El horror de los «falsos positivos»: A sangre fría, sin miramientos, militares asesinaron a jóvenes inermes

julio 19, 2022 6:17 am

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–Las escenas de horror y de dolor que se registraron en el reconocimiento de los crímenes cometidos por parte de las extintas Farc, se repitieron este lunes en la primera jornada de la audiencia de reconocimiento de los militares implicados en los llamados «falsos positivos», realizada por la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, en la ciudad de Valledupar, la capital del Cesar.

Fueron 127 personas fueron asesinadas y presentadas como bajas en combate en el norte de Cesar y sur de La Guajira entre enero de 2002 y julio de 2005 por estos miembros del Batallón La Popa del Ejército Nacional. En muchos casos, lo hicieron en alianza con los grupos paramilitares. Otros 120, fueron desaparecidos y aún hoy, no se sabe de su paradero.

Son doce los militares retirados que se enfrentaron en el cara a cara con los familiares de sus víctimas para reconocer el asesinato a sangre fría de jóvenes a cambio de recibir recompensas en dinero, buenas comidas, viajes, paseos, orgías con prostitutas, licencias y otros privilegios e inclusos ascensos.

Eran 15 los uniformados que inicialmente fueron llamados a comparecer, pero 3 más que también fueron imputados de cargos, no reconocieron su responsabilidad, por lo que no se les obligó a estar en la audiencia, pero enfrentarán un proceso, en el que de ser hallados culpables, podrán ser condenados hasta 20 años de cárcel.

Ellos fueron el coronel retirado Publio Hernán Mejía; el coronel retirado Juan Carlos Figueroa y el mayor José Pastor Ruiz Mahecha. Mejía fue comandante del Batallón La Popa entre 2002 y 2003, tiempo en el cual se habrían perpetrado 75 de los crímenes. Figueroa Suárez, sucedió a Mejía en 2004 y permaneció como comandante de dicha unidad militar hasta 2005. Según la JEP, Figueroa Suárez tiene responsabilidad en 52 casos de falsos positivos.

Los que están respondiendo por los «falsos positivos» son los mayores, Guillermo Gutiérrez Riveros y Heber Hernán Gómez Naranjo; el teniente Carlos Andrés Lora Cabrales, el subteniente Eduart Gustavo Álvarez Mejía, el subteniente Elkin Leonardo Burgos, el sargento primero Efraín Andrade Perea, el sargento primero Manuel Valentín Padilla Espitia, el sargento viceprimero José de Jesús Rueda, el cabo tercero Elkin Rojas y los soldados Juan Carlos Soto Sepúlveda, Yeris Andrés Gómez Coronel y Alex José Mercado Sierra.

La audiencia, en el marco del subcaso Costa Caribe del Caso 03 sobre asesinatos y desapariciones forzadas y presentadas como «bajas en combate» por agentes del Estado, se inició hacia las 9 de la mañana y terminó a las 8 y 26 minutos de la noche.

Rocío Escorcia, hermana de Jhon Jader Escorcia, asesinado luego de ser entregado por paramilitares, una de las primeras víctimas en intervenir, pidió un minuto de silencio en homenaje a la señora María Otilia «una guerrera que me acompañó en mi lucha, una madre que nunca cedió en la búsqueda de su hijo».

Finalmente, Rocío les dijo a los comparecientes: «No se metieron a la montaña a buscar guerrilla, sino que nos quitaron a los pelaos inocentes que teníamos en el pueblo y con eso querían limpiar al país de la guerrilla».

Franklin Navarro, padre del joven wiwa Carlos Mario, se dirigió a los comparecientes José de Jesús Rueda Quintero y Yeris Andrés Gómez, responsables del asesinato de su hijo. Les pidió que cumplan su compromiso de decir la verdad frente a todos.

El soldado profesional Yeris Andrés Gómez, quien hizo parte del grupo especial Zarpazo, reconoció su responsabilidad en los crímenes que le imputó la JEP y pasó a relatar varios detalles de las reuniones, órdenes y operaciones que se dieron para dar de baja a civiles.

Gómez recordó que cuando comenzó la alianza paramilitar con el batallón La Popa, salieron a una finca en la que se encontraban ‘Jorge 40’ y otros comandantes paramilitares. «Ese día llegamos hasta cierto lugar donde entró el comandante Publio Hernán Mejía a la reunión», reveló.

También relató que en octubre de 2002 en una hacienda hubo un enfrentamiento con un grupo paramilitar donde, con conocimiento de los comandantes, dieron tiros de gracia a combatientes que habían quedado heridos y asesinaron a otros 9 que habían capturado vivos.

Se entregaron 9 personas con su respectivo armamento y 9 más estaban heridos y no se les prestaron los primeros auxilios, sino que les dimos tiros de gracia por orden del mayor José Pastor Ruiz Mahecha», detalló Yeris Gómez.

En estos hechos, según Gómez, varios cuerpos fueron transportados en una camioneta de la gobernación del Cesar y sin presencia del CTI de la Fiscalía, que debía encargarse el levantamiento de los cuerpos. Y, además, se dio la orden de pasar esas bajas como guerrilleros del Eln.

También relató cómo, en alianza con paramilitares bajo el mando de ‘Jorge 40’, asesinaron a 2 jóvenes wiwa. Eran Luis Eduardo Oñate y Carlos Mario Navarro, el hijo del señor Franklin. «Cuando nos los llevamos yo ya había recibido la orden del sargento Rueda Quintero de matarlos».

«Los dos jóvenes wiwa no hacían parte de ningún grupo ilegal, solo eran civiles uniformados por los paramilitares y entregados por ellos para que los hiciéramos pasar como delincuentes. (…) Les quitamos la vida solo por dar un resultado operacional», dijo Gómez.

También relató cómo en julio de 2003, coordinaron una operación con el grupo especial Zarpazo para asesinar al señor Uriel Evangelista Arias, de quien se les informó que la gobernación del Cesar, de aquel entonces, estaba ofreciendo 50 millones de pesos por su cabeza.

«Ese día lo capturamos y dieron la orden al soldado profesional Valencia para que lo matara a sangre fría. Ahí no hubo combates, fue un crimen en persona protegida, el señor nunca sacó su arma», dijo Gómez y agregó: «a su esposa le pido perdón y reconozco mi responsabilidad».

En medio del reconocimiento de Yeris Gómez, el magistrado Óscar Parra lo interrumpió para preguntarle si podía referirse al caso de Laura Piña. «Fueron tres personas traídas de Barranquilla (…), cuando era miembro de Albardón 1», respondió.

«Se recolectó dinero para traer esas tres personas de Barranquilla que no tenían nada que ver con el conflicto armado», continuó Gómez. «Las trajeron engañadas a trabajar en una finca cafetera y a los muchachos les dijeron que iban a trabajar con paramilitares», añadió.

«Ahí fue asesinado Álvaro Adolfo Piña, Carlos Carmona y un hombre sin identificar», confesó Yeris ante el auditorio. «Quiero decirles que no soy merecedor de su perdón, porque personas con la nobleza que ustedes tiene no merecen estar pasando por este inmenso dolor», agregó.

«Los soles de los generales Mario Montoya Uribe, el general Justo Eliseo Peña, el general Juan Pablo Rodríguez Barragán y el general Raúl Antonio Rodríguez Arévalo y el coronel Monsalve Hernández, están manchados de sangre así como mis manos», dijo Gómez.

Yeris Gómez se refirió a «la primera persona que asesiné por orden de un superior», dijo y añadió: «por esta persona el comandante del batallón la POPA me dio 100.000 pesos y a todo el grupo especial les compró arroz chino».

Gómez manifestó que eran estos altos mandos quienes daban los premios y permisos por estas operaciones. Agregó que «hasta el presidente de entonces Uribe Vélez pedía resultados, tropa que no daba resultados no tenía permisos. Y esa era la seguridad democrática, matar inocentes».

«Daban viajes para Cartagena, San Andrés, daban pistolas como premio, fiestas y daban reuniones con trabajadoras sexuales», dijo Gómez refiriéndose a los incentivos que daban los altos mandos por los falsos resultados operacionales de La Popa.

Gómez agregó que «hasta el presidente de entonces, Uribe Vélez, pedía resultados, tropa que no daba resultados no tenía permisos. Y esa era la seguridad democrática, matar inocentes que no tenían nada que ver con el conflicto armado».

Luego de leer los nombres de las víctimas en la segunda modalidad del primer patrón criminal, el magistrado Óscar Parra dio la palabra a Oseas Tomás Arias Martínez, hermano Enrique Arias y primo de Uriel Evangelista Arias, ambos presentados como falsas bajas en combate.

«Yo empecé como miembro activo del Ejército en el Batallón La Popa'», dijo para abrir su intervención Oseas, quien recalcó el orgullo que le significó ser militar. Sin embargo, contó que le dieron la baja por reclamar al batallón el cuerpo de su primo Uriel Evangelista.

A continuación, Oseas Arias les agradeció a los comparecientes. «Le doy mi agradecimiento a usted, soldado profesional Yeris Gómez (…). Nos ponemos en sus zapatos, sabemos lo que implica todo eso que usted ha dicho», dijo.

Finalmente, Arias agradeció al Colectivo de Abogados , al Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, a la Procuraduría y a la JEP. «Gracias por llorar con nosotros, gracias por acompañarnos, por hacernos parte de su familia, gracias por tanta solidaridad con nosotros», dijo.

En su reconocimiento, Manuel Valentín Padilla Espitia, exagente de inteligencia externa, relató los detalles de sus funciones fuera del batallón. «Yo debía buscar una fachada. Empecé comprando chivos y me conseguí un socio para distribuirlos en la plaza», relató.

«Mis actividades con las AUC eran las de llevar información al comando del batallón. Informaba en forma personal o mediante un mensaje cuando estos delincuentes iban a dar una baja o un ‘positivo'», continuó relatando Padilla.

Padilla reveló que la información la obtenía de un mensajero que «era una persona común y corriente que me decía ‘lo necesita El Paisa porque el señor 39 le va a entregar un positivo al señor Mejía’. Y de ahí cuadrábamos con el señor Mejía que ya sabía de estos hechos», dijo.

Luego Padilla explicó que en el batallón se legalizaban estas ejecuciones como una baja en combate a través de una orden de operación con el oficial de operaciones, «todo con conocimiento de Hernán Mejía Gutiérrez en las fechas de estas operaciones», dijo.

En seguida, Padilla enumeró varios crímenes en los cuales las víctimas fueron asesinadas por paramilitares con conocimiento de la comandancia y presentadas como falsas bajas en combate. Padilla pidió perdón a cada uno de los familiares de las víctimas.

Finalmente, Padilla pidió perdón a las comunidades indígenas de la región que afectó. «Hoy me arrepiento de corazón y espero que en sus corazones algún día puedan restaurar ese daño tan grande que les causamos a estos hombres y mujeres luchadores por la madre tierra», concluyó.

El magistrado Óscar Parra le preguntó a Padilla qué podía decir sobre actividades de encubrimiento de estos hechos al interior del batallón. El compareciente respondió que nunca se utilizó para ello el planeamiento de inteligencia «porque el coronel Mejía manejaba eso a su antojo».

Para abrir su intervención, Heber Hernán Gómez Naranjo, exjefe de operaciones, reconoció que al interior de ‘La Popa’ operó «una estructura criminal encabezada y liderada por el entonces comandante de batallón: el teniente coronel Publio Hernán Mejía Gutiérrez”.

Dirigiéndose a las víctimas, Gómez Naranjo dijo: «Les confieso, no sé en qué momento pervertí la moral, creyendo y siguiendo el discurso de un falso y negativo líder en el batallón (…). No me explico en qué momento dejé de lado los principios y valores».

Gómez Naranjo reconoció «la humildad, la nobleza, la sencillez y la grandeza de todas las mujeres víctimas aquí presentes (…). A usted, señora Ana Julia; a usted, señora Rocío; a su hermana la señora Carmen que está aquí también; a usted, señora margarita», dijo.

El magistrado Parra le preguntó a Gómez Naranjo qué factor determinante permitió que se presentaran estos 127 asesinatos en apenas dos años y medio. «Desde el comando del batallón se sembró la semilla a través una exigencia permanente de resultados», respondió el militar retirado.

La magistrada Julieta Lemaitre leyó los nombres de otro grupo de víctimas antes de pasar a la tercera modalidad del primer patrón criminal que obedeció a señalamientos de personas por supuestamente haber sido sorprendidas en actos ilegales sin que esta información fuera contrastada.

«Hace 18 años ando con este periódico buscando quién fue el asesino de mi hermano, quiénes fueron los que se lo llevaron», empezó diciendo en su intervención la señora Osmaira Nieves, indígena wiwa. «¿Cómo le responden ustedes esto al país?», les preguntó a los comparecientes.

Luego, Elizabeth Coronado, hermana de Carlos Mario, asesinado junto a Luis Eduardo Oñate, comenzó diciendo: «Fue muy duro, terrible para nosotros como familia, porque perdimos dos seres queridos. A raíz de la muerte de Carlos Mario, mi abuelo se quitó la vida».

«Somos muchas víctimas, alzo la voz por esas víctimas para que no haya más repetición», dijo Elizabeth y agregó:

«Miren cómo el mal destruye, destruye las familias, las etnias, yo soy wiwa. Se pueden dar cuenta cómo se destrozan».

La magistrada Lemaitre resaltó la dureza del testimonio de Elizabeth.

«Yo espero que ustedes estén viendo en los rostros de estas mujeres, otra vez los rostros de quienes rogaron por sus vidas», les dijo la magistrada a los comparecientes.

«Aún nos preguntamos por qué», dijo Danelis Bolaños, hermana de Ever de Jesús Montero, al iniciar su intervención frente a los comparecientes. «Mi hermano era un jornalero, un campesino de bien, era el sustento en esos momentos de mi madre», agregó.

José de Jesús Rueda Quintero, excomandante del grupo especial Zarpazo, inició su intervención diciendo que traía respuestas «que es lo que las víctimas quieren y se merecen». «Cuando llegué al batallón La Popa inmediatamente pude identificar lo que se manejaba aquí», dijo.

«Seguimos avanzando porque nunca hubo una recriminación por parte del batallón (…) al contrario, recibíamos felicitaciones. Yo vi que era fácil continuar con esa práctica», manifestó Rueda. Al llegar el coronel Figueroa lo nombraron para comandar el grupo especial Zarpazo.

Rueda, dirigiéndose al señor Franklin Navarro, le dijo: «creo que usted es una persona supremamente valiente. Yo no hubiera sido capaz de hacer lo que usted hace». Y agregó; «nunca fue nuestra intención hacerle daño a la señora Ana Julia, ni a Jesús, ni quitarles a su hermano».

«El magistrado preguntaba por qué pasó esto. Por qué lo permitimos», dijo Rueda y luego, refiriéndose a varias de las víctimas señaló: «Eran jóvenes que no tenían que morir así. Eran el futuro de Colombia».

Rueda reiteró la inocencia de las víctimas. «Los jóvenes wiwa y kankuamo que no tenían nada que ver con el conflicto armado y por mis decisiones y mis alianzas, con las autodefensas, se dieron de baja y se presentaron como muertos en combate», dijo.

Rueda habló sobre los encubrimientos al interior del batallón, según él, se presentaban todo el tiempo. Se alteraban los informes de patrullaje para decir que había combates. «Ese tipo de encubrimientos siempre se hacían cuando había algo ilícito», dijo.

Juan Carlos Soto Sepúlveda, soldado profesional que hizo parte del pelotón ‘Albardón 3’, contó cómo el primer asesinato que cometió fue por orden del sargento León, quien acordó con un comandante de las AUC asesinar a quien supuestamente había volado una mina de carbón.


El último asesinato relatado por Soto, en medio de la conmoción del auditorio, corresponde a un combatiente de las Farc que fue capturado luego de un combate. «Mi teniente [Moreno] me dice asesínelo», dijo. Y así lo hizo.

Con el testimonio de Soto Sepúlveda, el magistrado Óscar Parra concluyó el primer día de esta audiencia de reconocimiento.

Este martes continúa la segunda jornada en la que participarán víctimas y comparecientes del segundo patrón criminal.

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