Corte Constitucional conmemora los 30 años de la tutela, norma que revolucionó la justicia en Colombia

mayo 13, 2022 7:51 am

–Este viernes se están cumpliendo 30 años de la entrada en vigencia de la Acción de Tutela, una de las normas más importante dentro del ordenamiento jurídico de Colombia, puesto que, gracias a ella, se han protegido los derechos fundamentales de millones de colombianos desde que se conoció la sentencia T-001 del 3 de abril de 1992 y se produjo el primer fallo, con ponencia del exmagistrado José Gregorio Hernández Galindo.

Para conmemorar este hecho, la Corte Constitucional, la Defensoría del Pueblo, la Corporación Excelencia en la Justicia y la Universidad Sergio Arboleda convocaron para este viernes un foro académico para analizar las bondades y retos que esta acción constitucional ha tenido para la garantía de los derechos de los ciudadanos en Colombia.

La actividad se desarrollará en tres paneles. El primero tiene como título “Justiciabilidad de los derechos fundamentales a través de la acción de tutela”, en el que expertos en la materia expondrán distintos aspectos de dicha acción en Colombia, su evolución y retos actuales.

En el segundo panel, “La eficacia de la acción de tutela en sus primeros 30 años”, se discutirá la efectividad de la acción de tutela de cara a la protección de derechos fundamentales. Y en el tercero, “La acción de tutela y el derecho a la salud”, se expondrán las propuestas para mejorar la eficacia de la tutela en este campo.

Para recordar este hito en la administración de justicia en Colombia, registramos los parámetros, fundamentos y forma de aplicación de la norma, que fijó la Corte Constitucional en su momento a propósito de la función de revisión que cumple para su debida aplicación:

1.- La Constitución Política de 1991 establece, en su artículo 86, que “toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar (…) la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuandoquiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.”

El Decreto 2591 de 1991, a su turno, dispone, en términos similares, que todas las personas cuentan con la posibilidad de reclamar ante los jueces, mediante el procedimiento preferente y sumario de la acción de tutela, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, en caso de que estos resulten vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares, en los casos que el mismo Decreto indique[1].

Adicionalmente, nuestro ordenamiento constitucional (i) consagra que uno de los fines esenciales del Estado es aquel de garantizar la efectividad de los derechos consagrados en la propia Constitución (C.P., art. 2°); (ii) protege el derecho de toda persona a acceder a la administración de justicia (C.P., art. 229); (iii) e incluye, como un derecho fundamental, el debido proceso (C.P., art. 29).

Estas disposiciones superiores se encuentran en consonancia con los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, suscritos y ratificados por Colombia[2], los cuales contemplan, asimismo, el derecho a la protección judicial efectiva. La Convención, por ejemplo, declara que“[t]oda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales” (art. 25). Por su parte, el Pacto establece que“[t]oda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con todas las garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil.” (art. 14).

2.- Esta Corporación ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre el derecho de acceso a la administración de justicia y ha señalado (i) que se trata de un derecho fundamental de aplicación inmediata, (ii) que es un elemento constitutivo del derecho al debido proceso, y, (iii) cuyo correlato es el deber de las autoridades públicas, que, en calidad de garantes de los derechos de los ciudadanos, tienen la obligación de promover las condiciones para que el acceso a dicho servicio público sea real y efectivo[3].

De conformidad con lo anterior, en varias ocasiones las Salas de Revisión han amparado el derecho a la protección judicial efectiva en materia de acción de tutela. Por ejemplo, la Sala Tercera, en sentencia T-678 de 2003, dejó sin efectos un auto mediante el cual la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia decidió no admitir a trámite la acción de tutela que interpusiera un ciudadano contra la Sala de Casación Penal de la misma Corte, al considerar que ésta no procedía contra sentencias adoptadas por las Salas de Casación.

La Sala Tercera recordó que resulta contrario a la Constitución que las autoridades judiciales inadmitan la acción de tutela contra providencias judiciales y posteriormente se nieguen a remitir dicha decisión a la Corte Constitucional para su eventual revisión, bajo el argumento de que ésta no constituye una sentencia. Lo anterior, por cuanto tal decisión de inadmisión vulnera, ella misma, el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia. Adicionalmente, indicó que el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, en tanto manifestación concreta de los derechos a acceder a la justicia, a la defensa y al debido proceso, resulta vulnerado cuando las autoridades judiciales competentes para decidir sobre las acciones de tutela, se sustraen a su obligación de defensa y protección de los derechos fundamentales y eliminan, así, la posibilidad de goce por parte de sus titulares. De esta manera, la Sala concluyó que, de conformidad con los principios de inmediación, informalidad y efectividad que rigen la acción de tutela, las dos únicas opciones constitucionalmente válidas son la concesión de la tutela o su denegatoria, bien por razones de fondo o de procedencia, con el propósito de que dicha decisión sea susceptible de revisión eventual por parte de la Corte Constitucional.

De igual manera, en sentencia T-328 de 2005, esta Sala de Revisión analizó un caso en el que un ciudadano interpuso acción de tutela contra un magistrado de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, quien fuera designado como ponente en el trámite de una primigenia acción de amparo constitucional contra la Sala de Casación Penal, la cual fue decidida mediante auto de inadmisión a trámite. El actor consideraba vulnerados sus derechos de petición y de acceso a la administración de justicia, por cuanto, transcurridos dos (2) años desde la presentación de la acción de tutela dirigida contra la Sala de Casación Penal, no había sido posible la remisión de la decisión de rechazo a la Corte Constitucional, para su eventual revisión, ni la devolución de los documentos que el peticionario adjuntara en aquella ocasión al escrito de tutela, a pesar de haber dirigido varios derechos de petición para el efecto.

Esta Sala de Revisión concedió el amparo y, en consecuencia, declaró la nulidad de la decisión inadmisoria de la acción de tutela; ordenó, asimismo, a la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, devolver al actor los documentos que adjuntó a la acción de tutela y, por último, lo autorizó a acudir ante cualquier juez unipersonal o colegiado para reclamar mediante la acción de tutela la protección de los derechos fundamentales reclamados en la primera oportunidad.

3.- Así mismo, la jurisprudencia constitucional ha sostenido de manera reiterada que los jueces tienen el deber de resolver las acciones de tutela que se presenten contra cualquier autoridad pública bien sea concediendo o negando el amparo; en esta segunda hipótesis, por improcedencia o por ausencia de vulneración o amenaza de derechos fundamentales, sin que sea válido emitir una decisión de no admisión a trámite, o de rechazo y archivo, por cuanto, esto último configura una vulneración del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva de los derechos fundamentales.

Desde sus inicios, la Corte Constitucional ha proferido jurisprudencia en este sentido. Así, por ejemplo, en sentencia T-034 de 1994, la Sala Quinta de Revisión, señaló que, sin excepción alguna, toda demanda de tutela debe ser admitida, tramitada y fallada dentro del término constitucional, de manera que al culminar dicho procedimiento, el peticionario debe recibir respuesta respecto del amparo o negativa de tutela de su derecho y, en caso de no haberlo sido, sobre los motivos que asistieron al juez para negarlo.

De igual manera, indicó que no hay lugar al rechazo de la demanda de tutela, pues es muy claro el texto del artículo 86 de la Constitución Política en el sentido de que la administración de justicia, ante la petición de quien se considere afectado, está en la obligación de verificar si los derechos fundamentales invocados han sido vulnerados o amenazados y, si así lo estableciere, de disponer lo conducente para la materialización de la normatividad constitucional.

Precisó, no obstante, que la única excepción a este principio se encuentra en el artículo 17 del Decreto 2591 de 1991[4], de suerte que la acción de tutela podrá ser rechazada de plano bajo la hipótesis de la falta de corrección de la demanda por parte del actor, pero destaca que tal rechazo en ningún momento es obligatorio, sino una facultad con que cuenta el juez constitucional, de cumplirse los supuestos de la disposición mencionada.

En igual sentido, la sentencia T-463 de 1996 recordó que el juez de tutela tiene la responsabilidad de esclarecer los hechos y de adoptar las providencias oportunas que los preceptos constitucionales exigen. Adicionalmente, hizo referencia al deber de la autoridad judicial de pronunciarse sobre todos los derechos que encuentre afectados, así algunos de ellos no hayan sido invocados por el petente. Así, sobre la actividad del juez constitucional puntualizó: “El juez, especialmente en materia de tutela, tiene a su cargo un papel activo, independiente, que implica la búsqueda de la verdad y de la razón, y que riñe con la estática e indolente posición de quien se limita a encontrar cualquier defecto en la forma de la demanda para negar el amparo que de él se impetra.”

4.- En vista de lo anterior, a saber, (i) el ordenamiento constitucional; (ii) las diversas disposiciones consagradas en instrumentos internacionales de derechos humanos, aprobados y ratificados por Colombia; (iii) y la abundante y reiterada jurisprudencia de esta Corte Constitucional, que contemplan el derecho a la tutela judicial efectiva como manifestación de los derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia y al debido proceso, se hace necesario realizar una interpretación sistemática y no restrictiva ni aislada de disposiciones como el artículo 118 del Código de Procedimiento Civil[5], cuando se trata del procedimiento preferente y sumario de la acción de tutela, o como el artículo 17 del Decreto 2591 de 1991.

En efecto, esta última disposición permite al juez de tutela rechazar de plano la acción de amparo constitucional, cuando se cumplan las siguientes tres condiciones: (i) que no pueda determinarse el hecho o la razón que motiva la solicitud de tutela, (ii) que el juez haya solicitado al demandante corregirla en el término de tres (3) días, expresamente señalados en la providencia, mediante la cual solicitó dicha corrección, (iii) y que el demandante no corrija la acción de tutela en el término señalado.

Con todo, esta Sala considera necesario reiterar que el juez constitucional cumple la primordial función de protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos, los cuales, como se ha dicho a lo largo de esta providencia, no pueden quedar sin amparo efectivo por parte del aparato de administración de justicia. De lo anterior se deriva, entonces, que el juez de tutela, más que contar con una facultad, tiene el deber de desplegar la actividad probatoria necesaria en aras de establecer la verdad de los hechos. Así lo disponen los artículos 19 a 21 del mismo Decreto 2591 de 1991, pues (i) el artículo 19 faculta al juez para requerir informes al órgano o a la autoridad demandados; (ii) de manera que si éstos no fueren rendidos dentro del plazo correspondiente, los hechos se tendrán por ciertos (art. 20); (iii) pero, si del informe resultare que no son ciertos, podrá solicitarse a las partes información adicional, junto con las pruebas que resulten necesarias (art. 21); y (iv) en todo caso, el juez podrá fundamentar su decisión en cualquier medio probatorio para conceder o negar la tutela (art. 21, inc. final).

La jurisprudencia constitucional[6] también ha señalado, por ejemplo, que cuando el demandante no integra la causa pasiva en debida forma, de suerte que omite incluir a todas aquellas entidades cuyo concurso es necesario para establecer la presunta amenaza o violación de los derechos invocados, es deber del juez constitucional proceder a su vinculación de manera oficiosa, a fin de garantizarles su derecho a la defensa y, en esa medida, permitirle a la autoridad establecer el grado de responsabilidad que pueda serle imputada en los hechos que son materia de controversia. Ha establecido, asimismo, como en el fallo antes referido, que es una obligación del juez pronunciarse respecto de todos aquellos derechos que encuentre afectados y no limitarse únicamente a proteger los que fueron invocados por la parte actora.

Surge así que el juez de tutela cuenta con un amplio margen de acción en materia probatoria, al igual que amplias facultades en la conducción del trámite de la acción, los cuales, se reitera, debe desplegar en aquellos casos en que considere incompleta la información suministrada por las partes, sin que configure una interpretación constitucionalmente admisible del artículo 17 del Decreto 2591 de 1991, que la acción de tutela debe ser necesariamente rechazada ante la omisión en la corrección por parte del demandante, pues, como se ha indicado, el juez cuenta con una serie de facultades procesales adicionales tendentes a completar la información y el acerbo probatorio.

Todo lo anterior permite señalar a esta Sala de Revisión que, en aras de hacer efectivos los derechos a la tutela judicial efectiva, al acceso a la administración de justicia y al debido proceso, es deber del juez de tutela decidir de fondo las solicitudes de amparo constitucional que lleguen a su conocimiento, bien sea concediendo o denegando dicha solicitud, a fin de que la totalidad de los fallos de tutela sea susceptible de eventual revisión por parte de esta Corporación. De igual manera, que el juez tiene la obligación, más que la facultad, de realizar todas aquellas actividades que le permitan determinar si en el caso sometido a su consideración se presentó o no la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales de quien ejerce la acción tutelar.

Los comentarios están cerrados.