El Alto Tribunal señaló que las Fuerzas Militares deben tener presencia en todo el territorio nacional, al fallar a favor de un municipio de Nariño, donde no hubo presencia de las autoridades tras una toma guerrillera en 1994.

“No resulta razonable que el Estado abandone a sus ciudadanos y/o poblaciones completas que depositaron la defensa de su vida y bienes en las instituciones legítimamente constituidas, máxime cuando dicho abandono se prolonga en el tiempo”, se expresa en el fallo.

Se consideró como “una clara falla en el servicio”, lo ocurrido en El Rosario, donde murió el vigilante Gerardino Daza, a manos de guerrilleros de las Farc.

Aunque no se comprobó la vinculación directa de la ausencia de la Fuerza Pública con el crimen, el Consejo de Estado advirtió que estos hechos son inaceptables.