Por: Luis Eduardo Forero Medina
Varios son los hechos que marcaron la salud pública colombiana en el último año de la segunda década del siglo XX, uno de los cuales fue El Acuerdo de Punto Final que busca acabar con la deuda estimada en más de 7,4 billones de pesos, 2 billones de pesos del régimen subsidiado y 6 billones de pesos del contributivo.
De ese total se inyectaron 1.2 billones de pesos por deudas a hospitales, IPS y EPS en el régimen contributivo para imprimirle mayor liquidez al sistema de salud, que tiene al Acuerdo como el mayor logro en el sector, en donde se persigue evitar continuar acumulando deudas nuevamente.
El Hospital Departamental de Villavicencio fue el que más recibió giros, y la Nueva EPS la que más recogió recursos provenientes del Acuerdo Final, constituyéndose en el primer paso lanzado a finales del mes de julio y que pretende devolverle brillo, oportunidad y la confianza perdidos paulatinamente en el sector. Para paliar ese enorme boquete en la salud so pena de que financieramente llegue el “momento que por sustracción de materia no se podrá prestar el servicio”, se han propuesto diversas iniciativas que den inicio más temprano que tarde a la segunda fase del Acuerdo de punto final, como “una ley de quiebras o unos estatutos de insolvencia o créditos puente, donde el Estado le preste a esas entidades para que paguen las deudas”, como lo señaló en las Comisiones Séptimas conjuntas de Cámara y Senado, Juan Carlos Giraldo Valencia, Director General de la ACHC (Asociación colombiana de hospitales y clínicas).
En 2019 continuó la purga de algunas EPS problemáticas que persisten en incumplir a los usuarios, apretándolas, interviniéndolas como Saludvida; cerrando sus servicios como Coomeva, Medimas, y Comparta, o liquidándolas como Comfacor, EPS Cruz Blanca y Emdisalud; EPS en las que sus más de más de 3 millones de afiliados empezaron a emigrar a otras EPS que no tengan ningún tipo de vigilancia especial o medida por parte de la SuperSalud. La mayor entidad receptora ha sido la Nueva EPS.
Algunos mandatarios regionales que culminaron su periodo en 2019, se rajaron en su cuatrienio en lo que respecta a la ejecución de recursos para la salud pública, área en el que les tembló la mano para invertir entre 400 mil y 500 mil millones de pesos, afectando a la población más vulnerable en programas de salud pública. En este punto el actual gobierno cree haberle metido la ficha con la entrada en vigencia del MAITE (Modelo de Atención Integral Territorial) y Ai Hospital (Programa Acción Integral en Hospitales Públicos) que busca fortalecer la atención primaria con calidad y aliviar los indicadores de los 931 hospitales públicos del país, cuyo desempeño al comienzo del actual gobierno estaba en 50 por ciento. En 23 departamentos en estos hospitales se harán inversiones por más de $124 mil millones de pesos.
En 2019 continuaron las acciones en salud pública contra enfermedades, incluso que se consideraban desaparecidas como la lepra, que el año antepasado reportó 373 nuevos casos en 30 de los 37 departamentos del país; doblando la incidencia de 2017 de esa enfermedad que puede llegar a ser mortal; en el dengue, al que no se ha podido cortar las alas, se reportan anualmente 50 mil casos; el número de afectados con cáncer infantil alcanzó 5.337, entre enero de 2016 y enero de 2017; en tanto que en 2018 se contabilizaron más de 100 mil casos de cáncer, patología que en 2030 afectaría a más de 132 mil personas en atención a las barreras de acceso con las que se topan los pacientes. Similar tendencia de incremento registra la tasa de mortalidad infantil asociada a desnutrición y que afecta principalmente a La Guajira. En cuanto a la malaria, las cifras del 2018 sumaron 62.141 casos, el 75 por ciento en 12 municipios del Pacífico colombiano, y en 2019 se reportaron en Colombia más de 75.000 eventos. La epidemia del zika no da tregua, el año anterior dejó cerca de 100 mil infectados, de las que 18.177 fueron mujeres gestantes. Entre 2017 y 2018 ocurrieron 371 casos de Mortalidad por VIH/SIDA. La tuberculosis presenta, en promedio unos 38 casos al día, según el Instituto Nacional de Salud (INS), y sólo se eliminaría para 2025.
Aunque el sistema de salud continúa cojeando internamente, a nivel internacional el país volvió a ocupar su posición predominante en América Latina, en donde después de examinar 190 instituciones de 12 países, 45 clasificaron como las mejores y de estas 18 son colombianas, siendo la Fundación Valle del Lili de Cali la mejor posicionada, seguida de la Fundación Cardioinfantil, la Fundación Cardiovascular y el Hospital Pablo Tobón Uribe.
Para 2020 algunos de los retos están dirigidos a avanzar en hospitales públicos, trabajar en flujos financieros, redes de servicio, que el servicio para los pacientes en salud sea cada vez mejor, lograr el descenso de la malaria en un 75 por ciento, disponer de un mecanismo de compensación para la atención de enfermedades de alto costo (enfermedad renal crónica, hemofilia o cáncer) e incluir 7899 medicamentos al control de precios, adicionales a los 902 medicamentos que entraron en regulación el año anterior.
@luforero4
