Niegan demanda que buscaba que se declararan nulas las reglas para la enseñanza de la religión en los colegios

agosto 1, 2022 4:41 am

Foto de archivo

–El Consejo de Estado negó las pretensiones de una demanda que pretendía que se declarara la nulidad de las reglas de enseñanza de la religión en los colegios, adoptadas por el Ministerio de Educación Nacional en el 2006. Según la alta corte, no se violó el principio de laicidad del Estado, ni la libertad de cultos, pues no se creó una obligación para que padres, alumnos o profesores ejercieran un determinado culto.

Algunos apartes de la norma fueron objeto de una demanda de nulidad, pues, a juicio del accionante, estos mandatos obligaban a los alumnos a recibir instrucción en materia religiosa, en detrimento de normas legales, constitucionales y supranacionales aplicables en Colombia, que protegen la libertad de cultos y la libre determinación de los educandos y sus acudientes para incluir o no la materia en el plan de estudios.

Para el demandante, si bien la ley contempla la necesidad de incluir en los planes educativos el impartir la enseñanza de un culto religioso, la aplicación de las normas demandadas la convierten en obligatoria, pese a que el mismo ordenamiento legal contempla la posibilidad de rechazar algún tipo de instrucción en materia religiosa.

Las pretensiones del demandante fueron apoyadas por otro ciudadano que concurrió al proceso en calidad de coadyuvante. Este solicitó declarar nulo la totalidad del decreto que contiene los apartes demandados. Indicó que lo aprobado debió haberse tramitado a través del Congreso, pero que el Gobierno lo hizo motu proprio, para evadir el control judicial que tendría que adelantar la Corte Constitucional. Además, advirtió que imponer obligatoriedad a las instituciones educativas para impartir esta materia era inconstitucional, al impedir el ejercicio de la educación laica.

Dado que la figura de la coadyuvancia se encuentra limitada a las pretensiones del demandante, el Consejo de Estado decidió que, también en el caso del coadyuvante, se dedicaría a examinar sus argumentos en torno a los mandatos cuestionados por el accionante. Al decidir de fondo el caso, la alta corte negó las pretensiones, por considerar que no se violan los preceptos legales, constitucionales e internacionales señalados en la demanda.

La corporación judicial explicó que no se desconoció el principio de laicidad del Estado, en la medida en que no se obliga a la enseñanza de un credo específico. Por el contrario, dice, este mandato garantiza la libertad de cultos, al dar la libertad para que los estudiantes tomen o rechacen el estudio de esta materia. Agregó que las instituciones oficiales, en diálogo con la comunidad educativa, pueden decidir libremente si incluyen o no en su proyecto educativo institucional (PEI) la enseñanza de la religión, caso en el cual debe ofrecer programas alternativos para quienes, profesando algún culto o no, resultaren afectados por la decisión que se adopte en el estamento educativo. “(…) La Sala no observa de qué manera la parte demandada interviene en la libertad de conciencia de los padres, estudiantes y profesores”, dice el fallo.

En la providencia, el Consejo de Estado reseña los términos de la demanda y sus conclusiones, así:

La parte demandante formuló la siguiente pretensión:

“[…] Solicito se declare la nulidad de los artículos 2 y 4 del Decreto N° 4500 de 19 de diciembre de 2006 del Ministerio de Educación Nacional, “Por el cual se establecen normas sobre la educación religiosa en los establecimientos oficiales y privados de educación preescolar, básica y media de acuerdo con la Ley 155 de 1994 y la Ley 133 de 1994”, suscrito por el Presidente de la República y la Ministra de Educación Nacional […]”.

Expresó que la parte demandada, en el artículo 2°. del acto acusado, señaló que todos los establecimientos educativos de educación formal, debían ofrecer, con carácter obligatorio y fundamental, el área de educación religiosa, decisión que violó el artículo 1°. de la Constitución Política que erige al Estado colombiano como laico, aconfesional y pluralista.

Indicó que la Constitución Política, en los artículos 27, 41 y 71, determina que en Colombia existe la libertad de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra; más aún cuando la única obligación de las instituciones educativas es la de difundir el estudio de la Constitución, la instrucción cívica y los principios y valores de la participación ciudadana; esto, porque la búsqueda del conocimiento es libre y no obligatorio.

Sostuvo que la Corte Constitucional en la sentencia T-421 de 1992, consideró que “[…] “A la luz de la nueva Constitución, no es que exista una regla general de que la religión católica obliga a ser cursada como materia básica, salvo que se solicite ser eximido. Ello violaría la libertad de conciencia. Por el contrario, las instituciones educativas oficiales deben mantener una posición neutral y preguntarle al educando – o a sus padres si es menor -, al momento de la matrícula, acerca de si desea estudiar o no la asignatura de religión, sin indagar si en efecto profesa o no dicho credo” […]”.

Conclusiones

103. La Sala considera que: i) no se probó la configuración de la excepción que la parte demandada denominó “Falta de legitimación en la causa por pasiva”, así como tampoco de ninguna otra, por lo que así se declarará en la parte resolutiva de esta providencia; y ii) la parte demandante no logró desvirtuar la presunción de legalidad de los artículos 2° y 4° del Decreto núm. 4500 de 2006, razón por la cual se negará la pretensión de la demanda.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley

RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de “Falta de legitimación en la causa por pasiva”, propuesta por la parte demandada y ninguna otra, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NEGAR la pretensión de la demanda por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: En firme esta providencia, archivar el expediente.

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