Durante la cuarta jornada de control político de la sesión conjunta de las comisiones séptimas del Senado de la República y la Cámara de Representantes sobre la crisis financiera de las Empresas Promotoras de Salud, EPS, se escucharon a los representantes de estas entidades, a los delegados de los empleados de la Salud y al Gobierno, quienes se refirieron a las posibles soluciones para enfrentar ese problema.

Inicialmente intervino el representante legal de la Asociación Mutual de Quibdó, Ambuq EPS, Luis Ernesto Valoyes, quien sostuvo que tienen 761 mil afiliados al régimen contributivo y 24 mil en el subsidiado, que hace presencia en los departamentos del Valle, Chocó, Córdoba, Sucre, Atlántico, Magdalena y Cesar y que es una EPS para la gente del campo, los afrodescendientes e indígenas.

“Los estados financieros de los últimos cinco años revelan que la deuda que tiene la Eps con hospitales y clínicas asciende a $234 mil millones. Los que nos interesa es prestar el servicio al ciudadano. Primero prestamos el servicio y luego pasamos el cobro a los entes territoriales. El principal problema es que el proceso de auditoría con los entes es muy demorado y los pagos se demoran entre 1 año y año y medio”, precisó Valoyes.

A su turno, Jorge Gómez Duarte, representante legal de Salud Mía Eps, expresó que esta empresa pertenece al régimen contributivo en la ciudad de Bucaramanga y su área metropolitana. «La promoción, prevención y diagnóstico temprano son las prioridades y cuenta con 21 mil afiliados».

Frente a su situación financiera, el Gómez Duarte aseguró que el sistema no es funcional. «Nuestra situación económica es aceptable, no hemos llegado a un punto de equilibrio, pero hemos ido disminuyendo nuestras deudas. Nuestros activos representan $516 mil millones, pasivos $3 mil milllones y capital $13 mil 500 millones a favor». Esperamos a 2022 estar en un punto de equilibrio total”.

En su intervención, Julián Daza, de la Asociación de Cabildos Indígenas del Cesar y gerente de la EPS indígena Dusakawi, la cual opera en los departamentos del Cesar, La Guajira y Magdalena, y tiene 229 mil afiliados, sostuvo que en el tema del agua que es un gran problema, “nosotros les suministramos este líquido a través de carro tanques». Precisó que ha mostrado una recuperación financiera en los últimos cinco años. Posee un patrimonio positivo de “16 mil millones, aunque están bajo medidas de vigilancia especial y tienen restricción en las afiliaciones y sólo lo pueden hacer a la población indígena».

Posteriormente, intervino el representante de la EPS Indígena Mallamas, Fabio Enríquez, quien manifestó que hacen presencia en 12 departamentos y cuenta con 350 mil afiliados. «Estamos dirigiendo nuestro trabajo hacia comunidades vulnerables con desprotección del Estado, con carga de enfermedad alta. La crisis del sistema nos ha llevado a un déficit de $40 mil millones, que es subsanable», puntualizó Enríquez.

Por su parte, Javier Orlando Hernández, de Convida EPS, explicó que llevan 84 años en el sistema, opera en los 116 municipios del departamento de Cudinamarca, que es cien por ciento pública y que su única misión es prestar servicios de salud.

“Tenemos el 60 por ciento de los afiliados al régimen subsidiado, lo que significa alrededor de 538 mil afiliados, nuestros estados financieros se encuentran bajo vigilancia y tenemos $ 214.229 mil millones de deuda”, concluyó Hernández.

Seguidamente intervino Nubia Bohórquez Peña, representante de Capresoca EPS, quien explicó que la entidad fue creada como Caja de Compensación en 1979 y en 1995 se transformó en EPS y que es la única Eps subsidiada del departamento de Casanare y cuenta con 172 mil afiliados.

«Tenemos un pasivo de $145 mil 534 millones que ha venido incrementándose desde 2014. A hoy tenemos $129 mil millones de deuda. Necesitamos apoyo en la falta de camas en el país para atender a los pacientes», precisó la señora Nubia.

En representación de los empleados de la salud, intervino Alirio Tolosa, presidente de Sindicato de Trabajadores de la Salud., que acoge a los trabajadores del grupo Salucoop, Cafesalud y Cruz Blanca.

Recordó que Salucoop era una excelente empresa y cuándo le llegó la desgracia en el 2011 sus interventores agrandaron las deudas y la planta de empleados. «Hoy 25 mil trabajadores estamos sin pago de salarios. Mil 500 trabajadores fueron expulsados de las clínicas, siendo dueños de ellas. Los interventores fueron unos sinvergüenzas, que agrandaron las deudas».

Los senadores se expresan:

El senador Álvaro Uribe, del centro Democrático, recordó: “Llevamos muchos años conociendo de la intervención politiquera y la mermelada en Salucoop, quiero que la Fiscalía culmine las investigaciones y esclarezca el tema”.

Para la senadora Victoria Sandino Simanca, Farc, con estas cuatro sesiones sobre la crisis de las EPS se quiere que el gobierno responda. «Necesitamos saber la realidad concreta en los territorios y encontramos innumerables problemas. El sistema desde siempre ha sido perverso, aun así, este carácter del sistema indígena de salud que asume el tratamiento colectivo de las comunidades y los territorios. Es un asunto que debe empezar con la prevención, garantizar un modelo de alimentación sano».

Para el senador Alberto Castillo, del Polo Democrático, no se puede coincidir en que este es un buen sistema de salud, si está basado en la cura y no en la prevención y promoción. “Creo que el problema es de fondo hay que revisarlo, tiene serias dificultades. Insistimos en el giro directo, el Gobierno hace el esfuerzo por enviar los giros a las entidades, pero las deudas con los hospitales siguen”.

Precisó que es necesario no solo llamar a la Fiscalía para que venga a estos debates, sino que sea efectiva en su accionar. La Contraloría ha expedido unos hallazgos donde se evidencia que unas platas se han desviado y este tema es necesario aclararlo por el bien del sistema y la salud de los afiliados”.

A su turno, el senador Manuel Bitervo, AICO, aseguró que con la Unidad de Pago por capacidad, UPC, diferencial se están pagando otras cosas que no tienen que ver con la salud. «Se están pagando el bienestar social, salud, educación, viajes, lámparas, anticipos, entonces este porcentaje para los indígenas está siendo desviando para otros lados. Que los entes de control den esos resultados”.

Interviene el gobierno

Carmen Eugenia Dávila, de la Defensoría del Pueblo, explicó que el incremento del número de tutelas a las EPS ha aumentado, frente a las EPS indígenas que tienen indicadores menores, ya que por cultura no interponen estas medidas. Hay una directa correlación entre la gestión de las EPS y los mayores vulneradores de los derechos a la salud. El tema de la situación financiera es sumamente importante para la garantía del derecho”.

Finalmente intervino la viceministra de Salud, Diana Isabel Cárdenas, quien explicó que en esta audiencia se evidenció la complejidad del pago de las atenciones, en donde se atendía al paciente y luego las EPS hacían el recobro. Recordó que a partir de enero de 2020 se harán pagos prospectivos, “vamos a garantizar que no haya barreras para la atención, que no estará fragmentado”.