En la diligencia presidida por la Juez 64 Penal Municipal de Bogotá, con funciones de control de garantías, la fiscal señaló que González Sanabria incurrió, presuntamente, durante más de diez meses en actos inescrupulosos con su hijastra, una menor de 13 años, a quien embarazó. Los hechos ocurrieron en un inmueble del barrio Las Cruces.

“La niña está en formación sexual y no tiene la suficiente madurez sicológica, lo que hace necesaria la medida de aseguramiento. Es una persona peligrosa ya que teniendo pleno uso de sus facultades mentales cometió el ilícito”, argumentó la fiscal.

El imputado fue remitido a la Cárcel Nacional Modelo de Bogotá.

En otra audiencia cumplida ante el Juzgado 22 Penal Municipal de Bogotá, con función de control de garantías, la Fiscalía solicitó la reclusión de Francy Manuel Ojeda Guerrero investigado como supuesto responsable de acceso canal abusivo a su hijo de nueve años de edad, durante hechos ocurridos en el barrio El Brillante, localidad de Usme al suroriente de la capital.

“Los derechos de los niños son constitucionales y deben respetarse”, subrayó la fiscal del caso en la diligencia judicial.

“Las pruebas de sicólogas expertas, los dictámenes del Instituto Nacional de Medicina Legal, las entrevistas a otros menores testigos, el engranaje contextual de los hechos relatados por los pequeños hacen creíbles los señalamientos”, explicó la Juez 22 Penal Municipal al imponer la medida de aseguramiento a Ojeda Guerrero.

Por su parte, la delegada del ente acusador aseveró que los padres son los llamados a dar ejemplo en la sociedad y tales actos se hacen reprochables y condenables.

El imputado Ojeda Guerrero también fue remitido a la Cárcel Nacional Modelo.

El fiscal 16 de la Unidad Nacional de Desaparición y Desplazamiento Forzado demostró que Cuervo Aguirre desapareció a la niña que procreó con su medio hermana Angie Tatiana Cuervo Prada.

Según la investigación, la víctima, de 17 años de edad; junto con su hija, de 18 meses de nacida; salió el 4 de agosto 2009 de su casa en Venadillo (Tolima) hacia Ibagué para encontrarse con Cuervo Aguirre.
Tres días después, el cuerpo de la joven fue encontrado a orillas de la quebrada Chipalo, en la vía que de Ibagué conduce al municipio de Alvarado (Tolima). Hasta la fecha las autoridades desconocen el paradero de la bebé.

El procesado, de 23 años de edad, quien en ese entonces estaba adscrito al Escuadrón Móvil de Carabineros de la Policía en Buga (Valle del Cauca), fue aprehendido por miembros del CTI de Ibagué, con apoyo de Sijin, el 18 de noviembre de 2011 en la vereda Las Vegas de Dagua (Valle del Cauca).

Cuervo Aguirre está recluido en la Penitenciaría Nacional de Picaleña en la capital tolimense.

Según lo señaló el director de la Policía Nacional, general Oscar Naranjo, el ex jefe paramilitar Héctor Buitrago Parada, alias “Martín Llanos”, llevaba radicado más de un año en Venezuela, de donde salía y entraba en diversas ocasiones.

Alias “Martín Llanos” fue capturado junto con su hermano, Nelson Orlando Buitrago Parada, alias “Caballo”, de 41, el sábado por la noche en un centro comercial de la localidad venezolana de El Tigre, en el estado de Anzoátegui, al este de la vecina nación.

El general Oscar Naranjo, señaló que los hermanos serán deportados el jueves desde Venezuela a Colombia, donde “Martín Llanos” tiene pendientes al menos 11 órdenes de captura por delitos como homicidio, reclutamiento ilícito, desaparición forzada, secuestro extorsivo, tortura, tráfico de estupefacientes y terrorismo, entre otros.

Naranjo dijo que las detenciones fueron posibles porque desde 2010 las autoridades colombianas venían siguiendo a parientes y miembros de la organización de “Martín Llanos” y los ubicaron en Venezuela, dando parte y pidiendo la colaboración de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA) venezolana, que realizó las capturas.

Agregó que “esta operación pone fin a la era de los buitragueños”, la banda paramilitar dirigida por “Martín Llanos” que operaba en los departamentos de Casanare, Meta y Vichada, en el este colombiano.

Ni Naranjo ni las autoridades venezolanas han explicado cuánta droga pudo traficar “Martín Llanos” en la vecina nación ni si está implicado en otros delitos en ese país.

El gobernador de Anzoátegui, Tarek William Saab, descartó el martes en una entrevista con la radio colombiana Caracol que los detenidos tuvieran protección de las autoridades venezolanas o hayan corrompido para su protección a funcionarios.

Naranjo explicó que los dos hermanos abandonaron Colombia hace aproximadamente cinco años y se ocultaban intermitentemente en Bolivia y Venezuela, donde se asentaron hace poco más de un año.

Santa Fe con agencias

La Fiscalía y la Procuraduría deberán abrir una investigación penal contra los cabecillas del Grupo Nule por los lujos e irregularidades descubiertas en sus celdas de reclusión en las casas fiscales de la Cárcel de la Picota.

La investigación fue ordenada por un juez penal del Circuito de Bogotá, quien compulsó copias del proceso y cobijará también a los funcionarios del centro penitenciario por su presunta complicidad o negligencia en el cumplimiento de su deber.

El juez también pidió una estricta vigilancia en la cadena de custodia para que se investigue la información contenida en los teléfonos celulares Blackberry incautados, así como memorias USB y tarjetas Simcard.

Como se sabe, estos hallazgos le costaron el puesto al director de La Picota, Álvaro Valencia Isaza, quien fue relevado por Magnolia Ángulo.

El director del INPEC general Gustavo Adolfo Ricaurte, informo que los hermanos Manuel y Miguel Nule, el primo de éstos Guido Nule y su socio Mauricio Galofre escondían en el techo de la llamada casa fiscal, adjunta al citado penal, los artefactos y además una botella de ron y otros objetos prohibidos para los internos.

A raíz de estos hechos, el director del Inpec suspendió los privilegios que tenían los cabecillas del grupo Nule, entre ellos un cocinero personal y las visitas durante los días viernes y lunes.

Además les advirtió que si se registran “próximas indisciplinas” solicitará a la Fiscalía que “se termine con la casa fiscal y se trasladen a patios ordinarios”.

Los primos cabecillas del Grupo Nule fueron condenados el pasado 15 de diciembre a 89 meses de cárcel por peculado por apropiación y 72 meses por el mismo delito para Galofre, dentro del llamado carrusel de la contratación.

La Contraloría de Bogotá puso al descubierto nuevas irregularidades dentro del llamado carrusel de la salud en la capital de la república, en las cuales está comprometidos más de 35 mil millones de pesos.

De acuerdo con la denuncia del organismo de control, en los últimos 3 años los hospitales Simón Bolívar y Engativá adjudicaron cerca de 20 mil contratos.

Según el Contralor Mario Solano, los gerentes de estos centros asistenciales recurrieron a los llamados contratos de transacción para invertir esos recursos, cuando las normas establecen que ese tipo de contratos se pueden firmar sólo para resolver pleitos y no para contratar servicios.

La Contraloría Distrital dijo que los hospitales recurren a los contratos de transacción porque no requieren planeación y un certificado de disponibilidad presupuestal.

Sobre estos hechos, el secretario Distrital de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, anunció que se está investigando la situación a la par con presuntas irregularidades en la selección de los gerentes de seis hospitales en el 2008, en la construcción de estos mismos hospitales y en la contratación de ambulancias.

Las autoridades indicaron que el gobierno colombiano adelanta las gestiones ante la justicia venezolana, para que esta semana el vecino país entregue al ex jefe paramilitar ‘Martín Llanos’, diligencia judicial que la Nación espera que se cumpla a más tardar el jueves.

Héctor Germán Buitrago Parada alias ‘Martín Llanos’ lo mismo que su hermano Nelson Ornando Buitrago, fueron capturados el lunes en operativos realizados entre las autoridades venezolanas y colombianas, quienes desde hace varios años estaban tras la pista del reconocido líder paramilitar.

“Luego de un trabajo de inteligencia que ha realizado la Policía desde hace ya algún tiempo –este trabajo se inició en el año 2010–, un trabajo minucioso, de seguimiento y de pura inteligencia, finalmente en Venezuela, con la plena colaboración de las autoridades venezolanas, se capturó a ‘Martín Llanos’ y a su hermano alias ‘Caballo”, aseguró el Presidente Santos en la Casa de Nariño, desde donde anunció la captura.

El Mandatario agradeció la cooperación de Venezuela y felicitó a la Policía de Colombia por el trabajo de inteligencia.

“Es una captura muy importante, muy importante, porque, como ustedes recordarán, este individuo, estos dos hermanos, fueron los únicos jefes paramilitares que no se quisieron someter al proceso de Justicia y Paz”, reiteró.

Alias ‘Martín Llanos’, fue el jefe del Bloque Centauros de las Auc y tras rehusarse a hacer parte del proceso de paz con el Gobierno del expresidente Álvaro Uribe, conformó una estructura criminal que continuó delinquiendo en los Llanos Orientales y en la frontera colombo-venezolana.

Junto a ‘Martín Llanos, las autoridades venezolanas capturaron a su hermano, Nelson Buitriago Parada, alias ‘Caballo’, quien estaba siendo solicitado con circular roja de la Interpol.

Así lo dio a conocer el ministro de Interior de Venezuela, Tareck El Aissami, quien afirmó que la captura se llevó a cabo en el estado Anzoátegui, específicamente en la población de El Tigre.

De acuerdo con el alto funcionario, el individuo capturado hace parte de una importante red de “narcoparamilitarismo” y está implicado en varios asesinatos en Colombia y Venezuela.

Parada fue detenido por autoridades de la Oficina Nacional Antidrogas de Venezuela (ONA) en “otro golpe” a las organizaciones del narcotráfico “que operan desde Colombia utilizando nuestro territorio como tránsito”.

“Se van a valorar las afirmaciones y las pruebas que puedan ir en contra de los funcionarios y si existen meritos se procederá conforme a derecho”, precisó el procurador General.

Ordoñez anunció que la Procuraduría buscará establecer la claridad de las declaraciones de ‘Don Berna’ frente a la responsabilidad de algunos exfuncionarios de la administración de Álvaro Uribe Vélez en la reunión del paramilitar Antonio López, alias ‘Job’ en la Casa de Nariño en 2006.

Entre las primeras personas señaladas por ‘Don Berna’ se encuentra el exjefe de prensa de presidencia y actual embajador de Colombia en el Vaticano, César Mauricio Velásquez, a quien la Procuraduría le cerró la investigación que se le adelantaba por estos hechos.

El Ministro del Interior Germán Vargas y el Gobernador del departamento, Alvaro Cruz, denunciaron que las autoridades han detectado casos individuales donde policías protegen o colaboran con bandas de microtraficantes, y advirtieron que se adelantan medidas para individualizar y capturar a los implicados.

Durante la presentación oficial del Plan de Seguridad de Cundinamarca, en el municipio de Mosquera, el Gobernador señaló que “en algunos municipios se han detectado casos donde agentes de la policía individualmente están protegiendo a vendedores de drogas”

Ante estos señalamientos, el Titular de la cartera del Interior, dijo que “se siguen presentando casos individuales en Cundinamarca y varias regiones del país donde agentes de la policía se están uniendo con bandas de microtraficantes”

Luego de que un registro de inspección que el el Centro Nacional Carcelario y Penitenciario (INPEC) realizó a la casa cárcel de los Nule en La Picota revelara que los polémicos empresarios tenían en su poder teléfonos celulares, computadores, iPods, dinero y hasta un Play Station, la Institución retiró de su cargo al director del reclusorio, coronel (r.) Álvaro Valencia.

Según lo anunció el director del INPEC, general Gustavo Adolfo Ricaurte, quien confirmó que Valencia fue relevado de la dirección de La Picota, en su reemplazo estará la mayor Magnolia Angulo, quien actualmente afronta una investigada disciplinaria por irregularidades en rebajas de penas.

En un operativo de control que tuvo lugar en la madrugada del sábado, unidades del INPEC encontraron en la casa fiscal donde están detenidos Miguel, Manuel y Guido Nule celulares y aparatos electrónicos prohibidos, además le encontraron medio millón de pesos en efectivo a Guido Nule.

Se espera que dentro de poco se anuncien las investigaciones a las que habrá lugar para establecer responsabilidades por los lujos que poseían en su celda los primos Nule.

Ricaurte anunció que pedirá a la Fiscalía que levante el beneficio de casa fiscal para Manuel, Miguel y Guido, y explicó que solicitará que sean recluidos en una cárcel ordinaria.

Los cabecillas del grupo Nule fueron condenados a 7 años y 6 meses de cárcel, cada uno, por el delito de peculado por apropiación, dentro del proceso por el carrusel de la contratación en Bogotá.

El socio de los primos Nule, Mauricio Galofre, fue condenado a 6 años y 8 meses de cárcel, por el mismo cargo.

La condena fue proferida el pasado 15 de diciembre por el juez 38 de Conocimiento, Jesus Ignacio Martínez, luego de 6 meses de haberles hecho la imputación de cargos por parte de la fiscalía.

El juzgador condenó tambien a los primos Nule a pagar una multa de 10 mil 500 millones de pesos y a Mauricio Galofre, de 8 mil 230 millones de pesos.

Además, quedaron inhabilitados para contratar con el Estado por el mismo lapso de la condena y no tendrán derecho a rebaja de pena ni tampoco a detención domiciliaria.

De acuerdo con la providencia del juez, el grupo Nule se apropiaron indebidamente de millonarios recursos –aproximadamente 65 mil millones de pesos– de los anticipos de los contratos de la Fase 3 de Transmilenio y de la Malla Vial.

El atentado se presentó el pasado domingo 29 de enero en el barrio Emilio Sierra, tras una discusión entre la joven de 18 años de edad y su compañero sentimental.

En la discusión, el sujeto conocido con el alias de “carlitos” ó “el mocho”, arroja gasolina sobre la humanidad de la joven y procede a encenderle fuego, causándole quemaduras de segundo grado en un 72% de su cuerpo.

Luego de presentarse el hecho, personal de la Seccional de Investigación Criminal SIJÍN en coordinación con funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, iniciaron las labores investigativas para ubicar y capturar al presunto agresor.

Luego de identificar e individualizar a la persona que arrojo gasolina a la joven, los investigadores hicieron efectiva la orden de captura en el barrio Coburgo de esa localidad, capturando a alias “el mocho”, como responsable del hecho.

Según las investigaciones alias ‘el mocho’ o ‘carlitos’, se desmovilizó en el año 2009 de la columna movil Daniel Aldana de las farc que delinque en el departamnto de Nariño, donde se desempeñó como explosivista quien será procesado por el Delito de homicidio Tentado y Agravado.

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia sentenció hoy a 90 meses de cárcel (siete años y medio) al expresidente del Congreso de la República, Miguel Pinedo Vidal, dentro del sonado proceso de la parapolítica.

La decisión se desprende de las reuniones que sostuvo Pinedo Vidal con jefes de las autodefensas, entre ellos Hernán Giraldo Serna, para hacer alianzas políticas y obtener su apoyo para ser elegido en el parlamento colombiano.

El expresidente del Congreso de la República, militante de Cambio Radical, con caudal electoral en los departamentos del Magdalena y la Guajira, es acusado concretamente de haber sostenido vínculos con el llamado Frente de Resistencia Tayrona de las Autodefensas, entre los años 2003 y 2005.

El mismo ex jefe paramilitar de la Sierra Nevada de Santa Marta, Hernán Giraldo Serna declaró ante la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, que había apoyado electoralmente a Miguel Pinedo Vidal, para que pudiera llegar al Congreso de la República.

A Pinedo Vidal, oriundo de Riohacha, Guajira, la Corte le abrió investigación preliminar el 3 de octubre de 2007. El 9 de abril de 2008 fue asegurado y encarcelado, pero recuperó su libertad el 31 de marzo de este mismo año y ahora se le reactiva el proceso con resolución de acusación y el llamamiento a juicio.

Carlos Alonso Lucio fue señalado por Restrepo, de participar en el asesoramiento de paramilitares durante el proceso de paz que se llevó a cabo en Santa Fe de Ralito, Córdoba en 2004.

“Mientras adelantaba conversaciones de paz con los grupos de autodefensas en la zona de ubicación temporal de Santa Fe Ralito, en Tierralta, Córdoba, tuve conocimiento durante el segundo semestre del 2004 de la asistencia del excongresista Carlos Alonso Lucio a dicha zona, al parecer como asesor de este grupo ilegal”, señala en la carta que envío al despacho de la fiscal general el 16 de diciembre.

Tanto Lucio como su esposa, la fiscal General, Viviane Morales, se han defendido de las acusaciones, manifestando que ellos asistieron al lugar donde se adelantaban las conversaciones con los grupos paramilitares pero a unas conferencias que estaban dando expertos internacionales.

Según Restrepo, Lucio también buscó apoyo económico para el proceso de paz con las autodefensas, del desaparecido dictador libio Muammar Gaddafi.

La diligencia judicial estaba programada para el miércoles 18 de enero, pero fue aplazada debido a que la defensa del exfuncionario manifestó que para esa fecha, Restrepo tenía compromisos previamente adquiridos.

En la mañana de hoy, una comisión designada por la Fiscalía General de la Nación, viajó a Caracas para sustentar ante el Tribunal Supremo de Venezuela, las razones que validan la solicitud de extradición proferida por Colombia contra el cabecilla de las Farc, Guillermo Enrique Torres, alias ‘Julián Conrado’.

En la audiencia, la comisión colombiana estará liderada por el director de Asuntos Internacionales del ente investigador, Francisco Javier Echeverri y de la Unidad Nacional de Derechos Humanos, Hernando Castañeda.

La Fiscalía General de la Nación, a través de la Cancillería, solicitó nuevamente el pasado 19 de enero al gobierno venezolano que avale la orden de extradición de alias ‘Julián Conrado’, capturado en mayo de 2011 en territorio del vecino país.

Bogotá pidió expresamente a Caracas que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela de vía libre a la extradición de Conrado, quien es solicitado por rebelión y delitos de lesa humanidad, que incluye desaparición forzada y desplazamiento forzado.

El Alto Tribunal venezolano rechazó la primera solicitud de Colombia, efectuada tras la captura del líder guerrillero, al no considerar suficiente el delito de rebelión.

La nueva solicitud colombiana será entregada al tribunal venezolano en los próximos días.

Alias ‘Julián Conrado’, fue capturado el pasado 31 de mayo en el estado venezolano de Barinas, por autoridades del vecino país.

Las personas capturadas por el Cuerpo Técnico de Investigación, CTI- Cundinamarca y Amazonas, fueron identificadas como: Eduard Orlando Rojas Yaima, mayor; José Gustavo Salazar Sarria, sargento viceprimero; y el civil Asís Méndez Perdomo, investigados por su presunta responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir, y tráfico, porte de armas de fuego y uniformes de uso privativo de las Fuerzas Militares.

La organización delictiva comenzó a ser desvertebrada en junio de 2010, cuando el CTI aprehendió a: Edgar Artunduaga López, sargento ( r) del Ejército; y Fabián Durango de la Cruz, sargento, a quienes los funcionarios judiciales les incautaron material de guerra e intendencia.

En la tarde de este miércoles se adelantaron en el complejo judicial de Paloquemao las audiencias de legalización de captura, de imputación de cargos y de solicitud de medida de aseguramiento.

El juez de control de garantías al acoger la solicitud de la Fiscalía remitió al particular Méndez Perdomo a la Cárcel Nacional Modelo; y a los dos militares, al Cantón Sur de Bogotá.

El Ministro del Interior, Germán Vargas Lleras calificó como ‘sorprendente’ la petición hecha por el Tribunal Superior de Bogotá a la Corte Penal Internacional, CPI, para que investigue al expresidente Belisario Betancur, por lo hechos del Palacio de Justicia.

Así lo manifestó en diálogo con RCN La Radio, en donde dijo que la CPI sólo puede juzgar hechos ocurridos después de la firma del tratado de Roma.

“No hay lugar en que se proceda a investigar al ex presidente Betancur, (…) ya que la CPI (solo) puede investigar hechos posteriores a la firma del Tratado de Roma o a su entrada en vigencia”, sostuvo el alto funcionario, quien aclaró que se trata de una opinión personal.

La petición del Tribunal Superior de Bogotá
La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, pidió este lunes a la Corte Penal Internacional que se abra una investigación contra el expresidente Belisario Betancur que permita determinar su responsabilidad en el holocausto del Palacio de Justicia.

Así se desprende de uno de los apartes del fallo que ratifica la condena de 30 años contra el excoronel Alfonso Plaza Vegas.

La petición, según la sentencia, se hace debido a “la inexistencia de pronunciamientos por parte de las autoridades judiciales que determinen la posible responsabilidad que en estos delitos pueda tener el ciudadano Belisario Betancur, Presidente de la República para la época de los hechos”.

Por esta razón el tribunal le pide al fiscal Luis Moreno Ocampo, jefe de la Corte Penal Internacional, que “considere presentar el caso ante dicho organismo e impida la consolidación de la impunidad que brinda el fuero que protege al expresidente de la República en el ámbito interno colombiano”.

El fallo dice que con respecto al expresidente no se ha adelantado ningún juicio en Colombia contra él que permita determinar su responsabilidad en los hechos.

“De lo anterior se sigue que respecto del Presidente Betancur Cuartas no se ha adelantado ningún juicio penal porque en Colombia, la actividad jurisdiccional queda totalmente atada a las razones políticas y de conveniencia que libre y autónomamente valora el Congreso de la República, lo que lleva a que las posibles tipicidad y responsabilidad de su conducta no hayan sido examinadas por juez alguno hasta ahora y, dado que las normas sobre fuero se mantienen vigentes en la actualidad, no existe pronóstico favorable o razón que permita pensar que ello ocurrirá en el futuro”, dice el fallo.

El Ministro Vargas Lleras señaló que desde ahora con la Ley 1445 de 2011 o nueva Ley del Deporte, las autoridades de policía locales del país pueden, rápidamente, a través de un debido proceso con audiencia pública incorporada, sancionar a quienes cometan o participen en actos de vandalismo en cualquier ciudad del país.

“Hay que identificar en las barras a los líderes negativos y disponerlos ante las autoridades para que, siguiendo un debido proceso, reciban justa penalización por los delitos y contravenciones que cometan. Pero también debemos identificar los líderes positivos para estimularlos en su labor dentro de las barras y sus diferentes manifestaciones culturales”, manifestó el jefe de la cartera política.

Vargas Lleras también recordó algunas de las sanciones que permite aplicar la Ley del Deporte: “Quien incite o cometa acto de agresión física o verbal sobre otra persona, así como a la infraestructura deportiva, podrá enfrentar multas que van desde los veinte (20) hasta los cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, además de tener que realizar trabajo social. En este caso también está expresa la prohibición de acudir a escenarios deportivos por un período que puede ser de uno (1) y cinco (5) años”, explicó Vargas Lleras.

Además establece que quien pretenda ingresar o tenga en su poder armas blancas, de fuego o sustancias estupefacientes; promueva o cause violencia, invada el terreno de juego o no atienda las indicaciones de los cuerpos de logística, incurrirá en una multa de cinco (5) a diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes y no podrá ingresar a escenarios deportivos por un periodo de entre seis (6) meses y tres (3) años.

Cuando se trate de menores de edad, sus padres serán solidarios con las sanciones previstas y se iniciarán procesos de pérdida de patria potestad, cuando haya lugar.

El Ministro del Interior aprovechó el inicio del torneo de fútbol profesional colombiano para resaltar que en cumplimiento de esta misma Ley, 21 equipos se convirtieron en sociedades anónimas.

“La Superintendencia de Sociedades y Coldeportes Nacional informaron que los equipos que hicieron esta transformación son: En la Primera A, Real Cartagena, Deportes Quindío, Deportes Tolima, Equidad, Medellín, Atlético Huila, Once Caldas, Santa Fe y el Cúcuta Deportivo. En la Primera B tenemos al América, Pacífico Fútbol Club, Unión Magdalena, Bucaramanga, Valledupar, Patriotas, Fortaleza Fútbol Club, Real Santander, Barranquilla Fútbol Club, Universitario Popayán, Expreso Rojo y Bogotá Fútbol Club”, indicó el Ministro Vargas Lleras. Según la Supersociedades, antes de la Ley 1145 ya se habían convertido a Sociedad Anónima tres: Club Deportivo Los Millonarios, Deportivo Bogotá Chicó Fútbol Club y el Deportivo Fútbol Club.

La decisión del juzgador se refiere a los hechos ocurridos el primero de octubre de 2010, cuando el hoy condenado disparó en cuatro ocasiones contra un vivienda del barrio La Asunción, localidad de Puente Aranda en Bogotá, en la que estaba una bebé de 18 meses y que fue impactada por los proyectiles.

“Se trató de un dolo eventual, los cuatro disparos no iban dirigidos a esa menor, ya que buscaban la muerte de una persona que desde el punto de vista del acusado le había causado resquemor”, explicó el fiscal antiterrorismo a cargo del caso.

Según el delegado de la Fiscalía, el procesado López Silva “actuó como cualquier pistolero de finales del Siglo XIX, como Butch Cassidy o Billy The Kid, al disparar indiscriminadamente, pensando que allí se encontraba su mujer con el amante”.

El funcionario judicial aseveró que los testimonios recaudados durante la investigación fueron evaluados rigurosamente, y agregó que en uno de ellos se cuenta la manera cómo López Silva corrió desde la escena del crimen hasta la esquina próxima, donde entregó el arma y su chaqueta para confundir a las autoridades.

Al final de la diligencia el condenado fue conducido a la Cárcel Nacional Modelo de Bogotá.

El juzgador dará a conocer el monto de la pena el 24 de febrero próximo.

El Ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, aseguró hoy que es inaceptable que haya decenas de personas del Consejo Superior de la Judicatura que, en tiempo récord, avanzaron en el ajuste de sus pensiones por medio de decisiones jurisprudenciales, como lo denunció la Contraloría General de la República.

Vargas Lleras, manifestó que en este caso es urgente establecer quiénes son los responsables de este carrusel para no comprometer el nombre de todos los magistrados, pero insistió en que es muy grave que quienes deben administrar justicia utilicen un sistema para defraudar al Estado, según lo denunciado por la Contraloría.

“Es inconcebible que se haya utilizado la figura de nombramientos discrecionales de algunos magistrados para que personas, por dos meses, hayan reajustado sus pensiones. Ese es un derecho que hoy ningún colombiano lo tiene”, aseveró Vargas Lleras.

El jefe de la cartera política agregó que esta situación amerita que se tomen acciones de fondo, por lo que el Gobierno Nacional viene estudiando una reforma al Sistema General de Pensiones que permita acabar con estos abusos en todos los niveles.

El Ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, afirmó que la aplicación de la Ley de Víctimas va en serio y aseguró que el Gobierno Nacional designó recursos para la protección de los líderes de restitución de tierras.

Las declaraciones del Titular de Cartera. se dieron en el marco de la Mesa Nacional de Garantías de Derechos Humanos, que se realizó en la Gobernación de Santander

“El proceso, que está en marcha sobre restitución de tierras va muy enserio. El año pasado fueron dispuestos varios billones de pesos para la aplicación de la Ley de Víctimas, y entre estos recursos están los que conciernen a la protección de líderes del proceso de restitución”, afirmó Vargas Lleras.

El Ministro del interior, recordó que, con el fin de cumplir con lo dispuesto en la Ley de Víctimas, el Presidente de la Republica, Juan Manuel Santos, ordenó que la Direccion Nacional de Estupefacientes acelere ante los jueces del país los procesos de extinción de dominio para que no menos de 500 mil hectáreas contribuyan a fortalecer este proceso: “Es responsabilidad de la Superintendencia de Notariado y Registro revocar los títulos que, fraudulentamente, fueron sustraídos del patrimonio nacional. Se estima que son un millón de hectáreas”, reveló.

Vargas Lleras hizo un llamado a los defensores de Derechos Humanos para que apoyen la construcción de una base política que encare el respaldo a la ejecución de la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras. “Entre todos vamos a enfrentar a los verdaderos enemigos de la aplicación de la esta Ley”, dijo.

La Mesa Nacional de Garantías conto con la presencia del Gobernador de Santander, Richard Aguilar Villa, el embajador de Suiza en Colombia, Didier Pfirter, congresistas y defensores de Derechos Humanos.

La Contraloría Distrital presentará hoy ante un juez de garantías de la ciudad, una petición para que el juzgador cobije con medida de aseguramiento al contratista Julio Gómez, por su responsabilidad en el carrusel de contratos de Bogotá.

Los abogados del ente de control elevarán la petición al Juez Sexto de Garantías, arguyendo que el ex contratista del grupo Nule, manejó de manera irregular los multimillonarios anticipos que recibió por obras de la malla vial bogotana, sin que las obras se realizarán en conformidad a lo pactado.

La Contraloría, que se declaró víctima dentro del escándalo de los contratos, manifestó a través de su representante legal, la abogada Liliana Ortiz, que en la solicitud se presentan todas las pruebas que avalarían una medida de aseguramiento.

La Fiscalía le imputó a Gómez los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros, interés indebido en la celebración de contratos y concierto para delinquir.

El pasado 9 de noviembre, la Procuraduría envió ala Fiscalía una carta solicitando la detención del empresario, ya que para el Ministerio Público el empresario habría participado en irregularidades en el manejo de los dineros destinados a la fase III de Transmilenio, lo que lo convierte en un peligro para la sociedad.

“A Héctor Julio Gómez se le imputó el delito de concierto para delinquir, lo que demostraría razonablemente que hace parte de una organización criminal que se concertó para desfalcar las arcas del Distrito capital a través de la contratación ilegal” señala la misiva enviada al fiscal tercero delegado ante la Corte, Ricardo González.

La Procuraduría señaló que Gómez es un “peligro para la sociedad, la no imposición de una medida de aseguramiento contra él, implicaría un desconocimiento de las normas establecidas en el Código de Procedimiento Penal. Por lo cual la Procuraduría tiene como finalidad la protección del patrimonio público”.

La contraloría estableció que se hicieron por lo menos 70 nombramientos de magistrados auxiliares, que luego de un pequeño tiempo de servicio resultaron devengando millonarias pensiones.

Según la investigación de la contraloría, una sola magistrada, Julia Emma Garzón, de la Sala Disciplinaria, realizó 16 de esos nombramientos.

La investigación del organismo de control estableció que inexplicablemente los funcionarios cuyos sueldos eran de 4 millones de pesos, fueron beneficiados con una pensión hasta de 13 millones de pesos.

A manera de ejemplo se cita el caso del exmagistrado auxiliar Álvaro Rojas, quien solo después de 28 dias de haber sido nombrado en el despacho de Henry Villarraga (actual presidente de la Sala Disciplinaria), recibió la millonaria pensión.

Como si fuera poco, al funcionario le pagaron un retroactivo de 175 millones de pesos.

Igual situación se presentó con la señora Petrona Perafán, magistrada auxiliar de Temistocles Ortega, actual gobernador de Cauca, quien tras solo 2 meses y 26 días de estar en el cargo fue pensionada. La funcionaria devengaba 4,3 millones, pero quedó con una pensión de 13 millones 70 mil pesos.

Además, le pagaron un retroactivo de 92,5 millones.

En ese mismo despacho se pensionó, con sueldo de magistrado, Gerardo Julián Velasco Ordóñez, quien apenas cumplió esa función por 12 días, según lo reveló la Contraloría.

El Tribunal Superior de Bogotá dejó en firme una condena de 30 años de cárcel contra el coronel Alfonso Plazas Vega por los desaparecidos del Palacio de Justicia.

La condena, impuesta por un juez de la capital de la república el pasado 29 de noviembre, fue confirmada por el alto Tribunal luego de siete meses de haber sido apelada.

La decisión de avalar la condena de Plazas Vega a 30 años de presidio la adoptó el tribunal luego de examinar 42 mil 465 folios del proceso.

El coronel Plazas Vega se encuentra detenido desde el 16 de julio del 2007, dentro del sonado proceso por los desaparecidos en el Holocausto del Palacio de Justicia, ocurrido los días 6 y 7 de noviembre de 1985, tras la “toma” ejecutada por un comando del entonces grupo guerrillero 19 de abril, M-19.

Como se sabe, entre los desaparecidos figuran diez empleados de la cafetería del Palacio de Justicia y la guerrillera del M-19 Irma Franco.

Con el coronel Plazas Vega, está preso por el mismo hecho, el general Jesús Armando Arias Cabrales, quien fue condenado a 35 años de cárcel.

El Consejo de Estado evalúa una demanda de pérdida de investidura contra el alcalde mayor, Gustavo Petro, que señala que presuntamente el burgomaestre estaría inhabilitado debido a que fue procesado y condenado por el delito de porte ilegal de armas.

Aunque la demanda se interpuso en calidad de senador de la República, el Alto Tribunal estudia si los efectos de la acción judicial podría afectar su elección y posterior posesión como mandatario de Bogotá.

Según la demanda, Petro enfrentó dos procesos penales, el primero en el año 1985, por violación del artículo 201 del Código Penal, incorporado en el titulo relativo a los delitos contra la seguridad pública y al capítulo los delitos de peligro; en ese proceso fue condenado y cumplió la pena.

Petro ha argumentado que fue capturado como perseguido político, cuando militó en el M19, y los delitos que cometió fueron cobijados con una amnistía gubernamental.

En los próximos días el Consejo de Estado llamará a pruebas para determinar si hay o no inhabilidad por parte de Gustavo Petro Urrego.

De acuerdo con la investigación, adelantada por un fiscal seccional de Cartagena, las aprehendidas les exigían dinero a propietarios de establecimientos comerciales para no reportarlos como morosos.

En las próximas horas, las dos mujeres serán presentadas ante un juez de control de garantías de Cartagena, ciudad en la que se adelanta la investigación, para legalizar la captura e imputarles cargos.

El Ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra aseguró que el Gobierno no ha ejercido nunca ningún tipo de presión a la justicia para propiciar la revocatoria de la detención domiciliaria concedida a Alirio de Jesús Rendón, alias “El Cebollero”.

“Esto es el mundo al revés porque nosotros no presionamos a nadie para nada. Pedimos, frente a una situación que nos generó enormes sospechas e inquietudes y que produjo zozobra en toda la comunidad, a quien es el competente que es el Consejo de la Judicatura – el nacional y el seccional – según correspondiera, que investigará la conducta de un juez que nos pareció que inapropiadamente le había dado una libertad para enviar a su casa a este señor, sobre la base de atender unos exámenes que le habían practicado y que decían que no estaba en condiciones médicas de estar en la cárcel”, aclaró.

Esguerra indicó que fueron los jueces y el Instituto de Medicina Legal quienes establecieron que lo que había ocurrido era en efecto un engaño.

“El señor no tenía ninguna condición médica que impidiera que estuviera en la cárcel sino un viejo problema cardíaco de esos con los cuales tanta gente sobrevive y vive, que en el caso de él no debe ser tan grave desde que inclusive le permitió delinquir”, puntualizó el titular de Cartera.

Esguerra sostuvo que “no presionamos ningún resultado, si el resultado hubiera sido otro lo habríamos acatado de la misma forma. Si hubiera resultado que en efecto la situación de él es medicamente imposible, que debe estar hospitalizado lo habríamos hospitalizado, de manera que no hemos presionado un resultado, hemos planteado el cumplimiento de unas disposiciones que están establecidas en la ley y para eso son”.

El Alto Tribunal también puede avalar la decisión del juez 11 de conocimiento quien negó de plano la solicitud de Arenas, quien había argumentado que la Fiscalía, no presentó pruebas suficientes para vincular al ex alcalde con el recibimiento o solicitud de dineros por parte de los contratistas beneficiados con las obras de la tercera fase de Transmilenio, reparación de la malla vial y valorización.

El defensor del ex Alcalde, solicitó al Juez 11 de conocimiento de Bogotá, que se anule el proceso en contra de su defendido, alegando que las maniobras ilícitas de Los Nule para adjudicarse millonarios contratos en la ciudad, se hicieron a espaldas del sancionado Burgomaestre.

Ante la solicitud, la Fiscalía y la Procuraduría coincidieron en rechazarla. También la juez rechazó la petición al considerar que tanto la imputación de cargos y la presentación del escrito de acusación se ajustaron a la norma.

Sostuvo además que nunca hubo una vulneración de los derechos fundamentales y que la actuación de la Fiscalía no fue irregular.