Estas son las propuestas de Gustavo Petro

mayo 26, 2018 6:03 pm

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1. EDUCACIÓN, CUIDADO DE LA INFANCIA Y BÚSQUEDA DE LA EQUIDAD

En Colombia la atención a la primera infancia, la educación de calidad, la ciencia y la cultura hoy son privilegios. Durante las últimas décadas los gobiernos aumentaron la matrícula de la educación básica en las ciudades, pero los recursos destinados a construir una sociedad del conocimiento incluyente y una paz generacional fueron priorizados para financiar la guerra.

La Colombia Humana reconoce que solo las sociedades que han priorizado la formación integral de sus ciudadanos han logrado construir condiciones duraderas de desarrollo humano y de dignidad. Queremos que niñas y niños sean educados en el amor y cuenten con una formación integral que les dé las herramientas para construir sus proyectos de vida. Queremos que los jóvenes puedan educarse en lo que deseen y en lo que el país y sus territorios necesitan. Estamos convencidos de que la educación libera a los jóvenes del yugo de la violencia, y del odio, los libera del miedo y la pobreza. Por eso trabajaremos por los derechos de niñas, niños y jóvenes y por una educación que llegue a toda Colombia, de la mejor calidad, gratuita y universal y porque su acceso no dependa de la capacidad de pago o las condiciones que imponga el mercado.

Del vientre materno a la educación superior formando personas plenamente capaces

Primera infancia feliz: Colombia Humana cuidará a niñas y niños, y a sus madres, desde la gestación hasta los seis años, en una iniciativa articulada entre los sectores de salud, educación, cultura y bienestar familiar, que potencie su desarrollo y garantice afecto, alimentación y protección integral, a través de distintas modalidades que incluyen atención y acompañamiento directo a las familias en sus casas, jardines infantiles y hogares comunitarios mejorados a cargo de una red de madres comunitarias profesionalizadas y vinculadas laboralmente al servicio público, quienes serán apoyadas por personal especializado.

A partir de los tres años, niñas y niños ingresarán al sistema educativo público, garantizando un enfoque de atención integral en los tres grados de preescolar: prejardín, jardín y transición. Nuestros niños y niñas dispondrán de diversos espacios para ser felices. Adecuaremos y construiremos aulas, jardines infantiles, escenarios y ambientes adecuados y seguros, teniendo en cuenta las particularidades de los territorios, los grupos poblacionales y las particularidades culturales.

Se vinculará nuevo personal docente de educación inicial, que garantice prácticas pedagógicas acordes con las especificidades de la primera infancia, potenciadoras de su desarrollo y creatividad, a partir de proyectos pedagógicos basados en el amor, el arte, el juego y la exploración de su territorio.

Los proyectos pedagógicos vincularán a familias y comunidades, incorporando prácticas, saberes, culturas, modelos de cuidado y crianza diferenciales con perspectiva étnica. Se promoverán los jardines infantiles nocturnos y de fines de semana para garantizar bienestar a los hijos de mujeres y familias que requieren apoyo mientras estudian o trabajan en esas jornadas. Se priorizarán las zonas rurales, con gasto nacional directo, donde se iniciarán los programas que recogerán estos objetivos o se mejorarán o reorientarán los existentes.

Jornada completa para fomentar el amor al saber, a la naturaleza y al trabajo en equipo: con más y mejores tiempos y escenarios para el aprendizaje, la investigación, la cultura y el deporte, garantizando más docentes y mejores recursos didácticos y tecnológicos, llevaremos a todo el país educación primaria, básica y media de calidad, en jornadas de ocho horas diarias en los cuales se promoverán en nuestras infancia, niñez y adolescencia el amor al saber, a la naturaleza y al trabajo en equipo. El enfoque será educar pasando de la información a la indagación y del aula al entorno.

Desde los distintos contextos, territorios y grupos poblacionales, y con participación de la comunidad educativa y de los gobiernos escolares, se transformarán modelos educativos, prácticas pedagógicas, organización escolar y currículos, orientándolos hacia una educación pertinente, alegre, centrada en niñas, niños y jóvenes, en sus características, sus potencialidades, sus necesidades y su diversidad. Currículos que le apuntan a una formación integral, que involucran los campos de conocimiento, la diversidad de saberes, el ser, el arte, el deporte, la sana convivencia; currículos que fortalecen una educación para la ciudadanía, incluyentes; currículos que forman personas democráticas, críticas, solidarias, creativas, comprometidas con su vida y la de los demás, con su entorno, con el ambiente, con el respeto a los derechos humanos y con la paz.

La ampliación de la jornada escolar a ocho horas posibilita brindar más y mejor tiempo para el aprendizaje, la investigación, la creación, el deporte, la cultura; un proceso apoyado en centros de interés, articulado a la realidad, al cambio social, a la cultura, al territorio, en que maestros y estudiantes investigan y viven su realidad. Para esto se dispondrá de más y mejores escenarios para el aprendizaje, más docentes y con mejores condiciones laborales y se fortalecerá la integración de la sociedad y la escuela, asumiendo la educación como asunto propio, enriqueciéndola con sus saberes y prácticas y ampliando los recursos didácticos, tecnológicos y económicos.

Décimo y once, primeros pasos en la educación superior: la educación media se vinculará aún más al mundo de la tecnología y las redes, a la actividad deportiva y artística, a la protección ambiental y a la articulación a la educación superior. En la educación media, los estudiantes comenzarán sus carreras mediante un sistema integrado para acceder a materias universitarias o tecnológicas y cualificaciones técnicas homologables en el sistema educativo de educación superior.

Maestras y maestros enaltecidos: en Colombia Humana las y los docentes gozarán de todas las garantías laborales y de un estatuto único de la profesión que armonice las garantías de estabilidad e ingreso para los maestros, salud ocupacional, física y mental y apoye su acceso a programas universitarios de pregrado y posgrado y el desarrollo continuo de sus capacidades. Se fortalecerán las escuelas normales y las facultades de educación y se sensibilizará a la sociedad para que maestras y maestros sean reconocidos y valorados como los líderes éticos e intelectuales de sus comunidades. Se mejorará la proporción técnica entre el número de estudiantes y el de docentes, directivos y de orientadores, de modo que se puedan mejorar las relaciones pedagógicas y de convivencia en la escuela, así como hacer seguimiento a los estudiantes y a las familias en su desarrollo.

Educación superior: ser joven da derechos: en Colombia Humana, se desarrollará un Sistema de Educación Superior Pública gratuito que buscará calidad y excelencia, universalidad, innovación y la transformación de las capacidades productivas del país. Este sistema articulará una red de nuevas universidades públicas regionales integradas con los colegios de educación media, el SENA y las universidades de calidad existentes en los territorios, para que los sistemas universitario y de formación técnica cuenten con mayor autonomía y financiamiento, estén al servicio de jóvenes, comunidades, familias, la sociedad y el desarrollo regional.

En nuestro gobierno, pasaremos de “Ser Pilo Paga” a “Ser Joven da Derechos”, buscando que hasta un millón de jóvenes adicionales ingresen a la educación superior pública y gratuita con prioridad para estudiantes campesinos, afrodescendientes, indígenas, rrom, de los sectores populares urbanos y víctimas del conflicto armado.

Educación rural y formación ciudadana: la educación rural y la formación ciudadana serán prioridad en todos los niveles educativos. Todas las poblaciones del campo accederán a una educación que reconozca sus contextos culturales, ambientales y productivos y contarán con los recursos para que su formación goce de calidad equivalente a la de las ciudades. La educación en derechos, ciudadana, política y para la reconciliación formará la verdadera generación de la paz en Colombia.

Gestión educativa descentralizada, participativa para la calidad, el acceso y la permanencia: para que las instituciones y comunidades educativas, las entidades territoriales y las universidades e instituciones de formación técnica fortalezcan su autonomía debemos mejorar sus capacidades. Los sistemas de calidad y los mecanismos de cofinanciación serán participativos, con un enfoque que reconozca la diversidad territorial y con recursos suficientes.

Se garantizará la permanencia desde la primera infancia hasta el nivel superior con programas de alimentación, transporte escolar y apoyo económico y se creará un sistema de gestión transparente, con participación comunitaria y efectivos mecanismos de vigilancia y control.

La intermediación privada en la educación pública se limitará a los casos en que organizaciones genuinamente sin ánimo de lucro ejerzan un trabajo excepcionalmente necesario. Se modernizarán infraestructura, redes y tecnología con el apoyo de toda la sociedad y modelos de gestión local económicos.

Fortalecimiento de la ciencia y la tecnología

Ciencia y tecnología para la economía productiva y el mejoramiento de la calidad: la economía productiva y el mejoramiento en la calidad de la educación tienen como presupuesto fundamental el fortalecimiento de la ciencia y la tecnología. Los programas de jornada completa incluirán actividades de contacto temprano con la ciencia y formación para la investigación.

Más recursos, más conocimiento frente a problemas prioritarios: se incrementará el presupuesto para la investigación científica y tecnológica, para el fortalecimiento de la formación doctoral y para la vinculación de la ciencia y la tecnología a la actividad productiva y al mejoramiento de la educación superior. Se adopta la perspectiva de aumentar y profundizar la producción de conocimiento con miras a enfrentar problemas nacionales y regionales, para superar la desigualdad y consolidar la paz.

Transformación de la institucionalidad: Colciencias pasará a hacer parte del sector educación y sus políticas serán orientadas por un Consejo conformado por científicos vinculados o con experiencia en la gestión de la investigación en universidades públicas y privadas, con representación de la diversidad regional. Los fondos de regalías que se asignen a investigación en ciencia y tecnologías serán administrados y distribuidos con base en criterios definidos por las entidades del sistema de educación superior. Se asignarán con prioridad recursos fijos y crecientes para programas de investigación en universidades públicas.

Hacia nuevas formas de hacer ciencia: el conocimiento global, nacional y local se vinculará a través de redes activas, productivas y de libre acceso. Se articularán las universidades nacionales e internacionales con el saber popular y los interrogantes científicos relevantes serán formulados con la participación activa de los territorios urbanos y rurales y entre el sector productivo y la sociedad en general. La investigación será avanzada y en ella participarán, de manera innovadora, solidaria y colaborativa, todos los actores sociales. Creatividad, rigor y capacidades de innovación llevarán a ampliar notablemente los grupos de investigación, el número de patentes y publicaciones científicas y en general los productos de conocimiento de primer nivel con sello colombiano y reconocimiento global. Las herramientas tecnológicas de la información y las comunicaciones se pondrán a disposición de las personas y procesos que las requieran en escuelas, empresas, comunidades y gobiernos.

Democracia cultural

Colombia Humana desarrollará políticas públicas de cultura y artes que garanticen el ejercicio de todos los derechos culturales y las diversidades. Trabajaremos para que los bienes comunes de la producción cultural del país sirvan de base para el bienestar, la reconciliación, la construcción de nuevas ciudadanías y el crecimiento económico. Se adoptará una perspectiva de democracia cultural que estimule las prácticas creativas de nuestra sociedad y que trabaje por la felicidad de las personas, que celebre la vida en todas sus formas y manifestaciones y que reconozca la riqueza y pluralidad de los saberes e identidades culturales de nuestro país.

Descentralización de las políticas culturales: se revitalizará el Sistema Nacional de Cultura que incluye el Ministerio de las Culturas, el Patrimonio Vivo y las Artes y un Plan Nacional de Concertación fortalecido para que integre obligatoriamente los planes de cultura municipales. Realizaremos acciones de política cultural para la reconstrucción del tejido social en zonas del posconflicto.

Fortaleceremos los oficios y saberes ancestrales y tradicionales, de la diversidad étnica y cultural de nuestros pueblos, y sus Planes de Vida. Conformaremos la Red Nacional de Sabedores, Creadores y Gestores culturales como estrategia para promover la memoria, dinamizar liderazgos sectoriales, empoderar procesos culturales y garantizar derechos de propiedad intelectual colectivos.

Conformaremos el Sistema Nacional de Escuelas Móviles de formación cultural, musical y artística, dando prioridad a los territorios rurales. Desarrollaremos escenarios y dotaciones para las artes, las culturas, las bibliotecas y las casas de cultura públicas.

Patrimonio material e inmaterial: adelantaremos acciones para el fortalecimiento de los patrimonios culturales inmateriales, el reconocimiento de los saberes tradicionales, reutilización, reciclaje, rehabilitación y restauración del patrimonio urbano colectivo. Se detendrá la renovación urbana arrasadora del patrimonio y se pondrán en marcha Planes Especiales de Manejo y Protección -PEMP- en centros históricos de gran importancia para el país. Se creará el Instituto Nacional de Prácticas Artísticas y Culturales de los pueblos indígenas, afrodescendientes, rrom y campesinos de Colombia para la conservación, la promoción y el fortalecimiento de su memoria e identidades. Apoyaremos la divulgación de fiestas y prácticas tradicionales. Apoyo integral recibirán todas las expresiones culturales de la juventud.

Arte y Deporte en la Educación Pública para formar ciudadanías de la paz: trabajaremos por una Educación Pública que reconozca la interculturalidad y que incluya la educación artística y la educación deportiva dentro del currículo, visibilizándolas como un derecho y un conocimiento fundamental de la infancia, la niñez y la adolescencia, así como indicador de excelencia. Promoveremos una política pública de la primera Infancia que incluya al arte como una estrategia integral de atención básica. Promoveremos el banco de iniciativas culturales y artísticas sociales y comunitarias, para articularlo a la educación pública y a los procesos sociales y comunitarios en el país. Se ampliarán a nivel nacional los Centros locales de formación artística y cultural -CLAN-, creados en Bogotá Humana, y asociaremos la red de orquestas escolares al Sistema Musical del país. Todo esto enlazado con la formación en prácticas creativas, artes y oficios para niñas y niños desde la primera infancia.

Cultura, Comunicación y Tecnologías: fortaleceremos la red pública de canales y medios regionales para que puedan producir y difundir contenidos culturales de alta calidad; fortaleceremos las radios públicas y comunitarias y promoveremos el programa participativo más ambicioso de creación de contenidos para las nuevas plataformas digitales como una estrategia para dinamizar la creatividad, el empleo cultural y los procesos de afirmación de nuestras identidades.

El cine nacional, como todas las artes, será parte integral de la Educación Pública y comunitaria, crearemos el fondo nacional de cine para la Paz y se desarrollará un programa de incentivos económicos e instrumentos normativos para el estímulo de una sociedad digital innovadora y competitiva.

Creación, conocimiento y economías de paz: con recursos que antes iban a la guerra, fortaleceremos y adecuaremos especificidades del sector cultural entendiendo que las actividades y prácticas culturales son una prioridad del Estado. Por eso deben tener financiamiento público, sin perjuicio de otras formas de financiamiento mixto y privado, nacional e internacional, en la perspectiva de apoyar el emprendimiento cultural de impacto comunitario con especial atención a la afirmación de las diversidades culturales.

Deporte, actividad física y recreación para la paz: Colombia Humana propiciará una gran movilización alrededor del deporte, la actividad física y la recreación, de la vereda y el corregimiento a todo el territorio nacional, dirigida a mejorar el uso del tiempo libre, a promocionar la vida saludable y la competencia sana orientada a la solución pacífica de conflictos, la generación de empleo alrededor de las escuelas deportivas y el desarrollo de nueva infraestructura.

Fortalecimiento de las expresiones sociales de las juventudes en campos y ciudades: especial apoyo se brindará a expresiones culturales y deportivas principalmente dinamizadas por la juventud a través de las músicas populares, el hip hop y el rock, el teatro, la danza, el muralismo, la bicicleta, las prácticas futboleras, deportes extremos y las nuevas tendencias, entre otras múltiples actividades.

Integración institucional y financiación del saber, la ciencia y la cultura

Con miras a superar la fragmentación y lograr mayor eficiencia e impacto, se creará el Consejo Nacional del Saber, la Ciencia y la Cultura, orientado desde la Presidencia de la República. Todas las entidades involucradas (Ministerios de Educación y Cultura, Coldeportes, SENA, ICBF y Colciencias) responderán a las directrices de este Consejo. El presupuesto de educación, ciencia, cultura, deporte y protección de la primera infancia se incrementará progresivamente a un 7% del PIB al final del gobierno. Tales recursos se distribuirán con énfasis en los programas de regiones con mayor exclusión social como las zonas rurales, los territorios étnicos y los sectores urbanos con más dificultades; se brindará atención prioritaria a niñas, niños y jóvenes discriminados por su condición de discapacidad, de víctima o cualquier otra.

2. SALUD COMO DERECHO FUNDAMENTAL
PARA EL BUEN VIVIR

En nuestro gobierno la salud será pública, gratuita, preventiva y para todas y todos sin ninguna discriminación, guiados por la ley estatutaria de salud, que resultó de un consenso entre los distintos actores del sector, en el que hay que avanzar. Nuestro modelo de salud estará dispuesto y al servicio del buen vivir de las personas y avanzaremos en la erradicación de las enfermedades y muertes evitables o por falta de atención a niñas, niños, mujeres y poblaciones más pobres. En Colombia Humana no morirán niños de hambre.

Colombia Humana reorganizará el Sistema de Salud para mejorar calidad y acceso con equidad

Gobernabilidad democrática y participativa: avanzaremos hacia un sistema único de salud público, descentralizado, bajo la gobernabilidad de un consejo nacional de salud y de consejos territoriales que incluirán las territorialidades indígenas y afrodescendientes. Dichos consejos de mayoría estatal estarán conformados por las autoridades sanitarias y por delegados de las comunidades, trabajadores, sociedades científicas, sector privado y academia. Sus funciones incluyen la dirección de la política nacional y territorial de salud, la gestión integral de los determinantes sociales de la salud, la coordinación de las redes de prestación pública y privada de los servicios de salud y la articulación con el fondo único de administración de los recursos de salud. La intermediación administrativa financiera en el sector salud será eliminada paulatinamente con la liquidación de las EPS y las ARL y se garantizará que concurran entes públicos y privados en una prestación ordenada, racional y efectiva de los servicios de salud.

Fondo Único de Salud: en nuestro gobierno se garantizará con transparencia y eficiencia el manejo total de los recursos públicos en salud por parte del Estado, a través de un fondo único que estará a cargo del recaudo, la administración, el pago y el control de los recursos en coordinación vinculante con los consejos nacional y territoriales, el Ministerio de salud y protección social y las autoridades sanitarias a nivel de departamentos, municipios y territorios indígenas y afrodescendientes.

Financiamiento público creciente y sostenible: El financiamiento se seguirá obteniendo mediante impuestos y aportes parafiscales a nivel nacional y territorial en una tendencia a aumentar el presupuesto general a través del control de la evasión y la elusión, aumentando el empleo y la formalización laboral y buscando que el gasto público en salud no sea inferior al 80% del gasto total en el sector.

Un modelo de salud para el buen vivir: se pondrá en marcha un modelo de salud integral que priorice la promoción y la prevención y que mejore la atención y la rehabilitación con enfoque de derechos humanos, intercultural y diferencial. De este modo se busca superar las inequidades de género, diversidad sexual, etnia, región, urbano-rural, situación, condición y ciclo vital.

El país se organizará en territorios saludables para el buen vivir a escala veredal, de corregimientos y municipal en las zonas rurales. En comunas y localidades en los centros urbanos se organizará de tal manera que equipos de salud conformados por auxiliares de salud pública, personal de enfermería, médico, odontológico y el conjunto de técnicos y profesionales de la salud adelanten labores de promoción, prevención y atención resolutiva con alto nivel de soporte tecnológico. Estos equipos irán directamente a las familias en sus casas, a la niñez en los jardines y colegios, a los jóvenes en la universidad y a los trabajadores y empresarios en los centros laborales donde se intensificarán las acciones para prevenir accidentes y muertes en el trabajo.

En este marco, Colombia Humana desarrollará programas nacionales para resolver problemas prioritarios de salud pública: 1) Cuidado integral de mujeres gestantes y primera infancia, tamizaje neonatal integral y universal. 2) Colombia humana nutrida con calidad y afecto, cero muertes por hambre, lucha contra el sobrepeso y la obesidad, impuesto a las bebidas azucaradas, promoción de una industria alimentaria sana. 3) Atención digna e integral para las víctimas del conflicto armado. 4) Colombia Humana ambientalmente saludable intervendrá para enfrentar la contaminación y mejorar la calidad de aguas, aire, alimentos y fortalece control de uso de sustancias tóxicas como asbesto, mercurio, plomo entre otras. 5) Prevención y atención integral del consumo de drogas con enfoque de reducción de daño a través estrategias como los centros móviles de atención a drogadicción -CAMAD-.

Servicios de salud prestados por una red público-privada: el país contará con una red integral e integrada de servicios de salud públicos y privados gestionada por el Estado en los niveles nacional y territorial con criterios poblacionales, geográficos, socioculturales y epidemiológicos. La prestación de los servicios de salud pública, promoción, prevención, atención general, es decir el nivel primario, estará fundamentalmente a cargo de los hospitales públicos en el marco de su jurisdicción territorial en todo el país con un enfoque de atención primaria y salud preventiva, adscripción poblacional, resolutivo, participativo y con alto soporte tecnológico. Los servicios de salud de mediana y alta complejidad estarán a cargo de los hospitales públicos y privados.

Recuperación, modernización y ampliación de la red pública nacional: la prestación de los servicios de salud por parte de los hospitales públicos será financiada por el Estado bajo la modalidad de oferta y presupuesto anual con nuevos y más sofisticados mecanismos de control técnico, fiscal y social, basados en desarrollo tecnológico e informático para planeación, supervisión y evaluación. Se recuperará y ampliará la red pública de servicios de salud en infraestructura, dotación y tecnología con énfasis en las zonas rurales, las comunidades urbanas de menores ingresos y los hospitales universitarios regionales y de alta especialidad. Los prestadores privados ofrecerán sus servicios mediante contratos adjudicados bajo la modalidad de concurso público a nivel nacional y territorial

Reapertura total del Hospital San Juan de Dios: dando continuidad a lo efectuado en Bogotá Humana, el Hospital San Juan de Dios reabrirá completamente sus puertas en calidad del centro nacional de excelencia en salud.

El gasto público financiará, sin barreras de acceso, las prestaciones no excluidas por la ley: los servicios cubiertos por el financiamiento público serán todos aquellos que no estén excluidos como prestaciones según los criterios de la Ley Estatutaria 1751 y por lo tanto no habrá restricciones administrativas para ningún grupo de tecnologías en salud que no haya sido excluido. Para asegurar la racionalidad del gasto, se fortalecerán todas las herramientas existentes de mejoramiento de calidad, oportunidad, autonomía médica, satisfacción, integralidad, validación científica y relación positiva costo-beneficio.

Los trabajadores y trabajadoras de la salud en el corazón de la Colombia Humana: el Sistema de Salud requiere que los cerca de quinientos mil profesionales y técnicos de la salud y áreas relacionadas se vinculen en condiciones dignas y estables para alcanzar la equidad en salud; en esa dirección se implementará un régimen especial para los trabajadores de la salud. Los médicos internos y residentes, en su doble condición de estudiantes y trabajadores, deben ser remunerados y sus procesos de formación en las universidades privadas deben representar para ellos costos más bajos. Igualmente se fortalecerán el servicio social obligatorio y la vinculación de profesionales de la salud en las zonas rurales en términos de cobertura, condiciones dignas y oportunidades de promoción profesional.

Formación en salud de calidad y en equidad: la formación en salud en todos los niveles y áreas será fortalecida para alcanzar indicadores de cobertura de nivel internacional de médicos generales, especialidades médicas, enfermería y odontología entre otros, tanto en promedios como en distribución equitativa por todo el territorio. Particular importancia tendrá el apoyo al fortalecimiento de la Universidad Pública para garantizar mayor acceso a la formación en salud a la población de menores ingresos.

Medicamentos de calidad de acceso universal y a un costo justo para el país: se fortalecerán la regulación y control de precios, la declaratoria de interés público para la expedición de licencias obligatorias, la utilización de las flexibilidades del ADPIC (Acuerdo de la OMC sobre los derechos de propiedad intelectual relacionadas con el comercio), la revisión de los TLC, el fomento público de la investigación y el desarrollo de medicamentos, el uso racional basado en análisis de costo-efectividad, buenas prácticas, estricta farmacovigilancia y disponibilidad de información. Todo lo anterior con el objetivo en el marco de la prevalencia de la salud pública y el derecho a la salud sobre intereses comerciales que excedan la razonabilidad de las normas de propiedad intelectual y de comercio en materia de medicamentos.

Colombia Humana con pensiones justas y sin aumento de la edad de jubilación

En nuestro gobierno se impulsará una reforma pensional cuyo eje será garantizar universalidad, equidad y sostenibilidad fiscal en la garantía de derechos a toda la población adulta del país en edad de jubilación mediante el otorgamiento de beneficios económicos justos que les permitan una vida digna.

El nuevo modelo retoma experiencias exitosas en América Latina y se organizará mediante pilares de tipo subsidiado, contributivo y complementario, combinando el régimen de prima media y el de capitalización a través de cuatro modalidades, así:

Bono pensional subsidiado: reconoceremos a todos nuestros adultos mayores del campo y la ciudad que no pudieron aportar lo suficiente a lo largo de su vida laboral, o que vivieron o viven en condición de pobreza y pobreza extrema, un bono pensional por encima del valor de la línea de pobreza.

Pensión contributiva básica y obligatoria: toda persona trabajadora, incluyendo las de mayores ingresos, cotizarán de manera obligatoria a Colpensiones una suma calculada sobre la base de uno a cuatro salarios mínimos, lo que permitirá que todos los pensionados aseguren una pensión básica bajo el régimen de prima media.

Pensión contributiva, obligatoria y complementaria: toda persona cuyos ingresos sean superiores a cuatro salarios mínimos cotizará de manera obligatoria a un fondo público o privado de pensiones de capitalización, de manera adicional a lo aportado en el componente de “Pensión Básica”. Así, el afiliado complementará sus beneficios pensionales y se garantizarán la solidaridad y universalidad del sistema pensional en su conjunto.

Ahorro complementario: todos quienes quieran complementar su pensión podrán ahorrar en una cuenta individual, en un fondo público o privado.

En Colombia Humana se creará una administradora pública de fondos de pensiones que administrará los aportes para la pensión contributiva, obligatoria y complementaria, así como el componente de ahorro voluntario. Será una administradora que compita en igualdad de condiciones con los fondos privados buscando asegurar mejores beneficios para toda la población.

El nuevo sistema pensional garantizará la reducción de brechas entre hombres y mujeres, entre habitantes del campo y la ciudad y entre grupos étnicos y población general a través de mecanismos y medidas afirmativas como los seguros de maternidad. Se solucionarán inequidades impuestas a las mujeres sobre la base de esperanzas de vida diferenciales que llevan a que reciban menores mesadas pensionales.

3. HACIA UNA ECONOMÍA PRODUCTIVA

La apuesta de los últimos años por un modelo extractivista aumentó la fragilidad de la economía colombiana, agravada por la caída de los precios internacionales del petróleo y el cambio en el uso de energías. A esto se suma las inequidades entre actividades productivas del campo, el creciente proceso de potrerización, monocultivos y deforestación, además de la concentración de la tierra que ha estado siempre en el centro del conflicto interno.

El trabajo como generador de riqueza y libertad

Conducir el país hacia una era de paz implica un tipo de economía que permita que la población colombiana goce de un buen vivir a partir de los ingresos de su trabajo. La única riqueza válida es aquella que nace del trabajo; el dinero fácil ha hecho que nuestro país sea consumido por la corrupción y la violencia. Por eso nuestro gobierno, en el marco de la transformación del modelo económico, la redistribución de la tierra y la vinculación de las ciudadanías al saber, las redes y la tecnología, adoptará medidas para generar y mantener trabajo decente con condiciones dignas de remuneración, estabilidad, seguridad social y calidad de vida tanto a nivel urbano como rural.

Buscaremos una formalización diversificada del trabajo y la cualificación laboral y empresarial, pero con apego a la garantía de derechos de tal forma que la población dependa cada vez menos de los subsidios y pueda escapar a la trampa de la pobreza. Estimularemos los emprendimientos individuales y colectivos, con miras al fortalecimiento de la pequeña y mediana empresa, democratizando las condiciones que permiten trabajar: el saber, la salud, las tierras, el agua, las energías no contaminantes y, por supuesto, el crédito. Crearemos un banco público de economía popular, que dé crédito a esos hombres y mujeres que han sido rechazados por los bancos y víctimas de los préstamos “gota a gota”.

Impulso a actividades productivas

El gobierno de la Colombia Humana asumirá la transición y la recomposición de la economía mediante el fortalecimiento de la agricultura, la reindustrialización en sectores estratégicos, el incremento de la inversión ambiental y en ciencia y tecnología, para estimular cambios tecnológicos y la gestión de la biodiversidad, todos ellos como factores de dinamización económica.

Reindustrializaremos sectores estratégicos como el metalmecánico, textil, informático, de cambio tecnológico en transporte, de producción de materiales para la construcción y de gestión integral de residuos sólidos y líquidos, entre otros; fomentaremos el desarrollo científico y tecnológico, así como la consolidación y la estabilización de pequeñas y medianas empresas. Diversificaremos nuestras exportaciones para que no dependan de un solo producto, habrá mayor educación y formación científica para producir y exportar bienes y servicios inteligentes, rentables y útiles a la sociedad.

Pondremos al alcance de la gente y de las pequeñas y medianas empresas Tecnologías de la Información y de la Comunicación para favorecer el acceso al conocimiento, promover el desarrollo económico y mejorar su oferta de empleo.

Renegociaremos los Tratados de Libre Comercio, sobre todo, las cláusulas de protección de la inversión que implican renuncia a nuestra soberanía, teniendo como aliados a los empresarios, particularmente los pequeños y medianos. Defenderemos el desarrollo industrial del país con medidas que equilibren la balanza comercial, protejan el mercado interno y nos garanticen participación efectiva en mercados internacionales. Incentivaremos la producción y el consumo nacionales para proteger nuestra base productiva agropecuaria e industrial.

Impulsaremos el desarrollo turístico del país, con énfasis en turismo sostenible, histórico, cultural y de negocios. Los beneficios económicos del turismo llegarán directamente a las comunidades locales.

Cambio climático, superación del extractivismo y transición energética

Enfrentar los desafíos del cambio climático constituye uno de los grandes retos de nuestro país y del mundo en los próximos años, que implica trasformaciones profundas en el modelo económico y no solo mejores políticas ambientales: uno de los principales cambios consiste en la disminución del uso de energías fósiles.

Para esto se requiere el fortalecimiento del papel del sector público mediante ajustes en el marco normativo, mejora de la investigación científica y promoción de conversión tecnológica en las actividades productivas con mayor potencial para una economía donde lo ambiental sea priorizado. Entre ellas tenemos inversión en conservación de bosques, reducción de la deforestación, tecnologías de producción agrícola y pecuaria con menores emisiones de gases efecto invernadero, transición a sistemas de transporte no basados en energías fósiles o energías no renovables; manejo de residuos; control a la expansión urbana física, estímulos dirigidos a mejorar la calidad de vida y el empleo en ciudades de talla media, como medida para evitar el crecimiento de grandes centros urbanos.

Partimos de la diferenciación entre la extracción de minerales y la del petróleo. La primera exige un replanteamiento inmediato de las reglas de juego, mientras que la segunda implica entrar en una fase de transición hacia la reconversión.

En nuestro gobierno el fracking no será permitido, la gran minera de oro a cielo abierto tampoco. Se restringirá y condicionará la minería a cielo abierto en función de la protección ambiental y la equidad social. Los contratos de extracción de carbón no serán renovados, ni se permitirán intervenciones que afecten el acceso al agua y la seguridad alimentaria de las comunidades que residen en la zona. El carbón que se extrae es destinado a la exportación y los ingresos fiscales que ella genera no tienen ninguna proporcionalidad respecto a sus efectos sociales y ambientales. De manera inmediata se adelantará un programa compensatorio de desarrollo humano para mejorar las condiciones de vida de las poblaciones de la zona y, en particular, de los pueblos indígenas.

La pequeña minería dirigida al consumo interno será objeto de un programa concertado orientado a disminuir sus impactos sociales y ecológicos, con base en acuerdos con los actores regionales. Acentuaremos los controles ambientales, laborales y fiscales sobre la minería en curso.

Respetaremos las decisiones democráticas de las consultas populares y se asignarán recursos para programas de desarrollo productivo en las zonas donde se decide no continuar con la extracción minera. Exigiremos a las empresas mineras la rehabilitación de las áreas intervenidas y en riesgo inminente, la descontaminación de los ríos, así como el restablecimiento de los derechos de las poblaciones afectadas. Nacionalizaremos las reservas mineras y aumentaremos la renta minera mejorando vigilancia, contabilidad y fiscalización.

Le quitaremos a las mafias el control que ejercen sobre la minería tradicional y a pequeña escala, se buscará fortalecer su organización comunitaria y se apoyará con financiación y acompañamiento a la reconversión a otras actividades productivas.

Ecopetrol, sin perjuicio de la gestión de la extracción petrolera en la transición, se convertirá en una empresa dedicada a la investigación, la promoción y la implementación de energías renovables.

Ajustaremos la regulación y adoptaremos políticas de promoción para que las empresas del sector eléctrico desarrollen tecnologías de producción de energía hídrica descentralizadas y de pequeña escala, que no utilicen represas o embalses, sino que aprovechen la fuerza del caudal del río.

Cambiaremos progresivamente las energías que utilizamos en la industria, el comercio y en nuestras casas; empezaremos a usar energías que no contaminen, que sean más baratas y que incluso puedan producir ingresos para las personas. Esta transición será pública y privada y nos llevará del petróleo, el gas y el carbón a las energías solar, eólica, geotérmica y de las mareas, entre otras.

Democratizaremos la producción y la distribución de la energía; se desarrollará un programa de paneles solares, con el cual las comunidades mejorarán sus condiciones de vida y podrán eventualmente beneficiarse económicamente.

Transformar el latifundio improductivo e impulsar la economía campesina

En la Colombia Humana no se expropiarán empresas, ni negocios, ni viviendas ni tierra productiva, pero será objetivo prioritario que progresivamente ingresen a la producción de alimentos y a la agricultura campesina alrededor de tres millones de hectáreas que hoy están destinadas a ganadería extensiva o no tienen uso alguno.

Hay que detener el aumento de la frontera agrícola, impulsando el desarrollo productivo de las zonas planas y de sabana con vocación agrícola, para frenar la deforestación, uno de los principales problemas ambientales que enfrenta el país.

Una tarea de nuestro gobierno consistirá en reducir las desigualdades en las condiciones de vida de las poblaciones rurales, respecto a las urbanas. Aplicaremos los instrumentos previstos en la Constitución y la Ley para poner en práctica la función social de la propiedad y la democratización del acceso a la tierra. De esta forma se harán respetar los derechos de los pueblos indígenas a sus territorios, los territorios colectivos de las comunidades afrocolombianas de valles interandinos y del caribe, se distribuirá tierra entre las víctimas del conflicto y los campesinos para garantizar la oferta interna de alimentos, que llegarán a las ciudades a través de canales de comercialización más equitativos y se armonizará la producción agrícola y pecuaria con la protección ambiental.

Uno de los principales instrumentos para aumentar la oferta de tierras productivas y democratizar el acceso a la tierra será el impuesto predial rural, con tarifas crecientes en función del área de los terrenos, de las condiciones de producción y de la relación entre la aptitud y el uso del suelo. Además de establecer tarifas mínimas en las normas nacionales, de acuerdo con esos criterios, se dará prioridad urgente a la actualización prioritaria del catastro en las zonas de mayor concentración de la tierra.

Los recursos provenientes de la actualización catastral y el aumento de las tarifas se destinarán a la producción de bienes públicos de apoyo a la economía campesina local y regional y al desarrollo de programas sociales municipales que mejoren las condiciones de vida de la población rural dedicada a labores agrícolas y pecuarias.

Se impulsarán los distintos instrumentos del Fondo de Tierras y se formará, donde sea necesario, se actualizará y modernizará el catastro multipropósito como primer paso para asegurar la identificación de las propiedades rurales y, consecuentemente, el reconocimiento de la posesión, es decir, la relación directa y material con la tierra. Así, se avanzará luego en el otorgamiento de títulos que protejan contra la desposesión violenta y contra la imposición de relaciones feudales aún presentes en las zonas rurales. El catastro multipropósito también será la base del ordenamiento social, ambiental y productivo de la ruralidad y la protección y el apoyo financiero y con oferta de bienes públicos de la pequeña agricultura. Con ese fin se implementarán las zonas de reserva campesinas, la adjudicación familiar y otras formas de organización territorial que propongan las organizaciones campesinas con una perspectiva regional, así como las empresas asociativas y alianzas fuertemente regulados con el sector agroindustrial.

Para que la economía campesina sea sostenible, es necesaria la construcción o el mejoramiento de vías secundarias y terciarias que permitan reducir los costos de intermediación de los productos, así como la construcción de infraestructura productiva para potenciar la productividad de las comunidades rurales y la generación de valor agregado a la producción agropecuaria. Las vías que serán priorizadas serán definidas en el Plan de Desarrollo conjuntamente con las organizaciones campesinas, estableciendo criterios de equidad regional en función de los recursos que se asignen.

Se revitalizarán los mercados campesinos en todo el país, para que allí sea posible la comercialización directa de los productos del campo a la mesa, y se facilitará el acceso al crédito a las familias campesinas y a proyectos cooperativos o de economía solidaria. Se regulará el mercado de insumos agropecuarios, fomentando el uso de prácticas y productos limpios y el manejo integrado de plagas, igualmente se protegerán las semillas como patrimonio cultural y base fundamental de la soberanía alimentaria. Para logar todo esto, fortaleceremos y estimularemos la asociatividad entre pequeños productores. Además, con las organizaciones campesinas y los pueblos indígenas y afrodescendientes, pondremos en marcha la estrategia nacional custodios de semillas.

Ordenamiento territorial en torno al agua

La Colombia Humana se compromete a la implementación efectiva de las normas constitucionales en materia ambiental, al cumplimiento de sus compromisos internacionales y a recuperar la visión original del sistema ambiental, apoyada en la participación activa de las organizaciones con base en el territorio, en la definición de las políticas y sus instrumentos y en la gestión ambiental.

El desarrollo será orientado desde lo territorial y el territorio se ordenará en torno al agua. Nuestras acciones de gobierno dejarán de lado la segmentación entre políticas minero-energéticas y recurso hídrico y forestal, impacto sobre las cuencas y oferta de agua para la agricultura y el consumo humano, para ser replanteadas desde una visión integral de gestión del agua y del cambio climático. La disponibilidad y la calidad del agua serán priorizada en las decisiones sobre la expansión minera y petrolera, también se tendrán en cuenta los impactos y el resarcimiento de los daños causados por la actividad minera y de hidrocarburos.

Las principales tareas serán la lucha contra la deforestación, la protección de los páramos y del sistema de áreas protegidas, así como la incorporación de criterios de sostenibilidad de las distintas actividades productivas.

Junto con las comunidades locales, se ejecutará la política nacional de restauración de los ecosistemas acuáticos y terrestres, en especial las áreas afectadas por la guerra y por la actividad extractiva. Se reforzará la atención a la defensa de los ecosistemas marinos y áreas insulares, recuperaremos nuestras costas y playas como espacios públicos fundamentales para la adaptación al cambio climático, detendremos la deforestación en el territorio colombiano comenzando por la Amazonia, la Orinoquia y las selvas del Pacífico.

Fortaleceremos un ordenamiento del territorio democrático, participativo y equitativo entre las regiones y entre los distintos actores de cada región y municipio, partiendo de tres factores de articulación: la dimensión ambiental y, particularmente, del agua; los derechos territoriales de los pueblos indígenas y las comunidades afros y raizales; el equilibro de interacciones entre ruralidad, producción agraria y urbanización.

Se reforzarán y actualizarán los determinantes ambientales de superior jerarquía de los planes de ordenamiento territorial y la armonización de los distintos instrumentos de planeación ambiental, con sistemas de información geográfica accesibles a todos los actores y con incorporación en el catastro multipropósito, para reducir los conflictos de usos y mejorar las condiciones de gestión y control de las áreas protegidas. Las decisiones sobre minería y explotación petrolera se incluirán en los planes de ordenamiento territorial, al cabo de procesos de concertación especiales entre autoridades y organizaciones municipales, corporaciones autónomas regionales y Ministerio de Ambiente con las autoridades mineras, con base en una revisión integral de las distintas condiciones de ordenamiento del territorio, la oferta hídrica y la actividad productiva.

Se fortalecerá la institucionalidad ambiental y se incorporará como componente esencial, de manera transversal en las distintas autoridades y entidades sectoriales. Tendremos autoridades ambientales que cumplan con su misión constitucional, blindadas contra intereses políticos y corruptos, verdaderamente autónoma y con una jurisdicción basada en las cuencas hidrográficas. Las autoridades indígenas y de comunidades afrodescendientes actuarán como autoridad ambiental en sus territorios respectivos. Las licencias ambientales se otorgarán en función de la defensa del territorio, garantizando los derechos de la naturaleza. En Colombia Humana abandonaremos la idea de que “quien contamina, paga” para desarrollar el principio de “invertir e innovar para no contaminar”.

El gobierno nacional trabajará de la mano de los campesinos y sus organizaciones, pueblos indígenas y afrodescendientes para proteger los Parques Nacionales Naturales y las demás áreas protegidas del país, con respeto por los derechos de quienes habitan en estos lugares y el desarrollo concertado de prácticas sostenibles.

El agua es quien nos gobierna y no nosotros a ella: debemos cuidarla. El agua es vida, es un derecho fundamental y un bien común de la humanidad; por eso pondremos todo nuestro empeño en descontaminar y renaturalizar las cuencas hidrográficas y proteger los nacimientos de agua, promoviendo el ahorro y el uso eficiente del agua.

Haremos de nuestras ciudades y municipios, de nuestras veredas y corregimientos, territorios menos vulnerables y con mayores capacidades para reducir los riesgos y los desafíos del cambio climático. Una de nuestras prioridades será la protección de la vida de las personas que habitan en zonas de riesgo y el fortalecimiento de los sistemas nacional, regional y municipal de gestión integral del riesgo.

En nuestro país no habrá más corridas de toros, peleas de gallos ni ningún espectáculo que haga sufrir a los animales. Los animales no son objetos sino seres sintientes que tienen derechos y, por lo tanto, promoveremos su trato digno y enfrentaremos con firmeza el tráfico de fauna silvestre.

Un país que avanza hacia la justicia climática

Colombia Humana se propone avanzar hacia una justicia climática que restablezca los desequilibrios sociales y económicos, que promueva la eliminación de la segregación y que reduzca las vulnerabilidades de los territorios mediante la generación de capacidades de los entes territoriales, los sectores económicos y las comunidades. Vislumbramos una justicia climática que permita reconocer la prevención de riesgos de desastres como un derecho colectivo y que posibilite la equidad territorial para enfrentar los desafíos del cambio climático mediante la redistribución de bienes y servicios la infraestructura, el acceso al agua potable, el saneamiento ambiental, la renovación de ciudades y la revitalización de pueblos y municipios.

Se fortalecerán las capacidades de los pequeños municipios para que no desaparezcan y, por el contrario, se conviertan en la base del fortalecimiento del campo y la dignificación de la vida campesina; para que no pierdan su identidad cultural y territorial por causa de la presión urbana, impulsaremos la construcción de equipamientos colectivos y de desarrollo productivo como estrategia de repoblamiento y mejoramiento de la calidad de vida.

Se fortalecerán los institutos de investigación y se unificarán los sistemas nacional, regional y municipal de gestión de riesgo y cambio climático. Nos preocuparemos por otorgar a los municipios recursos económicos, técnicos y humanos para reducir los riesgos existentes y prevenir los riesgos futuros generados por el cambio climático.

Será un objetivo central, proteger la vida de las familias en riesgo mediante el reasentamiento con diversidad de alternativas, retorno, reactivación económica y de medios de vida, proyectos colectivos de vivienda y repoblamiento de pueblos y zonas rurales.

Se recuperarán las playas, las costas y zonas de baja mar como bienes de uso público, ambiental y mecanismo para la reducción de la vulnerabilidad ante el aumento del nivel del mar por el cambio climático.

Nuestro gobierno promoverá iniciativas productivas locales resilientes a través de un proceso de investigación y participación de las comunidades vinculadas, incorporando y amplificando la diversidad de semillas, las fuentes de energía de agua y los sistemas de refuerzo o de sustitución de cultivos.

La Colombia Humana desarrollará sistemas de movilidad humana sostenible que contribuyan a la construcción de paz y al desarrollo de alternativas productivas basadas en modelos sostenibles que reduzcan las emisiones de carbono y sean resilientes al cambio climático. Se plantean en tal sentido la recuperación y la tecnificación de corredores férreos para transporte de carga y pasajeros; la rehabilitación de navegabilidad de los ríos que no se afecten con el tráfico fluvial; la rehabilitación, la ampliación y el mantenimiento de las vías secundarias, terciarias y vecinales para el desarrollo rural integral con uso de materiales locales, mejorados y estabilizados que minimicen los procesos de extracción de fuentes de materiales a grandes distancias.

Se revitalizará la empresa SATENA, que cuenta con la experiencia y la capacidad de ampliar sus servicios de manera competitiva a los diferentes destinos nacionales con flotas de mayor capacidad, que puedan interconectar las diferentes zonas del país.

Las ciudades en la economía productiva

El gobierno nacional acompañará los programas de los gobiernos de las ciudades dirigidos a apoyar las actividades productivas urbanas, la pequeña y mediana empresa, las actividades industriales estratégicas y los servicios que incorporen innovación.

El ordenamiento territorial debe superar la falsa dicotomía rural-urbano, de manera que la sostenibilidad de las dinámicas urbanas será evaluada y planeada teniendo en cuenta el territorio en el que se ubican a distintas escalas.

Se evaluarán los instrumentos de integración regional y se ajustarán para facilitar la conformación de categorías y acuerdos de organización regionales. Mientras se avanza hacia la formalización de estos figuras, se establecerán mecanismos regionales de toma de decisiones de aspectos cruciales en los planes de ordenamiento sujeta a la aprobación consensuada de los gobiernos municipales involucrados, particularmente en gestión del agua, gestión del riesgo, manejo de residuos, suburbanización y expansión urbana, a partir de información y diagnósticos integrados que serán proporcionados por las gobernaciones. Este mecanismo se asumirá como un primer paso para crear escenarios de consenso y de construcción de confianza en la gestión regional.

Al igual que en el campo, se mejorará la progresividad tributaria y el estímulo al incremento de los ingresos fiscales de las ciudades y, particularmente, del impuesto predial. Se formulará una política urbana nacional dirigida a combatir la segregación socioespacial y a adoptar programas de inclusión.

Se aplicarán a fondo los mecanismos constitucionales y legales disponibles para intervenir en el mercado de la tierra urbana y para mejorar las fuentes de financiación urbana con base en la movilización de plusvalías, inclusive removiendo los obstáculos legales que han impedido que presenten un mejor desempeño. Los gobiernos urbanos deben mejorar su base fiscal, con base en este tipo de instrumentos de financiación, obligaciones urbanísticas y sistemas de distribución equitativa de cargas y beneficios, para financiar el mejoramiento de sus infraestructuras, sobre todo las de movilidad, y para que los recursos nacionales puedan dirigirse prioritariamente a la reconversión productiva, a los programas sociales para superar desigualdades estructurales y a cerrar las brechas urbano-rurales.

La segregación socioeconómica en el espacio se presenta en las ciudades y en todas las regiones del país. Es necesario mejorar las condiciones de convergencia, en términos de calidad de vida, entre los centros urbanos más dinámicos y aquellos donde se concentra la pobreza. Soacha se aleja de Bogotá, Soledad de Barranquilla, a pesar de compartir el mismo territorio y tener fuertes interacciones de movilidad residencial, mercados inmobiliarios y de trabajo. Los mecanismos de integración regional deben tener como ejes articuladores lo ambiental, la movilidad y, desde el punto de vista social la reducción de las brechas sociales.

Se concertarán con los gobiernos municipales políticas para controlar el crecimiento urbano expansivo, y para mejorar la oferta de suelo bien localizado para la construcción de vivienda para las familias de bajos recursos y de ingresos medios. Adoptaremos, de la mano de los gobiernos municipales urbanos y de las organizaciones sociales, instrumentos para proteger la permanencia de las familias de medianos y bajos ingresos en las zonas centrales y para promover programas de revitalización urbana incluyentes, respetuosos de las actividades económicas y populares tradicionales y con oferta de vivienda de interés prioritario y social y en alquiler.

Se afianzará la política de subsidios a la oferta, a través de proyectos con las entidades territoriales, con los empresarios privados y con organizaciones populares de vivienda. Los programas nacionales buscarán diversificar los agentes del sector de la construcción, dando apoyo prioritario a empresas medianas y pequeñas, que desarrollen proyectos de mediana y pequeña escala, que favorezcan la mezcla social y la inserción de la vivienda de interés social y prioritaria dentro de los tejidos urbanos.

Los instrumentos de uso de bienes fiscales, mayor tributación a los lotes de engorde y declaratoria de desarrollo, construcción y uso prioritario y reajustes de terrenos serán fortalecidos y la asignación de recursos nacionales para vivienda estará condicionado al uso de esos instrumentos. Los porcentajes de suelo destinados a vivienda de interés prioritario y social se establecerán de acuerdo con el crecimiento de los hogares y sus condiciones socioeconómicas en cada centro urbano.

En las ciudades intermedias y pequeñas se promoverán programas de autogestión con desarrollo progresivo.

También pondremos en marcha un programa concertado con los gobiernos municipales y las organizaciones sociales para la legalización, el mejoramiento integral de barrios y viviendas, la adaptación al riesgo y el reconocimiento legal de las edificaciones, para reconocer el esfuerzo que han hecho las familias en autogestionar la vivienda y para mejorar sus condiciones de calidad de vida y seguridad. Se creará un fondo nacional para la financiación de programas de mejoramiento integral de barrios, para sumar a los recursos municipales, con el requisito de que incluya vivienda nueva y potencie las inversiones en mejoramiento.

Además de los instrumentos tributarios con base en el suelo, se asume el propósito de que los gobiernos de las ciudades adopten tributos como los cargos por congestión y distintos tipos de tasas de impacto, para mejorar la capacidad fiscal y para introducir progresiva y sostenidamente el modo férreo y el transporte eléctrico. Esto último es condición esencial de la estrategia para enfrentar el cambio climático y mejorar las condiciones de salud por contaminación, que empiezan a ser críticas en Bogotá y Medellín y cuyas soluciones no dan espera. Promoveremos el uso de la bicicleta, facilitaremos el desplazamiento a pie en cortas distancias y reduciremos impuestos a los vehículos eléctricos y de tecnologías limpias.

Garantizaremos el suministro de agua potable en todo el territorio nacional y se establecerá el mínimo vital de agua en todo el país. En zonas rurales, veredas, municipios pequeños e islas se impulsarán los acueductos comunitarios articulando saberes tradicionales con asistencia científica y tecnológica. Mejoraremos en calidad y cobertura los sistemas de alcantarillado e impulsaremos alternativas tecnológicas para reducir los impactos a la naturaleza. Mejoraremos calidad y reduciremos costos de los servicios públicos domiciliarios.

En nuestro gobierno se irán cerrando los rellenos sanitarios a cielo abierto para ser remplazados por tecnologías alternativas. Se promoverá el consumo responsable bajo enfoque de “Basura Cero”, para reducir la cantidad de basura. Se impulsará el desarrollo y el uso sistemático de materiales biodegradables que permitan eliminar los plásticos en empaque, embalaje y almacenamiento. Se pondrá en marcha un programa nacional de inclusión de la población recicladora al servicio de aseo, en la línea de las sentencias de la Corte Constitucional. Se modificará el régimen de los servicios de agua potable y saneamiento básico para permitir la conformación y prestación de los servicios de empresas públicas y comunitarias.

Fortaleceremos un ordenamiento territorial democrático, participativo y equitativo entre las regiones y entre los distintos actores de cada región y municipio, que tendrá tres factores de articulación: la dimensión ambiental y, particularmente, del agua, los derechos territoriales de los pueblos indígenas y las comunidades afros y raizales y el equilibro de interacciones entre ruralidad, producción agraria y urbanización.

Adoptaremos, de la mano de los gobiernos municipales urbanos y de las organizaciones sociales, instrumentos para proteger la permanencia de las familias de medianos y bajos ingresos en las zonas centrales y para promover programas de revitalización urbana incluyentes, respetuosos de las actividades económicas y populares tradicionales y con oferta de vivienda de interés prioritario y social y en alquiler.

La política urbana nacional incorporará el paradigma de la reutilización de la ciudad construida y, por tanto, la apuesta de los centros históricos será la rehabilitación y reciclaje de tejidos, estructuras y actividades existentes. Se promoverán programas de mejoramiento de edificaciones patrimoniales con oferta de vivienda de interés social o con programas de vivienda para clases medias y proyectos de revitalización con protección de los propietarios originales y con oferta de vivienda de interés social y prioritario.

4. JUSTICIA AUTÓNOMA
Y LIBRE DE PRESIONES POLÍTICAS

Adoptaremos medidas para que la ciudadanía acceda expeditamente al sistema judicial. Garantizaremos a la población el acceso a los mecanismos de protección de los derechos fundamentales consagrados por la Constitución Política. Haremos un mayor énfasis en la ética aplicada al ejercicio del derecho, tanto en la formación académica como en el control del desempeño profesional: lo legal debe identificarse con lo ético.

Haremos más transparente y efectivo el sistema judicial, garantizando seguridad jurídica. Trabajaremos para reducir tiempos y respetar términos en los procesos judiciales, garantizando la independencia del sistema acusatorio y el acceso a la protección jurídica de oficio.

Descongestionaremos y democratizaremos el acceso a la justicia mediante herramientas tecnológicas y la simplificación de trámites y gestiones. Fortaleceremos los mecanismos alternativos para solución de conflictos.

En nuestro gobierno, aunaremos esfuerzos en dotar al sistema judicial de independencia y autonomía suficientes para cumplir sus fines libre de presiones indebidas y de corrupción.

La justicia necesita de una reforma estructural que le permita cumplir con sus objetivos de manera eficaz, con autonomía administrativa y presupuestal, alejada de intereses de grupos, y de injerencias políticas. Aunado a lo anterior, trabajaremos por:

Despolitización y meritocracia: los miembros de las altas cortes serán elegidos en función de sus méritos, su experiencia, su ética y transparencia en su hoja de vida, con independencia de los poderes ejecutivo y legislativo y libremente de las injerencias de terceros o intereses particulares.

Reformulación del Consejo Superior de la Judicatura: será reemplazado por un organismo gerencial que administre la logística de la justicia mediante un sistema de gestión administrativa eficiente.

Profundización de la oralidad en los procesos judiciales: se busca continuar con la agilización de los procedimientos. Se reformularán los códigos de procedimiento con el fin de encontrar salidas eficientes y oportunas a los conflictos que se someten a la justicia.

Investigación y sanciones a aforados: las conductas y responsabilidades de magistrados, procurador general de la nación, contralor general de la república y fiscal general de la nación serán investigadas y juzgadas por un órgano que actúe rápida, rigurosa e imparcialmente. Magistratura y judicatura dejarán de ser plataformas electorales y de beneficios económicos

Mejoramiento del Sistema carcelario y penitenciario: las cárceles continúan siendo un grave problema para el Estado y la sociedad colombiana en general. Aquí convergen la impunidad, la morosidad, la congestión y la selectividad de la Justicia. Se busca solucionar esta problemática y transformar las cárceles en verdaderos espacios de rehabilitación.

Garantías para la movilización y la protesta social

Una sociedad que permite la protesta es una sociedad que respeta la diversidad y el carácter pluralista de la ciudadanía. Nuestro gobierno garantizará el ejercicio del derecho a la protesta, al igual que derechos asociados, tales como los derechos a la asociación, a la reunión y a la libertad de expresión.

Entendemos la protesta, la que no afecte los derechos de los demás, como un acto democrático, como una expresión ciudadana, como un mecanismo de control al ejercicio gubernamental y no como un delito. Por lo tanto, será el diálogo respetuoso, y no la represión, la base de nuestra respuesta institucional.

Justicia y Seguridad para vivir sin miedo y con libertad

Nos comprometemos con la consolidación de una paz que trascienda a muchas generaciones en el futuro, con la convivencia y con la seguridad en todo el territorio nacional. Trabajaremos para que el pueblo colombiano goce de Seguridad Humana, es decir que la gente disfrute de las libertades individuales y colectivas y a la vez reduzca los miedos e incertidumbres que la desigualdad social impone.

Protegeremos la integridad y la vida de las personas bajo un modelo que articule prevención, intervención social y acción oportuna y eficaz de la fuerza pública bajo un enfoque de derechos. Promoveremos acciones integrales contra las diversas causas que degradan las condiciones de vida e influyen en la comisión de actos delictivos.

Se perseguirá y sancionará la delincuencia bajo una lógica que combine la disuasión, la lucha frontal contra delitos y crímenes, así como la sanción judicial proporcionada, pronta y efectiva.

Se instituirá una política antinarcóticos integral. Las víctimas de adicción al consumo de sustancias psicoactivas serán tratadas bajo un enfoque de salud pública, no como delincuentes.

Paz con Justicia

En nuestro gobierno terminarán la mentira y la impunidad frente a la violencia de más de cincuenta años. Las víctimas y la sociedad colombiana conocerán la verdad y tendrán la garantía de que se aplicará justicia efectiva y pronta contra los victimarios.

Las tierras arrebatadas por la violencia, las mafias y la politiquería a las víctimas les serán devueltas sin demora, acompañadas de capital de trabajo, tecnología y acceso a mercados justos para asegurar la productividad y la generación de ingresos. Todos los programas incluyendo salud, educación y vivienda serán integrales y tendrán en cuenta las necesidades especiales de las víctimas para el restablecimiento pleno de sus derechos.

Militares y policías para una era de paz

La terminación del conflicto armado conduce a un ajuste de los roles, las misiones y la doctrina del sistema de seguridad nacional. Se fortalecerán la cohesión y la solidez institucional de estos cuerpos. Se realizarán los arreglos institucionales para que el servicio militar deje de ser obligatorio y para que todos los miembros de la fuerza pública accedan a la universidad. Menos combatientes y más estudiantes.

El planeamiento y la dirección estratégica de las fuerzas militares se orientarán a defender la soberanía, la independencia y la integridad territoriales, protegiendo a la población civil, en el marco del Estado Social de Derecho.

Fortaleceremos las capacidades técnicas, tecnológicas, estratégicas, tácticas, logísticas y operativas de la fuerza pública con el fin de garantizar su eficacia, intensificando a su vez la formación en asuntos civiles y respeto a los derechos humanos, fortaleciendo los lazos con la sociedad civil en general. Se desarrollarán esquemas de intervención con base en el contexto particular de cada región.

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