PLIEGO DE CARGOS CONTRA CINCO OFICIALES DE LA POLICIA POR INTERCEPTACIONES TELEFONICAS ILEGALES

diciembre 10, 2007 1:53 pm

Pliego de cargos contra cinco oficiales y un subintendente de la Policía Nacional, por las denominadas interceptaciones telefónicas ilegales, formuló hoy la Procuraduría General de la Nación.

Las identidades de los oficiales que al parecer incurrieron en presuntas faltas disciplinarias, fueron establecidas por el agente del Ministerio Público como el General Guillermo Julio Chávez Ocaña, director de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional (Dipol); el Teniente Coronel Luis Antonio Ruda Velosa, jefe del Área de Producción de Inteligencia de la Dipol; el Teniente Coronel Jairo Noe Ariza González, jefe del Área de Producción de Inteligencia de la Dipol; el Teniente Coronel John Lizarazo Suárez, jefe del Grupo de Seguridad Interior y la Mayor Gloria Lucia Otálora Gómez, jefe del Grupo de Ingeniería y Soporte de la Dipol.

En la investigación disciplinaria fue incluida la intendente Alisneider Gómez Rondón, quien hacia parte del Grupo de Ingeniería y Soporte de la Dipol y ejercía como administradora del servidor de la entidad.

Deacuerdo con el organo de control, los mencionados oficiales miembros de la Dipol, habrían desconocido drechos fundamentales de quienes participaban en las negociaciones de paz y de los visitantes que ingresaban a las zonas de ubicación previstas con la debida autorización de las instancias gubernamentales encargadas del proceso.

Según las denuncias que recibió la Procuraduría, los hechos ocurrieron entre el 14 al 21 de mayo de 2007, las cuales fueron realizadas de manera indebida en cumplimiento de ordendes para obtener información de las actividades desarrolladas por los ex integrantes jefes de las autodefensas que al parecer desde el proceso de desmovilizacion habían continuado delinquiendo.

Los pliegos de cargos

La Procuraduría consideró que el General Chávez Ocaña, en su condición de director general de la Dipol, tenía la obligación de dirigir, planear, recolectar, evaluar y difundir la información de orden público haciendo cumplir la Constitución, la ley y los reglamentos internos de la institución. “Aun cuando para algunos sea una loable labor lo que pretendía con el monitoreo de las comunicaciones sectorizadas en la zona de los diálogos producidos entre el Gobierno Nacional y los grupos de las AUC, las normas constitucionales y legales le impedían proceder en la forma que lo hizo”, se indicó en el auto de la decisión.

En el caso del teniente coronel Ruda Velosa, el ministerio público estableció que también desconoció la estructura constitucional, legal y normativa orientando, seleccionando y dirigiendo la búsqueda de información de inteligencia de manera reprochable al suscribirla únicamente al monitoreo de comunicaciones telefónicas, de radio y de correos electrónicos privados y no todas producidas de manera clandestina o de interés para el orden público.

El monitoreo ordenado por el oficial se efectuó en puntos estratégicos de la zona de ubicación, a pesar de haberse asignado esta operación a la Dirección de Investigaciones Judiciales de la Policía Nacional (Dijin) y demás autoridades competentes, convirtiendo su actividad en una interferencia y dirigida a personas que de manera forzosa debían permanecer en la zona por razón de su trabajo, su actividad profesional o por ser este el lugar de su residencia.

Aunque la labor del General Chávez Ocaña y del Teniente Coronel Ruda Velosa era la de informar sobre teléfonos, frecuencias radiales y coordenadas que debían reposar en el comando del departamento no los facultaba para acceder a los contenidos de estas comunicaciones por lo que ambos oficiales, a juicio de la Procuraduría, posiblemente abusaron y se extralimitaron en sus funciones.

El general Chávez Ocaña, supuestamente, tampoco protegió de manera debida los sistemas de información de la Dipol, haciendo frágil y vulnerable el servicio de inteligencia de la Policía Nacional, señaló en su decisión el ministerio público.

En el pliego de cargos también son incluidos como presuntos responsables de esta conducta el Teniente Coronel Ariza González y la mayor Otálora Gómez. Al parecer, los tres oficiales eran concientes de la ausencia de controles y no adelantaron las tareas para promover la seguridad de la información obtenida.

Irregularidades en los procesos

La Procuraduría encontró funcionamientos inadecuados de los medios de vigilancia física como tarjetas de acceso y cámaras de vigilancia, ingreso indiscriminado por bloques al repositorio de información de inteligencia, la ausencia de backup adecuados y falta de seguimientos a los logs de seguridad.

En las verificaciones se estableció que el 24 de mayo de 2007 fueron accesados 13.608 archivos. De ellos, se comprobó que 7.947 copiados en la misma fecha fueron creados desde un medio externo y una semana antes, el 15 de mayo, se habían eliminado 1.551 archivos.
A la Mayor Otálora Gómez y a la Intendente Gómez Rondón se le endilga, igualmente, su posible responsabilidad en la filtración de algunas de estas interceptaciones a la Revista Semana por ser ambos efectivos de la Policía quienes estaban directamente a cargo de la administración del sistema y de los discos que conforman los archivos y garantes de su seguridad.

La oficial junto con el Mayor Pedraza Rocha y el Teniente Coronel Ruda Velosa también deberán responder en el pliego de cargos por su presunta participación en la manipulación y destrucción de información sometida a reserva con el ánimo de entorpecer y obstruir las investigaciones ordenadas.

2 Respuesta sobre “PLIEGO DE CARGOS CONTRA CINCO OFICIALES DE LA POLICIA POR INTERCEPTACIONES TELEFONICAS ILEGALES”

  1. pedro gomez en diciembre 19th, 2007 1:52 pm

    esta bien porque los conozco y se lo corrupto que son estos oficiales

  2. Shaun en agosto 17th, 2013 4:58 pm

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    Saludos!