Caso Uribe seguirá en el sistema acusatorio y jueza de garantías definirá su libertad

octubre 5, 2020 3:39 pm

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La Corte Suprema decidió este lunes que el caso del expresidente Álvaro Uribe seguirá por el sistema acusatorio y 0 de control de garantías de Bogotá definirá su libertad. El alto tribunal resolvió un conflicto de competencias que había sido elevado por el abogado del senador Iván Cepeda.

Según el concepto emitido el pasado 22 de septiembre por la jueza 30 de Control de Garantías, Clara Ximena Salcedo, el caso debe llevarse bajo la ley 906 de 2004 del sistema penal acusatorio. La jueza, dados los conflictos entre las partes sobre con base en qué ley debe ser juzgado el exsenador, solicitó el concepto de la Corte Suprema de Justicia, para determinar bajo qué sistema debe seguir el proceso.

Es por ello que hoy la máxima autoridad debate cuál será la jurisdicción para el caso: si la Ley 600 de 2000 (que rige a los aforados), vigente para los delitos ocurridos antes de 2005, o la Ley 906 de 2004 (sistema penal acusatorio), que tramita delitos cometidos después del 1 de enero de 2005. Si se decide que el exsenador sea procesado bajo la primera (Ley 600), se tomarán en cuenta las pruebas ya presentadas y será el fiscal Gabriel Jaimes quien decida el futuro de su libertad; si, en cambio, se opta por la segunda (Ley 906), la Fiscalía deberá empezar de nuevo la investigación y descartaría las pruebas existentes. Por ello la importancia de la decisión, que afectará tanto la medida de aseguramiento como la validez de las pruebas recaudadas.

El abogado del expresidente Uribe, Jaime Granados, la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio Público manifestaron en la citación anterior que el caso debería seguirse bajo la Ley 906 de 2004 y concordaron con la afirmación de la juez de que no hay razón de tipo jurídico para continuar bajo la ley 600 de 2000. Sin embargo, Reynaldo Villalba, abogado del senador Iván Cepeda, afirmó que la juez no tiene tiene competencia para tomar la decisión sobre la libertad del exsenador y, por consiguiente, este proceso debería seguir bajo la Ley 600 del 2000, con base en la cual se estaba investigando el caso hasta que Álvaro Uribe decidió renunciar al Senado.

Según Camilo Burbano, exdirector del sistema penal acusatorio de la Fiscalía, en casos similares previos, la Corte Suprema de Justicia optó por aplicar la Ley 906. También el exdirector del CTI, Julián Quintana, aseguró que la Constitución es clara: desde el año 2005, cualquier acto delictivo debe ser investigado por la Ley 906; la única excepción es la que tiene que ver con congresistas y aforados constitucionales. Tanto Burbano como Quintana coinciden en que el exsenador podría recuperar su libertad si se pasa el proceso a la Ley 906.

La revista Semana reveló la ponencia del magistrado Gerson Chaverra Castro, un documento de 29 páginas que guarda información crucial para las decisiones que se tomarán este lunes. Según la publicación, el magistrado asegura que el proceso debe continuar bajo la Ley 906 ya que Uribe Vélez renunció a su cargo como Senador de la República.

El magistrado al parecer se manifestaría de acuerdo con que la justicia ordinaria debe tomar el proceso en el mismo momento procesal en que estaba cuando fue remitido por la Corte Suprema, lo que significaría, que debería mantenerse la medida de detención domiciliaria contra el expresidente.

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