El Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, hizo un urgente para que las autoridades adopten medidas efectivas para la protección de la vida e integridad personal de los pobladores, ante el incremento en el número de muertes violentas ocurridas en el último mes, como consecuencia del accionar de grupos armados ilegales.

Según información preliminar reportada a la Defensoría del Pueblo, en lo corrido del mes de octubre de 2013 se han registrado siete homicidios en la isla, el último de los cuales ocurrió el pasado fin de semana por individuos que se movilizaban en una motocicleta.

Desde hace varios años distintos grupos armados ilegales surgidos con posterioridad a la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), han visto en el archipiélago una región atractiva para el tráfico de estupefacientes y de armamento. La acción de dichos grupos ha afectado las condiciones de seguridad de los habitantes de San Andrés, con expresiones como la delincuencia juvenil, pandillismo, sicariato y extorsión.

El archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, por su ubicación geográfica, facilita el transporte de cargamentos de drogas ilícitas, particularmente hacia Estados Unidos. La isla conecta el continente con ciudades como Santa Marta, Barranquilla y Cartagena y la zona del Golfo de Morrosquillo (departamento de Sucre) con el sistema antillano, específicamente con las islas de Jamaica, Puerto Rico, Haití y República Dominicana.

A través del Sistema de Alertas Tempranas (SAT), la Defensoría del Pueblo, monitorea la situación de riesgo de las comunidades raizal, isleña y continental que habitan el archipiélago; fruto de lo cual además de los crímenes selectivos, ha recibido denuncias de ciudadanos que aseguran ser víctimas de amenazas de muerte y se han visto obligados a migrar de la isla hacia territorio continental.