Política

Senadores insisten en agua como derecho fundamental

Según los artífices de la convocatoria, los senadores Jorge Prieto, Doris Vega y Susana Correa, el motivo principal de la audiencia pública celebrada este lunes es enriquecer el proyecto de acto legislativo que busca que el derecho al agua, para el consumo humano y su función ecológica, tenga protección constitucional.

El senador Jorge Prieto Riveros, uno de los autores de esta iniciativa, hizo un llamado a los congresistas de todas las regiones, partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil, a intercambiar ideas, y consecuentemente que de esta iniciativa surtan los 8 debates que debe cumplir en el congreso y sea a una realidad.

El congresista del Partido Alianza Verde aclaró al inicio de su intervención los tres aspectos contemplados en la justificación de la iniciativa, que garantizan el servicio y se encuentran avalados por los preceptos internacionales, a saber:

La disponibilidad, que consiste en que el abastecimiento de agua debe ser continuo y suficiente para los usos personales y domésticos; La calidad del agua necesaria para cada uso personal o doméstico debe ser salubre y, por lo tanto, no ha de contener microorganismos o sustancias químicas o radioactivas que puedan constituir una amenaza para la salud de las personas, debe tener un color, un olor y un sabor aceptables; y por último la accesibilidad, el agua, las instalaciones y servicios de agua deben ser accesibles para todos, sin discriminación alguna, dentro de cuatro dimensiones superpuestas: Accesibilidad física, económica, no discriminación y acceso a la información, contenido en la observación No. 15.

Respecto del comité de derechos económicos y sociales de las naciones unidas, que son de cumplimiento para nuestro país, prieto Riveros sostuvo: “Colombia es uno de los pocos países del mundo que no ha vinculado la ley en el acuerdo de París, firmado por el gobierno colombiano, que declare el agua como derecho fundamental”.

Otro de los argumentos que defendió el senador Llanero es el que hace alusión al principio de la progresividad, porque el gobierno arguye que al consagrar en la constitución el agua como derecho fundamental se van a llenar de tutelas, y se van a meter a la cárcel muchos alcaldes, gobernadores, ministros etc., “y no es así, hay una sentencia, laT760/2008 de la Corte Constitucional, que dice que las obligaciones de carácter prestacional derivadas de un derecho fundamental son de cumplimiento progresivo, en la medida que hayan recursos; pero sí tiene la obligación de conseguirlos, por la complejidad de las acciones y los recursos que se requieren para garantizar el goce de este derecho” expresó contundente, y agregó “todas las disculpas que se puedan sacar en estos debates no tienen fundamento alguno, ni de hecho, ni de derecho”.

Declaró además el congresista de la Alianza Verde, que según el concepto del ministro de hacienda había que aplicar la regla de sostenibilidad fiscal; según el art. 334, “es el estado quien dirige la economía, en el caso de este proyecto deberían hacer estudios previos que costarían una cantidad de dinero y demorarían el proceso, pero al interpretar el parágrafo del mencionado artículo, dice que bajo ninguna circunstancia, ni autoridad alguna de naturaleza administrativa, legislativa o judicial, podrá invocar la sostenibilidad fiscal para menoscabar los derechos fundamentales, restringir su alcance o negar su protección efectiva, hay que aclarar que la corte constitucional también le ha dado el carácter de derecho fundamental al agua, pero que hay que legislar e incluirlos en la carta magna”.

Respecto de la preocupación del gobierno, por la gratuidad del servicio, el senador Jorge Prieto es enfático en declarar que eso depende de cada mandatario seccional, de su posición social, pero no es obligatorio; y que en este país los acueductos veredales los organizan y manejan los campesinos, “está establecido que se debe pagar por su transporte, y la corte constitucional ha dicho que el concepto de gratuidad de los servicios públicos ha sido abandonado en la constitución política del 91, en el artículo 367, y los particulares asumen los gastos en que incurra el prestador del servicio, dentro de los criterios de equidad y justicia”, precisó; y finalizó su intervención con una máxima: “la paz evitará miles de muertos, proteger el agua salvará millones de vidas”.

Por otra parte, la senadora Doris Clemencia Vega Quiroz, se mostró optimista en el sentido de apoyar esta iniciativa que sencillamente busca elevar a rango constitucional el derecho fundamental al agua, radicado el 22 de marzo de este año, “ya surtió su primer debate en la comisión primera, el objetivo que nos hemos trazado es que antes del 20 de julio sea aprobado en la primera vuelta, y que tengamos en el siguiente periodo suficiente tiempo para darle trámite legislativo, porque ya se ha socializado lo suficiente para que este sea una realidad”, expresó.

La congresista de Opción Ciudadana, coautora de la iniciativa, argumentó que este proyecto genera un compromiso real con todos los órganos del estado, y directamente con el principio de progresividad, que debe mejorar la calidad de vida de todos los hogares colombianos, y sentenció: “Aunque existe la idea que Colombia es uno de los países con más recursos hídricos del planeta, lo cierto es que según la publicación del foro económico mundial en la realidad este país sufre de escasez de agua a lo largo y ancho del país; además, no tenemos la suficiente infraestructura para potabilizar el agua. Es alarmante lo que vivimos; la flora y la fauna se ha extinguido, cuando somos un país rico en diversidad y fuentes hídricas”.

Por último, Vega Quiroz hizo un llamado al gobierno nacional, para mantener como eje fundamental los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, y que la obra civil se ajuste al medio ambiente, y no lo contrario como siempre ocurre, “un medio natural sin especies, sin flora, fauna, agua, deja sin vida cualquier obra hecha por el hombre, porque si no tomamos conciencia hoy, no tomaremos agua en el mañana”, remató.

Seguidamente, la senadora Susana Correa Borrero, también coautora del proyecto, celebró este tipo de audiencias por que allanan el camino para que la iniciativa cumpla con el objeto para el que fue concebida, “buscar que el uso y disfrute humano del agua sea elevado a la categoría de derecho fundamental, dentro de nuestra constitucional política”, precisó.

La congresista vallecaucana argumentó que en la constitución no se consagra el derecho al agua, pero que en virtud del llamado bloque de constitucionalidad el derecho al agua ha sido incorporado al ordenamiento jurídico interno, para enriquecer el capítulo de los derechos fundamentales de la Carta Magna, “por eso hoy cualquier ciudadano puede invocar la protección del derecho fundamental del agua; esta protección implica para el estado colombiano cumplirle un derecho a todo los colombianos, de brindarle agua con elementos de cantidad, calidad, disponibilidad, accesibilidad y asequibilidad, por eso la importancia del acto legislativo, oportuno además, para poner fin al problema del agua en Colombia”, enfatizó.

Finalmente, la senadora del Centro Democrático precisó “en Colombia no hay políticas públicas sobre el agua, y las entidades actúan desarticuladamente; hago un llamado para que esta iniciativa se tramite sin tropiezos; el día en que todos nuestros municipios y conciudadanos tengan agua potable, habremos dado un gran paso para el progreso social que tanto necesitamos en Colombia”.