Valle del Cauca).

Cuervo Aguirre está recluido en la Penitenciaría Nacional de Picaleña en la capital tolimense.

PASTO. Personas fuertemente armadas interceptaron el vehículo donde viajaba la notaria de La Cruz y se la llevaron hacía la zona montañosa del norte del departamento de Nariño.
El plagio se presentó a un kilómetro del municipio de San Pablo y según las primeras informaciones que tienen las autoridades, integrantes del ELN serían los responsables del secuestro.
La abogada Sonia Burbano Martínez, es la segunda integrante de la familia que es víctima del delito de secuestro, el año pasado en la misma región, su hermano el médico Reinerio Burbano Martínez, permaneció varios meses en poder de un grupo de secuestradores.
El Ejército y la Policía adelantan operativos en la zona norte del departamento de Nariño, para la ubicación y liberación de la notaria del municipio de La Cruz.

La Procuraduría investigará las irregularidades presentadas en la cárcel La Picota en donde los Nule, detenidos por el escándalo de la contratación en Bogotá, gozaban de ciertos privilegios.

El anuncio fue hecho por el procurador Alejandro Ordóñez Maldonado, quien manifestó que al parecer se incumplieron las disposiciones de carácter penitenciario”.

“Se procederá a iniciar un proceso disciplinario contra los funcionarios que tenían a su cargo evitar que se presentaran casos como los conocidos”, indicó.

“Los errores y faltas que se pudieron haber cometido por los funcionarios del Inpec se investigarán por la Procuraduría”, dijo el jefe del Ministerio Público.

“Son frecuentes esos descubrimientos y habitualmente en esos allanamientos se encuentra que se generaron abusos que deben ser investigados y que deben ser sancionados”, dijo el procurador general de la Nación.

Durante una inspección realizada por un grupo especial del Inpec, fueron decomisados en la casa fiscal donde cumplen condenas de más de siete años por peculado, tres Blackberry ; un iPhone; un iPad; cuatro iPod; una consola PS3 Sony; dos controles para PS3; dos tarjetas micro USB y $574.000 en efectivo.

La juez 53 de garantías de Bogotá dictó medida de aseguramiento contra el patrullero de la Policía, Wilmer Antonio Alarcón, acusado de haber causado la muerte al joven grafitero Diego Felipe Becerra.

Para la juez, el agente es un peligro para la sociedad, dado que el uniformado habría incurrido en un abuso de la fuerza al disparar indiscriminadamente contra el joven de 16 años.

Uno de los principales argumentos presentados por la Fiscalía y aceptados la juez fue el hecho de que la pistola encontrada al lado del cuerpo del joven no funcionaba y además, los exámenes practicados en Medicina Legal, determinan que Becerra no disparó un arma en el momento de los hechos, ocurridos 19 de agosto en el norte de Bogotá.

Por esta razón la juez cuestionó la manipulación de la escena del crimen donde murió el joven grafitero en la Avenida Boyacá con calle 116, localidad de Suba.

Con el fin de determinar su responsabilidad en el denominado ‘carrusel de pensiones’, la Comisión de Acusación citó para la próxima semana a cuatro magistrados del Consejo Superior de la Judicatura.

Los juristas citados son Julia Emma Garzón, José Ovidio Claros, Pedro Sanabria y Henry Villarraga, de acuerdo a lo expresado por el parlamentario Héctor Vergara.

El legislador, dijo que la decisión no busca afectar el proceso que lleva la Contraloría con quien tiene una colisión de competencias por el desarrollo del proceso.

“Aunque se hizo esta solicitud, el proceso en esta Comisión seguirá avanzando y por eso la próxima semana comenzaremos a escuchar a los magistrados en versión libre”, indicó.

La Contraloría General de la República anunció la apertura de un juicio de responsabilidad fiscal contra 21 magistrados y ex magistrados del Consejo Superior de la Judicatura por el llamado “carrusel de las pensiones”.

La contraloría estableció que se hicieron por lo menos 70 nombramientos de magistrados auxiliares, que luego de un pequeño tiempo de servicio resultaron devengando millonarias pensiones.

De acuerdo con el ejército Nacional, la acción castrense busca principalmente dar de baja a los cabecillas guerrilleros alias “La Boruga” y alias “Corcho”, sindicados por las autoridades de ser “los mayores extorsionistas de San Vicente del Caguán”.

Esta operación también está encaminada a proveer seguridad a las caravanas petroleras que trabajan en la región y que constantemente son blanco por parte de los insurgentes, quienes queman los camiones con combustible y provisiones.

Las operaciones ya arrojan como primeros resultados la captura de dos hombres señalados como guerrilleros”, difundió el periódico colombiano.

“El Paisa” es uno de los guerrilleros más sanguinarios de las Farc, señalado entre otros crímenes, de haber ordenado el secuestro y posterior asesinato del ex gobernador del Caquetá, Francisco Cuellar, ocurrido en diciembre de 2010.

La Procuraduría solicitó ante los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema, que se declare la absolución del expresidente del Congreso Javier Cáceres, investigado por la denominada parapolítica.

De acuerdo a lo expresado por el Ministerio Público en el proceso no se presentaron pruebas contundentes que permitan inferir que el exlegislador buscó el apoyo político en los grupos de paramilitares.

Cáceres Leal fue llamado a juicio por los señalamientos realizados en su contra por el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, quien en el 2007 manifestó haber presenciado una reunión entre el entonces gobernador de Bolívar, Libardo Simancas y la congresista Eleonora Pineda, condenada por parapolítica, con el fin de acordar los beneficios allegados por el apoyo de los paramilitares a las campañas electorales en el departamento.

El excongresista, oriundo de Cartagena, fue elegido senador por primera vez en 1998, pero luego fue reelegido en el 2002, por el Polo Democrático Alternativo, del que se retiró para fundar el Partido Cambio Radical, por el que fue elegido otra vez senador en el 2006.
También resulto reelegido en las elecciones del 14 de marzo de este año.

Los cabecillas de los grupos irregulares aseguraron que el entonces senador logró su curul con el apoyo de los paramilitares y que supuestamente sostuvo reuniones con el ex jefe ‘Juancho Dique’.

Además, en la investigación preliminar se analizó un documento hallado en el computador incautado a ‘Jorge 40?, que decía: “Dentro de dichas estrategias estuvo el apoyar a los aspirantes al Senado Vicente Blel, o si es debido al senador Cáceres, que se veía receptivo a la idea”.

Otro de los que lo han ‘salpicado’ es el desmovilizado Alexis Mancilla García, alias ‘Zambrano’, quien dijo que el senador se reunió con ‘Juancho Dique’. “De igual manera contribuimos con los votos del señor Javier Cáceres, que estaba en ese tiempo aspirando al Senado, señala un informe de prensa.

“Es absolutamente falso que las FARC-EP hayamos emprendido algún tipo de campaña terrorista”, señala el comunicado fechado el 6 de febrero por el Secretariado del Estado Mayor Central.

En la misiva las Farc advierte que “Nuestros únicos objetivos militares son las fuerzas armadas del Estado colombiano y las bandas criminales a su servicio”, y niegan que hayan atacado a la población civil.

El grupo insurgente volvió a hacer un llamado al gobierno Nacional para que de vía libre a un cam,bio humanitario y afirman que la salida del conflicto armado en Colombia esta en iniciar un dialogo entre las partes.

Las Farc advierten que la “Guerra que puede ser regularizada con acuerdos de canje de prisioneros y de conductas con la población no combatiente y los combatientes heridos o capturados” y agrega que “puede ser terminada con una salida dialogada, política, sin imposiciones arrogantes, que atienda a la solución de las causas originarias del conflicto”.

Hasbún Mendoza, alias Pedro Bonito, reconoció ante un fiscal de Derechos Humanos y DIH su responsabilidad en las muertes violentas de cinco habitantes del corregimiento de San José de Apartadó (Antioquia) y en las heridas inflingidas a dos más.

La investigación de la Fiscalía se deriva de los hechos ocurridos el 19 de febrero de 2000, cuando miembros del citado grupo armado ilegal llegaron a esa población y ultimaron con disparos de arma de fuego a: José Ubaldo Quintero Gómez, Luis Eduardo Ciro Aristizábal, Edgar Mario Urrego Osorno, Ángel de Jesús Montoya Ibarra, y Alfonso de Jesús Jiménez Gómez.

Al ex jefe paramilitar el juzgador le otorgó rebaja de la mitad de la pena imponible por haberse acogido a sentencia anticipada.

La Policía Metropolitana informó que suspendió del servicio activo a un agente de la Policía acusado de haber rociado gasolina y prendido fuego a un indigente, al noroccidente de la capital de la República.

El policía fue identificado como Carlos Danilo Posada y fue retirado del cargo por 3 meses, mientras se adelanta la correspondiente investigación y se establece su responsabilidad en el hecho.

Según la denuncia, la víctima fue un jovencito de quince años que dormía bajo un puente de la Avenida Ciudad de Cali con calle 95, localidad de Engativá, al noroccidente de la capital de la república.

De acuerdo con la versión de testigos, uno de los agentes de la policía, identificado como Carlos Danilo Posada, roció gasolina sobre el menor y le prendió fuego, causándole graves quemaduras en más de un 50 por ciento de su cuerpo.

La madre del muchacho y otros testigos le prestaron auxilio mientras se hizo presente una misión de paramédicos de la secretaría Distrital de salud, que lo trasladó inmediatamente al Hospital Simón Bolívar.

Sobre el repudiable e insólito hecho un transeúnte grabo en su celular el momento en que el menor es asistido por los paramédicos.

Hasbún Mendoza, alias Pedro Bonito, reconoció ante un fiscal de Derechos Humanos y DIH su responsabilidad en las muertes violentas de cinco habitantes del corregimiento de San José de Apartadó (Antioquia) y en las heridas inflingidas a dos más.

La investigación de la Fiscalía se deriva de los hechos ocurridos el 19 de febrero de 2000, cuando miembros del citado grupo armado ilegal llegaron a esa población y ultimaron con disparos de arma de fuego a: José Ubaldo Quintero Gómez, Luis Eduardo Ciro Aristizábal, Edgar Mario Urrego Osorno, Ángel de Jesús Montoya Ibarra, y Alfonso de Jesús Jiménez Gómez.

Al ex jefe paramilitar el juzgador le otorgó rebaja de la mitad de la pena imponible por haberse acogido a sentencia anticipada.

De acuerdo con la Fiscalía,la víctima mortal fue baleado por la espalda cuando luego de una requisa salió corriendo. Testigos del hecho señalaron al Oficial como autor del disparo que le segó la vida de Acosta González en el barrio Nuevo Horizonte de Medellín.

En la misma decisión y por solicitud de la Fiscalía, fueron absueltos los patrulleros: Fabio Andrés Guapacha Trejos y Fredy Ríos Villa.

Según lo señaló el director de la Policía Nacional, general Oscar Naranjo, el ex jefe paramilitar Héctor Buitrago Parada, alias “Martín Llanos”, llevaba radicado más de un año en Venezuela, de donde salía y entraba en diversas ocasiones.

Alias “Martín Llanos” fue capturado junto con su hermano, Nelson Orlando Buitrago Parada, alias “Caballo”, de 41, el sábado por la noche en un centro comercial de la localidad venezolana de El Tigre, en el estado de Anzoátegui, al este de la vecina nación.

El general Oscar Naranjo, señaló que los hermanos serán deportados el jueves desde Venezuela a Colombia, donde “Martín Llanos” tiene pendientes al menos 11 órdenes de captura por delitos como homicidio, reclutamiento ilícito, desaparición forzada, secuestro extorsivo, tortura, tráfico de estupefacientes y terrorismo, entre otros.

Naranjo dijo que las detenciones fueron posibles porque desde 2010 las autoridades colombianas venían siguiendo a parientes y miembros de la organización de “Martín Llanos” y los ubicaron en Venezuela, dando parte y pidiendo la colaboración de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA) venezolana, que realizó las capturas.

Agregó que “esta operación pone fin a la era de los buitragueños”, la banda paramilitar dirigida por “Martín Llanos” que operaba en los departamentos de Casanare, Meta y Vichada, en el este colombiano.

Ni Naranjo ni las autoridades venezolanas han explicado cuánta droga pudo traficar “Martín Llanos” en la vecina nación ni si está implicado en otros delitos en ese país.

El gobernador de Anzoátegui, Tarek William Saab, descartó el martes en una entrevista con la radio colombiana Caracol que los detenidos tuvieran protección de las autoridades venezolanas o hayan corrompido para su protección a funcionarios.

Naranjo explicó que los dos hermanos abandonaron Colombia hace aproximadamente cinco años y se ocultaban intermitentemente en Bolivia y Venezuela, donde se asentaron hace poco más de un año.

Santa Fe con agencias