Corte Suprema de Justicia deja en firme condenas de exdirectora del IDU, Liliana Pardo y del excontralor Miguel Ángel Moralesrussi

mayo 5, 2022 8:25 am

–Tras rechazar las demandas, la Corte Suprema de Justicia dejó en firme las condenas de 19 años y 9 meses de cárcel contra exdirectora del IDU, Liliana Pardo y del excontralor Distrital, Miguel Ángel Moralesrussi, por su participación en el denominado Carrusel de la Contración en Bogotá».

La decisión la adoptó al resolver las demandas de casación presentadas por los apoderados de los dos «personajes» contra la sentencia del 7 de febrero de 2020 proferida por el Tribunal Superior de Bogotá, que, con algunas modificaciones, confirmó la dictada el 12 de octubre de 2018 por el Juzgado 10º Penal del Circuito Especializado de Bogotá.

El proceso tiene que ver con la ejecución de las obras del Sistema Integrado de Transporte, concretamente la Fase III de Transmilenio que comprendía la Avenida Boyacá, la Calle 26 y las Carreras 10ª y 7ª de esta ciudad.

Al efecto, la Corte hace la siguiente reseña:

En cumplimiento de esa misión, el Instituto de Desarrollo Urbano -IDU- celebró los contratos de consultoría N° 129 y 133 del 2005, cuyo objeto era realizar, a precio global -fijo-, los estudios y diseños de la Troncal Carrera 10ª, de la Avenida Villavicencio -Calle 34 sur a Calle 28- y de la Carrera 7ª -de la Calle 28 a la Calle 34- de Bogotá, sin reajuste a los ítems a pagar por precio unitario.

Así mismo, bajo idéntica modalidad contractual, debían adelantarse los estudios y diseños de la Troncal Calle 26 -Avenida 3ª Aeropuerto El Dorado- y de la Avenida José Celestino Mutis.

Con fundamento en esos contratos de consultoría, que tenían por objeto <> de las Troncales
de la Carrera 10ª y Calle 26, se realizó la licitación pública 022 de 2007 para la selección de los contratistas, que ejecutarían las obras de la Fase III de Transmilenio -abierta el 14 de septiembre de 2007-. En desarrollo de la oferta pública efectuada por el IDU, escogieron y seleccionaron los constructores para la ejecución de las siguientes obras:

a) Contrato N° 134 de 2007 para la adecuación de la Carrera 10ª para el Sistema de Transmilenio.

b) Contrato N° 135 de 2007, en el que el IDU acordó con el contratista la adecuación de la Calle 26 y de la Carrera
10ª para el Sistema Transmilenio y su posterior mantenimiento, así como de los tramos Grupo II, comprendidos entre la Calle 3ª y la Calle 7ª, incluido el ramal Calle 6ª entre Carrera 10ª y Carrera 9ª, con Calle 4ª y Estación Intermedia de la Calle 6ª de Bogotá.

c) Contrato N° 136 de 2007, en el que se acordó la ejecución de la totalidad de las obras de construcción y las
actividades necesarias para la adecuación del Sistema Transmilenio en la Calle 26 de la Carrera 10ª del Grupo III,
al igual que los Grupos IV, V Y VI.

d) Contrato N° 137 de 2007, celebrado entre el IDU y la Unión Temporal Transvíal en el que preacordaron la adecuación para el Sistema Transmilenio y posterior mantenimiento de la Calle 26 Tramo III comprendido entre la
Transversal 76 y la Carrera 42B y el Tramo IV comprendido entre la Carrera 42B y la Carrera 19. Para el desarrollo de las obras se entregó un anticipo de $85.751.927.394. La interventoría de este contrato estuvo a cargo del Consorcio Intercol.

e) Contrato N° 138 de 2007. Contempló la ejecución de la totalidad de las obras de construcción y las actividades
necesarias para la adecuación del Sistema de Transmilenio y posterior mantenimiento del Tramo II, comprendido entre la Carrera 97 y la Transversal 76, incluía la Estación Intermedia, patio y sus vías perimetrales y la Avenida Ciudad de Cali, entre las Calle 26 y la Avenida José Celestino Mutis.

Como resultado de la Licitación Pública N° 006 de 2008, el IDU realizó los contratos que a continuación se relacionan para el mantenimiento y conservación de la Malla Vial del Distrito:

a) Contrato N° 071 de 2008, referido a la Malla Vial del Distrito Suroccidente, celebrado con la U.T. G.T.M,
representada legalmente por Mauricio Galofre Amín. La interventoría estuvo a cargo del Consorcio PRO3.

b) Contrato 072 de 2008, para la Malla Vial del Distrito Sur, celebrado con Unión Temporal Vías de Bogotá. La
interventoría estuvo a cargo de Consorcio CCU.

Y en virtud del Acuerdo 180 de 2005, el IDU celebró los siguientes contratos de obras por valorización, a saber:
a) Contrato N° 020 del 2009 -Licitación 001 de 2009- para la construcción de andenes en la Avenida 19 entre
Calles 134 y 161.

b) Contrato N° 037 de 2009 -Licitación 013 de 2009- para la construcción de dos ciclo-puentes en la intersección
de la Avenida Ciudad de Cali y Avenida Centenario.

c) Contrato N° 068 de 2009 -Licitación 021 de 2009- para los estudios, diseño y construcción del desnivel de la
Avenida 9ª con Calle 94 y su conexión con la Avenida 19 del Distrito Capital.

En representación del IDU actuó la doctora Liliana Pardo Gaona -directora general en el período comprendido
entre el 2 de enero de 2007 y el 11 de abril de 2010-, quien dio apertura a la licitación pública para la ejecución de las obras y celebró la contratación de la Fase III de Transmilenio, así como los contratos para el mantenimiento de la Malla Vial y las obras por Valorización -como delegante-, durante los tres años de gestión.

Dicha funcionaria, en calidad de jefe de la entidad, dio comienzo a la licitación para la ejecución de las obras de las Fase III, pese a que los estudios de factibilidad, conveniencia y diseños estaban incompletos como se desprende de la ejecución imperfecta de los contratos de consultoría 129 y 136 de 2005 que tenían por objeto definir tales tópicos. Por consiguiente, esos insumos no permitían calcular la cantidad de obras a realizar, sus costos y proyecciones, de manera que las obras fueron adjudicadas con violación de los principios que orientan y definen la contratación pública, en evidente detrimento patrimonial para el Distrito, toda vez que ello derivó en serias demoras en su ejecución.

Tampoco exigió a los consultores la entrega de los diseños contratados de acuerdo a lo convenido. Por el contrario, autorizó a los contratistas de la obra a realizar actualizaciones y reajustes a los convenios ya establecidos,
así como la creación de nuevos diseños, cuyo valor fue objeto de adición.

En materia de valorización, como delegante, inició las licitaciones 001 y 013 del 2009 con clara vulneración del
principio de economía, pues en la primera la planeación presupuestal que debía realizar como directora de la entidad fue indebida, lo que derivó en la exclusión de obras que han debido realizarse porque hacían parte del objeto contractual.

En la segunda, dio inicio al proceso licitatorio con estudios y diseños obsoletos desde el punto de vista técnico.
De otro lado, como directora del IDU, pese a los atrasos en la ejecución de las obras de los contratos 137 de 2007-
Fase III de Transmilenio- y 071 y 072 de 2008 -malla vial-, del que daban cuenta las denuncias de varios concejales y los informes de las interventorías de los mismos, LILIANA PARDO GAONA adoptó decisiones administrativas que
flexibilizaron el manejo de los anticipos otorgados a los contratistas adjudicatarios de los contratos, lo cual facilitó la apropiación de esos dineros en manos de éstos.

Igualmente, se interesó indebidamente en la adjudicación de los contratos de malla vial -licitación 006 de 2008- a favor de los proponentes integrados por empresas de los Nule – Translogistic- y de Julio Gómez- Inca-, quienes
estaban asociados en la Unión Temporal GTM. Lo cual se exteriorizó de la siguiente manera: (i) ajustó los pliegos de condiciones a los requerimientos de aquellos, los que a la postre resultaron efectivamente adjudicatarios de los
contratos 071 y 072 de 2008; (ii) permitió la adjudicación de la interventoría sobre el contrato de obra 071 -adjudicado a U.T. GTM- a la firma PRO3, pese a tener el mismo representante legal que le U.T. GTM -Mauricio Galofre Amín- , en evidente conflicto de intereses prohibido en el pliego de condiciones tanto de la licitación destinada a asignar los contratos de obra, como del concurso de mérito que proveyó el contrato de interventoría.

Por otra parte, debido al grave incumplimiento del contratista U.T. Transvíal, adjudicatario del contrato 137 de
2007 de Transmilenio Fase III, resultó necesario propiciar una cesión contractual para evitar la parálisis de las obras.

Dentro de ese proceso de cesión, la directora del IDU intervino indebidamente para que la U.T. Grupo Empresarial
Vías de Bogotá -integrante principal Conalvías con 94% de participación– resultara cesionario. Para ese cometido adoptó un documento de inamovibles que desincentivó la participación de otros interesados en el proceso y presionó
con la declaratoria de la caducidad al cedente, lo que finalmente condujo a que el cesionario fuera la mencionada
empresa.

El negocio jurídico de cesión fue aprobado por el IDU, dirigido por LILIANA PARDO GAONA, aun cuando varias de
las condiciones del traspaso contractual no estaban acordes con lo que supuestamente ese instituto había contemplado como esencial. Adicionalmente, una vez cedido el contrato efectuó modificaciones al mismo que claramente reportaron un beneficio para el cesionario, las cuales inicialmente se presentaron, ante otros interesados, como improbables de adoptar.

En relación con la intervención el doctor MIGUEL ÁNGEL MORALESRUSSI RUSSI, quien como Contralor Distrital de Bogotá durante el período comprendido entre los años 2008 y 2011 debía velar por la adecuada inversión del patrimonio público en los procesos de selección de Fase III de Transmilenio, malla vial y valorización, tenemos que, en tres reuniones sostenidas con Guido Nule -una en el Hotel L’ettoile de esta ciudad y las otras dos en la oficina del
excontralor-, exigió a ese último la entrega de unos dineros correspondientes a una comisión de éxito del 2% del valor de la contratación de la Malla Vial -contratos N° 071 y 072 del 2008-, para no entorpecer la adjudicación de esos contratos a los consorcios o uniones temporales en las que participaban empresas de los Nule.

Por todo ello, la Corte Suprema de Justicia decidio: INADMITIR las demandas de casación interpuestas por la defensa de MIGUEL ÁNGEL MORALESRUSSI y LILIANA PARDO GAONA contra la sentencia emitida el 7 de febrero de 2020 por el Tribunal Superior de Bogotá.

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