En la audiencia, el partido Farc expuso que la situación de violencia ha costado la vida de 199 reincorporados y 34 familiares.

La audiencia se llevó a cabo dentro del proceso del trámite de estudio de medidas cautelares para proteger a los comparecientes de la fuerza pública y exFarc que están sometidos a la JEP.

La Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP realizó este lunes una diligencia virtual con la presencia de voceros del Consejo Nacional de Política del partido Farc, quienes expusieron la situación de violencia que viven en diferentes regiones del país y que, según esa organización, les ha costado la vida a 199 reincorporados y 34 familiares.

La diligencia virtual se desarrolló en el marco de las actividades de trámite de medidas cautelares colectivas avocadas por la JEP el 28 de abril pasado, dirigidas a proteger a los comparecientes de la fuerza pública y de la desmovilizada guerrilla de las Farc-EP.

La diligencia de hoy estuvo acompañada por la Procuraduría General, el representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia y la Misión de Verificación de la ONU en Colombia. También contó con la participación de la magistrada Lily Rueda, de la Sala de Amnistía o Indulto de la JEP. En la diligencia virtual participaron 55 personas (entre magistrados, equipo de la JEP, comparecientes, abogados y demás intervinientes).

Por espacio de tres horas, desde los ETCR de La Guajira, Cesar, Caquetá, Tolima, Huila, Putumayo Meta, Casanare, entre otros territorios, los excombatientes presentaron denuncias sobre situaciones que afectan su seguridad y vida y que han ocasionado el desplazamiento de muchos reincorporados y sus familias. A su vez, los miembros del partido Farc denunciaron las campañas de estigmatización y exclusión a que se ven expuestos.

Frente a esta situación, la magistratura de la JEP continuará evaluando la información allegada por los excombatientes y las entidades del Estado vinculadas al trámite de las medidas cautelares. Con base en los análisis convocará en los próximos días a una audiencia pública con el objetivo de establecer las causas estructurales de la difícil situación de riesgo y tomar medidas prontas para proteger a los comparecientes que se han sometido a la JEP.