Defensoría alerta sobre resurgimiento de las «casas de pique» y de tortura en Buenaventura

Panorámica de Buenaventura
Panorámica de Buenaventura
–El Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, volvió a prender las alarmas por el resurgimiento de las llamadas «casas de pique» en la ciudad de Buenaventura y urgió al gobierno a reforzar las medidas para proteger la vida y la integridad de los habitantes del principal puerto colombiano sobre el Océano Pacífico.

Otálora Gómez indicó que en una visita de campo, funcionarios del Sistema de Alertas Tempranas recopilaron testimonios que confirmaron la reaparición de las “casas de pique” y métodos salvajes como la electrocución.

Advirtió que pese al esfuerzo de las autoridades, que con la captura de más de 200 integrantes de las ‘bandas criminales’ generaron un alivio a la crisis de derechos humanos en Buenaventura, se han conocido nuevos casos de desaparición y tortura, algunos de los cuales terminaron con la muerte de estos ciudadanos, conforme los hallazgos realizados durante las últimas semanas por parte del CTI de la Fiscalía en el barrio El Progreso de la comuna 10.

«Preocupa particularmente el caso de una niña de tan solo 8 años, cuya desaparición fue reportada desde el 6 de octubre de 2014, sin que haya noticia de ella», señaló el Defensor del Pueblo quien detalló otros casos denunciados ante el organismo, entre ellos el de un joven ayudante de bus, quien había sido amenazado por los grupos ilegales con presencia en la ciudad y el de dos hombres que trabajaban en el sector de la construcción, y que al parecer cruzaron las llamadas “fronteras invisibles” establecidas por los grupos postdesmovilizados en esa zona.

Añadió que también fue reportada la desaparición de una mujer cabeza de familia dedicada a la minería artesanal, y cuyo paradero se desconoce desde el 29 de diciembre del año pasado, situación que se repite con un joven de 21 años que fue visto por última vez cuando era conducido por 5 sujetos en inmediaciones del barrio Caldas.

En su visita de campo, la Defensoría del Pueblo fue informada sobre tres casos de personas secuestradas y torturadas por presuntos miembros de “Los Urabeños”, una de las cuales logró escapar de sus victimarios, en tanto que las otras dos fueron rescatadas oportunamente por las autoridades. Estos episodios pusieron al descubierto el regreso de las tristemente célebres “casas de pique” y la aplicación de métodos salvajes como la electrocución para agredir a quienes son declarados objetivo militar.

Además estableció que en uno de los operativos realizados por el Gaula de la Armada Nacional, fueron capturados cuatro adolescentes con edades entre los 14 y los 16 años, lo cual –dijo– confirma las advertencias de la Defensoría respecto al reclutamiento forzado, utilización y criminalización de niños y niñas en esa región del país.

Según el Defensor del Pueblo aparte de las muertes violentas y las desapariciones, persisten modalidades delincuenciales como las amenazas y la extorsión.

Al respecto indicó que en desarrollo del trabajo realizado por el Sistema de Alertas Tempranas, se conoció información en proceso de verificación, según la cual Jhonatan Cuellar Mosquera, conocido como “El Bola”, y quien fue capturado en marzo del año pasado por la Policía Nacional, habría recobrado la libertad hace pocos meses, y estaría al frente del boleteo a comerciantes.

De acuerdo con la información oficial suministrada por el CTI de la Fiscalía, durante 2014 se presentaron 44 casos de desaparición, frente a 78 de 2013.

En cuanto a homicidios, dijo que de acuerdo con cifras de Medicina Legal el año pasado se registraron 153 y agregó que aunque hubo una disminución respecto al 2013, cuando ocurrieron 195, «no implica menguar la intensidad de las estrategias en materia de seguridad y asistencia social».

Destacó que la Defensoría del Pueblo ha emitido 21 informes de riesgo sobre la situación de derechos humanos en Buenaventura, de los cuales el más reciente tiene alerta vigente por parte del Ministerio del Interior, y será objeto de actualización a través de una nota de seguimiento en las próximas semanas ante el persistente escenario de riesgo en el Puerto.

El Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, anunció finalmente que envió oficios al Ministro de Defensa y al Director de la Policía Nacional el pasado 19 de Enero, alertando sobre el escalamiento de la violencia y las infracciones a los derechos humanos.