Por: Luis Eduardo Forero Medina
La comunidad sorda en Colombia, compuesta por 455.718 personas, más de la mitad mayor de 60 años y el 12% entre 0 a 14 años, según cifras oficiales, sigue sin que se escuchen sus gritos silenciosos por el abandono en que los tiene el Estado.
En el país 6 de cada 100 personas tiene alguna discapacidad. Veinte años cumplirá la ley que creó beneficios en favor de las personas con discapacidad auditiva, y diez años la ley 982 de 2005, complementaria de la 324 de 1996, sin que ni una ni otra sean cumplidas a cabalidad, dificultando a esta población cada vez más su integración plena a la sociedad. Continúan sin organizarse los Centros de Habilitación Laboral y Profesional y Escuelas de formación de intérpretes para sordos; no llegan los subsidios para compra de dispositivos para mejorarle su calidad de vida y el acceso formal a la educación se obstaculiza a niños y niñas sordos, mayormente en el campo. Hace tres meses el SENA incluyó el oficio de los intérpretes de señas en la Clasificación Nacional de Ocupaciones (C.N.O). Algunos entes responsables permanecen mudos frente a los sordos; en general gobernadores y alcaldes poco se han ocupado de este colectivo. Los muros para los sordos en Colombia no se han logrado derribar; en la sección de servicio al cliente de despachos públicos, empresas prestadoras de servicios públicos, Instituciones Prestadoras de Salud, bibliotecas públicas, no hay un guía intérprete para las personas sordas y sordo ciegas, para facilitarle sus trámites. La mayoría de aeropuertos y terminales de transporte no cuentan con el sistema de información escrita visible para personas sordas. Aunque la tecnología sigue avanzando para facilitar la comunicación a los sordos, muchos no se pueden beneficiar por sus precarias condiciones económicas. La participación mínima de limitados auditivos en la fuerza laboral tampoco se está cumpliendo. En América Latina donde hay 85 millones de personas con discapacidad conforme a la Organización Mundial de la Salud (OMS), la característica de esta población es una profunda desigualdad, indica la Comisión Económica para América Latina ( Cepal). El 82% de las personas con discapacidad desde México hasta la Tierra del Fuego, viven en pobreza y pobreza extrema.
