Senado estudia reparos de comisión asesora a referendo para violadores

agosto 10, 2011 2:50 pm

Frente a las observaciones de la Comisión Asesora la cual estima que el proyecto para someter a un referendo, la procedencia o no de la cadena perpetua, en los delitos contra menores no avanza en la mejor dirección y se torna en altamente inconveniente, la senadora Gilma Jiménez (Partido Verde), fue enfática en señalar que «ninguna persona y menos una institución del Estado puede negarle o limitarle al pueblo colombiano, tomar decisiones o incidir en las decisiones sobre la Constitución en temas punitivos.

Dijo que «este no es un tema exclusivo del derecho, no pueden negar el derecho a los ciudadanos a la participación. Rechazo y estoy molesta con las afirmaciones de la Comisión Asesora, que califica a los congresistas de demagógicos».

Al intervenir en la Plenaria, la congresista señaló: «Deploro lo sucedido. Ellos tienen su opinión, pero son la Registraduría, el Congreso, la Procuraduría y la Corte Constitucional los que deciden sobre el trámite del referendo de iniciativa popular que busca la prisión perpetua, con tal de que los niños y sus derechos prevalezcan».

Por su parte el senador Juan Lozano (Partido de la U), respaldó el referendo y dijo «a Colombia le hace bien participar en un mecanismo para apoyar causas superiores. Tenemos que apoyar el referendo para no frustrar sus derechos. Me causa honda inquietud de voces que sin duda son muy respetables e importantes, vayan a impedir como esperamos que suceda, que los colombianos puedan libremente expresarse en ese referendo».

El senador Parmenio Cuellar (Polo Democrático), compartió la opinión de la Comisión Asesora y dijo: «el concepto emitido por la Comisión Asesora no se puede considerar como algo atrevido contra el Congreso, como algo que quiere inmiscuirse en la funciones legislativas. El país tiene la Ley 888 de Política Criminal que desgraciadamente no ha operado en nuestro país».

Cuellar señaló que «en Colombia, desde hace un tiempo, viene operando la costumbre de expedir leyes sin hacer un estudio sociopolítico que permita determinar conveniencia e inconveniencia para establecer un nuevo tipo penal o agravar la pena. Lo importante de ese concepto es que lo emitió la Comisión Asesora antes de iniciar proceso en el Congreso».

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