Ultima jornada sobre falsos positivos: Después de 7 bajas le daban a uno una medalla y era candidatizado a viajar al Sinaí

julio 19, 2022 9:09 pm

-Los grupos especiales Zarpazo y Trueno «eran una máquina de guerra y se volvieron una maquinaria de muerte».

–Se cumplió este martes la segunda y última sesión de la audiencia convocada por la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, en Valledupar, Cesar, sobre los “falsos positivos” ejecutados por 159 integrantes del Batallón La Popa del Ejército Nacional, de los cuales comparecieron 12 de 15 imputados por esos crímenes.

Fue una jornada en la que se continuaron escuchando desgarradores testimonios de las víctimas integrantes de los pueblos indígenas wiwa y kankuamo sobre la forma como sus seres queridos fueron ejecutados, y presentados como guerrilleros muertos en combate. Y los militares comparecientes hicieron el respectivo reconocimiento de los crímenes, algunos llorando.

“Después de 7 bajas le daban a uno una medalla, que se llamaba la gris, y que seríamos candidatos a un viaje al Sinaí», afirmó uno de los militares retirados en su intervención de reconocimiento.

Hay que anotar que en la península del Sinaí, que hace parte de Egipto, un componente de las Fuerzas Militares colombianas integra la Fuerza Multinacional de Paz y de Observadores de la ONU del Canal de Suez, desde el año 1982, haciendo patrullajes como garantes de los acuerdos de paz entre Egipto e Israel.

Además, había otros premios, como permisos de 15 días a un mes «y una remuneración de plata en efectivo». Y cada «baja en combate», se acompañaba de una documentación «que se hacía de forma impecable para dar legalidad a las muertes fuera de combate».

Todos admitieron que la presión por “resultados” se ejercía «a todos los niveles» sobre los grupos especiales creados con ese objetivo dentro del Batallón: “ Zarpazo” y “Trueno” y las baterías Albardón, Bombarda, Contera, Dinamarca y Espoleta, a los cuales los integrantes describieron con verdaderas “máquinas de guerra” que se volvieron una “maquinaria de muerte”.

En esta última jornada, la audiencia se centró en el segundo patrón criminal, el cual, según la Sala de Reconocimiento de la JEP, se dio en una lógica en la que, para responder a la presión por resultados en el batallón
‘La Popa’, militares asesinaron a personas en condición de vulnerabilidad, por cuyas muertes, creían, nadie reclamaría.

Los militares involucrados en estos ataques generalizados y sistemáticos contra la población civil, previamente, fueron imputados con el crimen de homicidio en persona protegida, el crimen de guerra de homicidio y los crímenes de lesa humanidad de asesinato y desaparición forzada.

La diligencia se realizo sobre 127 personas que fueron asesinadas y presentadas como bajas en combate en el norte de Cesar y sur de La Guajira entre enero de 2002 y julio de 2005 por los integranes del Batallón La Popa del Ejército Nacional. En muchos casos, lo hicieron en alianza con los grupos paramilitares. Otros 120, fueron desaparecidos y aún hoy, no se sabe de su paradero.

La jornada de este marte fue presidida por el magistrado Óscar Parra, relator del Subcaso Costa Caribe (Caso 03), acompañado por las magistradas Belkis Izquierdo y Nadiezhda Henríquez, de la Sala de Reconocimiento; y el magistrado Alejandro Ramelli, del Tribunal de Paz.

En esta segunda jornada hicieron su reconocimiento el sargento primero (r) Efraín Andrade, el teniente (r) Carlos Lora Cabrales, el mayor (r) Guillermo Gutiérrez, el teniente (r) Eduart Álvarez, el soldado profesional Álex Mercado y el cabo tercero (r) Elkin Rojas.

Katherine Pacheco, hermana de Deivis de Jesús Pacheco, un adolescente de Baranoa asesinado en 2003, fue la primera en intervenir: «Un joven de 17 años, con muchas metas, proyectos de vida, entre esos trabajar dignamente para regalarle casa propia a su mamá», describió a la víctima mortal de los “falsos positivos”.

En seguida intervino María Faustina Martínez, hermana de Noemí Pacheco, niña wiwa de 13 años asesinada por miembros del batallón ‘La Popa’ y notificó a los autores crímen:

«No los voy a perdonar, pero sí quiero ver aquí a los asesinos de mi hermana».

El magistrado Oscar Parra aclaró a María Faustina que el caso de Noemí es muy importante para la JEP, pues su crimen hace parte del enfoque en el que la Sala determinó que hubo violencia discriminatoria. «Noemí era una niña wiwa, embarazada y en condición de marginalidad», le dijo.

A continuación, María Faustina dejó en la tarima del auditorio un “poporo” como ofrenda en memoria de su hermana Noemí y de otras víctimas de los pueblos wiwa y kankuamo.

El procesado Efraín Andrade Perea, en su reconocimiento relató que, con la llegada del teniente coronel Hernán Mejía Gutiérrez a ‘La Popa’, «lamentablemente se dio un cambio” con el inicio de “la popular ley de cooperantes del expresidente Álvaro Uribe».

«No tuve el valor ni la entereza que me enseñó mi mamá», dijo Andrade Perea. «Si yo hubiera hablado a tiempo, cuando me di cuenta de que mis hombres estaban haciendo actividades ilegales, mostrándole mentiras a mi pueblo, hoy no estaría aquí», agregó.

Andrade Perea aclaró a los familiares de las víctimas que sus seres queridos eran inocentes campesinos y no guerrilleros. «Eran personas que se les dio ese título en un área acomodada, (…) un área que yo corregía y decía que había un combate, pero era un combate ilegal», dijo.

Andrade contó que «las bajas se hacían entre el comandante del batallón, (el paramilitar alias) ’39’ y Manuel Valentín Padilla (otro de los imputados)». Según dijo, el jefe paramilitar llamaba al batallón para recoger a las personas que serían asesinadas y presentadas como bajas.

Abelardo Daza, indígena kankuamo, hijo de Norgelis, relató cómo retuvieron a su padre Juan Nehemías y lo señalaron de ser guerrillero luego de que estuvieran haciendo actividades de campo. «Él no traía armas, simplemente traía una mochila y dos limones», dijo Abelardo.

Abelardo agregó: «No podíamos hablar. Los apellidos Arias, Oñate, Daza, éramos como los malos del pueblo, porque fuimos señalados». «Quiero que el compareciente Lora aclare y diga que mi papá no era ningún guerrillero y que él dio la orden de quitarle la vida», dijo.

Neila Arias, hija de Enrique Arias, indígena kankuamo asesinado en junio de 2004, con la voz entrecortada por el llanto, declaró:

«Soy indígena kankuama, nosotros no éramos ningunos guerrilleros, éramos perseguidos por el solo hecho de ser indígenas».

El compareciente Carlos Andrés Lora Cabrales, teniente retirado, comenzó su intervención diciendo:

«Quiero enviarle un mensaje a Carlos Iván Cáceres, quien nació el día de la muerte de su papá. (…) Quiero que sepan que he llevado por mucho tiempo esta cruz y sé del daño causado a esta familia», inició su reconocimiento el compareciente Carlos Andrés Lora Cabrales.

Lora Cabrales fue excomandante del grupo especial Trueno y al respecto, dijo: «Pertenecer a ese pelotón era un orgullo. (…) Pero a esta edad de 44 años entiendo que ese pelotón fue creado para asesinar personas».

Lora relató las circunstancias en las que fue asesinado Carlos Arturo Cáceres. Reveló que paramilitares lo señalaron como miembro de las Farc-EP y lo capturaron. «Yo digo que lo traigan y ordené el asesinato. Quien le disparó fue el soldado Monsalve», dijo Lora.

«Lamento profundamente el hecho de que Carlos no haya conocido ese día a su padre, que su señora no haya podido tener esa mano de apoyo que le ayudara durante su parto», dijo Lora. Y agregó que entiende el daño causado a la comunidad de Guatapurí.

Luego, Lora Cabrales relató los hechos que llevaron al asesinato del señor Juan Daza quien fue retenido y señalado por paramilitares. «Efectivamente Juan Daza no era ningún guerrillero. Él venía de enseñarles a sus hijos el trabajo del campo», señaló.

Además, Lora Cabrales le aclaró a Abelardo Daza que su padre no fue asesinado el 7 de agosto sino la tarde del 6.

«Yo ordené que le dispararan», le dijo. Y corroboró que el señor Daza nunca intentó escapar.

Lora Cabrales les dijo a las víctimas que todos los reconocimientos, felicitaciones, condecoraciones y uniformes «fueron quemados, incinerados por mi señora madre cuando me encontraba detenido en La Picota. Con esto sepulté cualquier honor militar que me quedaba».

A continuación, el magistrado Parra reconoció el camino transitado por el compareciente Lora, quien en un principio no hacía un mayor reconocimiento ante la JEP.

El magistrado Alejandro Ramelli le preguntó qué lo hizo cambiar.

«Indiscutiblemente los golpes de la vida», respondió Lora entre lágrimas. «Unos hijos que nunca vi crecer, eran muy pequeños, tenían 2 años y los vine a ver cuando tenían 9. Al ver a estas personas, a estas víctimas», concluyó Lora Cabrales.

Después intervino el mayor retirado Guillermo Gutiérrez Rivero, quien habló sobre los grupos especiales Zarpazo y Trueno que fueron componentes especiales del batallón y dijo:

«Estos dos pelotones eran una máquina de guerra y se volvieron una maquinaria de muerte». Y agregó que la presión por resultados se ejercía «a todos los niveles».

«Debido a la presión que ejercíamos, porque también me incluyo ahí, (…) alentamos a continuar con esta barbarie y a producir esos resultados operacionales que nos trajeron nefastas consecuencias», señaló Gutiérrez.

«Con el coronel Figueroa se implementaron ‘los premios’. Que consistían en permisos de 15 días a un mes y una remuneración de plata en efectivo», dijo Gutiérrez. Y agregó que «toda la documentación se hacía de forma impecable para dar legalidad a las muertes fuera de combate».

El magistrado preguntó al compareciente si sentía, desde mandos superiores, presiones y competencia entre unidades. Gutiérrez respondió: “sí, la presión existía. Se medía por resultados operacionales (…) En especial, muertes en combate”.

¿Quiénes les exigían?, replicó el magistrado Parra. «El comandante del Comando Operativo 7, el coronel Juan Pablo Rodríguez Barragán (…) el general Díaz y el general Martín Orlando Carreño Sandoval», respondió el imputado.

El magistrado también le pidió que profundizara en lo que conocía sobre el accionar paramilitar. «Para nadie es un secreto que una de sus bases que tenían era La Mesa, (…) durante mi permanencia ninguna operación se lanzó sobre ese sector», concluyó Gutiérrez.

El teniente (r) Eduart Gustavo Álvarez Mejía, excomandante del grupo especial Zarpazo, comenzó diciendo: “Yo di la orden de asesinar a Leovigildo Daza. Mucho antes de que viéramos presencia de la guerrilla ahí. En esa época se vivía una presión en la que nos pedían bajas (…) yo vi la oportunidad de cometer ese asesinato”.

Y reconoció que “él era un N.N. y él se llamaba Leovigildo Daza. Yo mismo destruí los papeles de él. Esto, con el fin de obstaculizar la investigación”, confesó.

Álvarez relató que el coronel (r) Mejía le dijo «de forma jocosa que hiciera una operación con las fuerzas especiales de él», es decir, con un grupo paramilitar al mando del comandante ‘611’, quien le entregó un paramilitar muerto al coronel (r) Mejía para presentarlo como baja.

Además, Álvarez relató que en medio de esa operación recibió una llamada del coronel (r) Hernán Mejía, quien le indicó que aprovechara «esos recursos, refiriéndose a los paramilitares, para presentarle al menos 12 bajas más».

A continuación, la magistrada Nadiezhda Henríquez hizo una exposición de cómo evolucionó el segundo patrón criminal al interior del batallón ‘La Popa’ y leyó los nombres de otro grupo de víctimas identificadas en el subcaso Costa Caribe del Caso 03.

Enseguida dio su testimonio Lauro Maestre, indígena kankuamo, hermano de Víctor Hugo Maestre, asesinado en octubre de 2004 en el corregimiento de Atánquez, luego de haber sido señalado por paramilitares a quienes contactó el pelotón Dinamarca 2.

Sobre la presencia del Ejército en la región, Lauro dijo: «Pensábamos que estaríamos protegidos y cuidados por ellos. Pero llegaron buscando a estos jóvenes que huían de la guerra y los llamaron milicianos colaboradores de la guerrilla».

Lauro afirmó que su hermano resultó señalado de ser miliciano y lo desaparecieron. «Es lamentable que el Ejército Nacional, que garantiza el cuidado de nosotros, se prestara para este hecho», dijo. Y pidió que se conozcan los otros responsables en los altos mandos.

Laura Piña, hija de Álvaro Adolfo Piña Londoño, quien fue asesinado en marzo de 2005, declaró: «Me duele inmensamente ver a mi país bañado en sangre, ver a hijos como yo crecer sin sus padres (…) porque una bala, pagada con nuestros impuestos, le arrebató la oportunidad de acompañarme, de guiarme, de educarme y de mostrarme el amor que por mí sentía».

Sobre la comparecencia ante las víctimas del coronel Figueroa, el magistrado Parra aclaró que se sometió al proceso adversarial pues no reconoció la imputación del auto y la JEP tendrá que convocarlo en algún momento. «Él dará la cara y lo ha hecho saber», concluyó Parra.

El soldado profesional Álex José Mercado Sierra, quien hizo parte del grupo especial Zarpazo, empezó su reconocimiento diciendo:

«Me preste para asesinar personas inocentes. Me presté para ir a buscar (personas) a la ciudad de Barranquilla. Hoy quiero decirle a Laura Piña cómo planeamos y cómo hicimos para ir a buscar a su papá. Nos encontrábamos cerca a Codazzi. Allí el sargento Cuellar me dio la orden de ir a Barranquilla donde el soldado Gómez Pallares me iba a entregar a tres personas”, relató Mercado Sierra.

“Yo sabía para qué los iba a buscar. No les puedo negar a usted que lo hacía porque no sabía (…) lo hacía como una persona ignorante. Por un premio, un arroz chino, un permiso de un mes, el ego de llegar al batallón o darle gusto al coronel”.

Mercado Sierra advirtió: “(…) Los comandantes con los que estábamos tenían vínculos con los paramilitares. Y, un soldado que hablara, era un soldado que no volvía de un permiso”, contó durante la audiencia de reconocimiento.

Mercado Sierra le pidió perdón al pueblo indígena al cual le arrebató a varios de sus hijos. «(Ellos) son personas humildes, trabajadoras», dijo. «Cuando llegaba uno allá de lo que estaban comiendo le daban a uno. Se sentían alegres con su Ejército».

Luis Carlos Meza Viana, hermano de Alberto Meza Viana, asesinado en junio de 2004, dijo:»Vine solo porque a mis familiares les da miedo esta situación. Todavía hay daño por reparar en nuestra familia».

«En todo lo que han relatado ustedes hay algo que nos hace falta», dijo para iniciar su testimonio Marcial Contreras, hermano de Joaquín Felipe Contreras, asesinado en Pueblo Bello en febrero de 2004 por integrantes del pelotón Dinamarca 2, al mando de Elkin Burgos Suárez.

Sol Maestre, hermana de Víctor Hugo Maestre, asesinado en octubre de 2004, indicó para iniciar su testimonio: «Soy mujer kankuama echada para adelante como todas las mujeres de nuestro territorio». Luego, enseñó la foto de su hermano estampada en una camiseta.

El subteniente (r) Elkin Leonardo Burgos Suárez, antiguo comandante de pelotón, empezó diciendo durante la audiencia de reconocimiento: «las órdenes emitidas fueron por presiones de los comandantes de batallón».

«Fui designado para cuidar la vida, honra y bienes de las personas de Pueblo Bello. No lo hice», dijo el compareciente Burgos. Y, dirigiéndose al señor Marcial, agregó: «quiero reconocer hoy en esta audiencia pública que su hermano fue vilmente asesinado. Yo di la orden».

Burgos relató cómo el hermano del señor Marcial llegó a un retén, liderado por el cabo tercero Cubillos, en el que lo reportaron como indocumentado. «Yo, en el afán de querer dar un resultado operacional, di la orden de que lo asesinaran», reveló.

Al señor Marquiz, el compareciente le reiteró que su hermano no era ningún guerrillero. «A usted, señor Marquiz, una persona incansable, después de 18 años le quiero demostrar mi arrepentimiento. El señor Néstor Oñate Arias no pertenecía a ningún grupo al margen de la ley», dijo

Burgos también reconoció su responsabilidad en dar la orden de asesinar al Alberto Edwin Meza y David Rubio. «Yo le di la orden al cabo tercero Elkin Rojas y al soldado profesional Murieles de dar un resultado operacional. Fueron vilmente asesinadas», dijo.

Luego, Burgos contó las circunstancias de la muerte de Víctor Hugo Maestre, hermano de la señora Sol y el señor Lauro. «Reconozco que su hermano fue vilmente asesinado y yo di la orden. (…) Nunca me tomé la molestia de averiguar quién era realmente su hermano», le dijo.

Burgos reconoció que engañó al batallón cuando alteraba y falsificaba los informes de patrullaje para justificar las falsas bajas. También reconoció que dio órdenes a sus subalternos y prepararlos antes de rendir indagatoria ante la Justicia Penal Militar.

«Di instrucciones a mi subalternos, para que cuando fueran llamados a rendir indagatoria en la Justicia Penal Militar —en el Juzgado 90— y ante la Fiscalía, de prepararlos antes de dar sus versiones. (Les decían) qué tenían que decir y cómo tenían que decirlo», reveló Burgos.

Burgos reconoció haber estigmatizado a la población indígena y confesó haberles realizado controles indebidos. «Controlar hasta la venta de insumos y prohibir la movilidad, cosa que no debí haber hecho», dijo.

«Quiero reivindicar, así mismo, los territorios indígenas, honrar su cultura, sus creencias, que son únicas y que deben ser respetadas. Que se reivindique el nombre de todos los territorios sagrados del Cesar y a nivel nacional», precisó Burgos.

El cabo tercero (r) y antiguo comandante de escuadra, Elkin Rojas, reconoció su responsabilidad en tres hechos y cuatro víctimas. «Fueron delitos graves, crímenes cometidos en gran parte en contra de la población civil. Por esto siento vergüenza, pena», dijo en la audiencia.

Rojas afirmó que planeó y reclutó a personas vulnerables, «engañándolas con falsas promesas de trabajo para luego ser asesinadas y presentadas como falsos resultados operacionales».

«Reconozco que causé daños irreparables, que manché la honra de sus seres queridos y de otros hombres buenos. Acabé con familias y afecté toda una comunidad como la del pueblo kankuamo», agregó el compareciente Rojas.

Rojas reconoció que en el caso de los asesinatos Alberto Meza Viana y David Rubio tuvo que alterar la escena del crimen para hacerlo pasar como una emboscada. «Llegó el comandante Figueroa al día siguiente y nos dio como premio unas cajas de arroz chino y una felicitación», dijo.

«Señora Sol, yo no solo iba por Víctor Hugo, yo iba por más personas que habían sido señaladas por dos guías», dijo Rojas. Y agregó que eran los paramilitares quienes sabían dónde vivían las víctimas y los propios soldados hacían los brazaletes del Eln.

Elkin Rojas contó que, cuando se reportó el asesinato de Víctor Hugo Maestre al coronel Figueroa, este dijo que ojalá no fuera la persona que estaban denunciando que se habían llevado del pueblo. «Ahí supimos que nos habíamos embalado», recordó Rojas.

Finalmente, Rojas dijo: «Dejo claro que ninguno de ellos era subversivo. Me aproveché de su situación y su condición. Me los llevé como si nada porque no me importaba nada. El batallón quería resultados, se le daba resultados».

A continuación, tomó la palabra Sibelis Villazón Cáceres, mayora kankuama. «Voy a dirigirme a Colombia para decir el daño diferencial que este conflicto nos trajo, por mucho que uno no quiera, hace que se le vaya la voz», dijo.

Villazón relató cómo anteriores lideresas kankuamas fueron amenazadas por denunciar ante la institución que «estaban tocando a nuestras niñas y a nuestras jóvenes, porque estaban tocando a las mujeres que es lo más sagrado que tiene el pueblo indígena», dijo.

«Ustedes sembraron el odio, el dolor, la tristeza, la agonía de la juventud que tenemos hoy en nuestro resguardo», dijo Villazón. «Nosotras, las mujeres kankuamas estamos a cada instante invitando a las demás mujeres de la Sierra a que nos unamos para sanarnos juntas», agregó.

«Hablar de la mujer es hablar de la familia. (…) Y sé que como mujeres tenemos mucho que aportar. (… ) Cada día pedimos la garantía de no repetición», dijo la lideresa kankuama. Y pidió a las instituciones «que también cuenten por qué nos estaban matando».

Pedro Loperena, autoridad del pueblo wiwa, preguntó a los comparecientes: «¿Cómo piensan ustedes reparar lo irreparable?». Les dijo que poco se escuchó de lo que les pidió que reconocieran en su intervención en la apertura de la audiencia. «Ustedes no son una rueda suelta», dijo.

Loperena también pidió a los países acompañantes del proceso y garantes de paz: «Hay que reevaluar las políticas de ayudas económicas que se les dio a las fuerzas militares porque usaron sus recursos para hacer estas fechorías», concluyó.

El compareciente Elkin Burgos Suárez, en su intervención final, dijo: «Esta persona que les habla, así como ustedes, ha tratado de sanar las heridas que durante años hemos tratado de sanar y no hemos podido. A las víctimas les pido que sigan con esa valentía».

Carlos A. Lora reiteró su compromiso con la verdad y dijo que espera la sanción por parte de la JEP. A continuación, entregó un telar con los nombres de las víctimas.

Eduart Álvaréz reiteró su solicitud de perdón al pueblo kankuamo y se refirió a la estigmatización que sufrieron.

Manuel Padilla Espitia reiteró que las víctimas no eran bandidos, ni delincuentes, ni pertenecían a grupos como los hicieron pasar en el batallón La Popa. Álex Mercado Sierra les pidió nuevamente a los medios de comunicación que limpien los nombres de las víctimas.

«Llegar hoy hasta acá fue un paso sumamente importante. Crean en estos 12 comparecientes», dijo Guillermo Gutiérrez Riveros.

Efraín Andrade Perea agradeció a las víctimas y les pidió seguir luchando por lo logrado hasta hoy. «Tenemos que unirnos», aseguró.

Daniela Rodríguez, vocera de los representantes legales de las víctimas, a nombre del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, pidió que «la centralidad de las víctimas, sus deseos y expectativas, sean los que orienten estos procedimientos».

El magistrado Alejandro Ramelli destacó de las víctimas presentes «su fortaleza, su resiliencia, su lucha contra la impunidad y la búsqueda incansable de los cuerpos de sus seres queridos. Esa búsqueda sin lugar a dudas es un acto de amor», dijo.

Y a los comparecientes Ramelli les expresó: «Me satisface profundamente el cambio que han tenido. He advertido que han abandonado la lógica del negacionismo, del ocultamiento y han venido con gallardía a aceptar sus responsabilidades».

La magistrada Nadiezhda Henríquez destacó la importancia de este día en el que vimos cómo «acciones que duraron unos minutos, unos pocos días, causan efectos radicales, destrozos de años», dijo. Y agregó: «Escuchar la verdad ayuda a que deje de pesar tanto en el corazón».

La magistrada Belkis Izquierdo retomó la pregunta del líder wiwa: «¿Cómo reparar lo irreparable?», pero agregó otro cuestionamiento: «¿cómo avanzamos en superar la discriminación, la estigmatización». Y sugirió que debe ser desde «vernos como iguales».

Los comentarios están cerrados.