Al no encontrar pruebas en su contra, el Juez 50 de Control de Garantías ordenó la libertad del abogado, José Ignacio Lacouture, luego de que se demostrara que el visto bueno dado a la Resolución 2437 de 27 de agosto de 2010, estuviera fundamentado en los informes de inspección ocular suscritos por los técnicos que realizaron la visita a los mencionados terrenos, así como en certificaciones del Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC.

Lacouture Armenta, ex Director Técnico de Procesos Agrarios del Incoder, manifestó que así como han transcurrido los hechos, «profesionales honestos de Colombia no podrán trabajar para el Estado, si éste arremete sin pruebas contra sus funcionarios públicos a quien no les queda otro camino que demandar en acción de reparación directa por los perjuicios morales, económicos y a la vida de relación».

La intervención del abogado se limitó a aprobar la resolución proferida dentro del proceso de deslinde de la Ciénaga Amanzaguapo, ubicada en jurisdicción del Municipio de San Marcos – Sucre, por parte de la Subgerencia de Tierras Rurales del Incoder, durante un acto administrativo amparado en informes de sus subalternos, y de certificaciones de entidades como el IGAC, quienes dieron fe de los hechos ahí consignados.

La detención del abogado, así como la exposición de los hechos ante los medios cargados de imprecisiones, han perjudicado la imagen del ex funcionario público, quién desde hace más de 4 años ejerce el derecho de manera independiente desde su despacho.
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Su carrera ha sido impecable y los hechos seguirán demostrando que su proceder solo se ciñó a las pruebas existentes.
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«Siempre he actuado conforme a la ley y en el transcurrir de los días se seguirá demostrando la verdad, mi fortaleza espiritual, el apoyo de mi familia y amigos ha sido fundamental para afrontar esta difícil situación que ha afectado mi buen nombre”, sostuvo el abogado.