La orden la emitió la Corte Constitucional, que le dio un espacio de 10 días al INPEC para que le informe al juez de ejecución de penas las medidas necesarias para proteger los derechos de dos reclusos enfermos de VIH, víctimas de discriminación en la cárcel de Cómbita.

Una tutela presentada por internos, señala que desde hace un año y medio son víctimas de actos de discriminación de los otros internos y de los guardianes del Inpec.

Según los reclusos: “se les prohíbe salir del patio” para reunirse con sus abogados o son perturbados cuando están orando.

Dicen que viven en condiciones deficientes de salud y que los baños tienen: “perforaciones al lado de la taza del baño y se sale la materia fecal”.

Ante esta situación la Corte Constitucional revocó una sentencia en la que el juzgado de ejecución de penas declaró improcedente dicha tutela, por lo que decidió: “amparar los derechos fundamentales a la no discriminación y dignidad humana” de los dos internos.

También compulsó copias a la Fiscalía de la Unidad de Vida de Tunja, con el objeto de que esta investigue a la guardia de la prisión por presuntamente incurrir en el delito de actos de racismo y discriminación.