En los últimos días el Gobierno nacional ha venido trabajando en la reglamentación de nuevas medidas, las cuales buscan proveer recursos al Fondo de Mitigación de Emergencias y apoyar al sector empresarial.

Entre estas medidas, se encuentra el impuesto solidario para los funcionarios y contratistas del sector público que ganen entre 10 y 20 millones de pesos, el cual funcionará de la siguiente manera:

Los que devenguen un salario entre $10 millones y $12.5 millones tendrán una tarifa bruta de 15%; .
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5 millones y $15 millones, 16%; $15 millones a $20 millones, 17% y los de $20 millones del 20%. Es preciso tener en cuenta que del salario total, 1.8 millones estarán excluidos de la base gravable.

Así mismo, los servidores y contratistas del Estado con salarios mensuales a los $10 millones, podrán hacer un aporte voluntario que se calculará con base a ese ingreso.

Este impuesto regirá desde el 1 de mayo hasta el 31 de julio de este año. El talento humano en salud ni la fuerza pública aplicarán a este impuesto. Los recursos que serán recaudados por la DIAN, se dirigirán al Fondo de Mitigación de Emergencias -FOME-.

Por otro lado, se crearon tres nuevas líneas de crédito con el Fondo Nacional de Garantías para mipymes y trabajadores independientes, las cuales, contarán con un subsidio del 75% de la comisión.

La primera línea busca apoyar el pago de nóminas, para lo cual se destinaron $12 billones para esto y contará con una garantía del 90% del valor del crédito. La segunda, es para financiar el capital de trabajo, a la que se dirigieron $3 billones y una garantía del 80%. La tercera línea busca apoyar a los trabajadores independientes, que tendrá una garantía también del 80%, para lo cual se destinó $1 billón.

En esa misma línea de liberar caja a las empresas, se decidió suspender temporal y voluntariamente por dos meses los aportes de las empresas a sus trabajadores, y de trabajadores independientes.

Durante este tiempo, se continuará con la cobertura del seguro previsional, que les garantiza el pago de una pensión en caso de invalidez o una pensión de sobrevivencia a sus beneficiarios en el caso de su muerte, y con el pago de la comisión que asegura la administración de sus ahorros. Para garantizar el acceso a estos servicios, el aporte por parte de los empleadores pasaría a ser del 2,25% y el de los empleados sería del 0,75%. El aporte de los trabajadores independientes sería del 3%.

De igual forma, la banca colombiana ha reestructurado más de 5.4 millones de créditos que ascienden a un valor cercano a los $90 billones. Se han dado unos aplazamientos en el calendario tributario en los impuestos de renta, patrimonio y Obras por Impuestos.

Teniendo en cuenta las disponibilidades de liquidez de los establecimientos de crédito como consecuencia, entre otras, de las recientes de la Junta Directiva del Banco de la República por medio de las cuales se redujo el requisito de encaje para ciertos productos, se estableció para estas entidades una inversión obligatoria en títulos de deuda pública, llamados TES de Solidaridad – TDS.

Los recursos correspondientes a la emisión de estos TDS, serán cerca de $10 billones de pesos que serán utilizados exclusivamente para mitigar el impacto de la emergencia económica actual y potenciar medidas de alivio para la población más vulnerable, a través del financiamiento del FOME.

Finalmente, el Gobierno recuerda que el sistema financiero cuenta con provisiones suficientes para atender las pérdidas esperadas y no esperadas, con el fin de proteger el ahorro de los colombianos. De igual forma, está preparado para atender cualquier eventualidad futura gracias a las reservas que se han constituido a lo largo de los años.