Miembros de las Fuerzas Armadas de Bolivia detuvieron hoy gobernador de Pando, el opositor Leopoldo Fernández, a quien el Ejecutivo boliviano responsabiliza de la matanza perpetrada allí en días pasados.

Los militares ocuparon la sede de la Prefectura de Pando en la capital de la región, Cobija, y escoltaron a Fernández a un vehículo en el que también estaba un legislador opositor de esta región.

El prefecto, que al parecer no opuso resistencia, fue trasladado por los militares al aeropuerto de Cobija, donde embarcó en una avioneta rumbo La Paz, informó una televisión local.

El Ministerio Público también ha acusado del mismo delito a altos líderes políticos contrarios a Fernández, uno de ellos afín al gobierno de Morales.

Los otros acusados son el senador suplente Abraham Cuéllar, elegido por la fuerza Unidad Nacional (UN) pero que ha respaldado al oficialismo en el Congreso, y el ex alcalde de Cobija Miguel Becerra.

«La detención obedece a una acción legal y constitucional. Las Fuerzas Armadas cumplen con la Constitución», dijo Morales en conferencia de prensa en el Palacio Quemado de La Paz.

«Hoy [martes] se inicia un proceso por genocidio al prefecto [Leopoldo Fernández], anunció Morales. «Saludamos al Ministerio Público, [que] por fin intenta hacer respetar la vida y el patrimonio nacional. Ojalá pueda continuar. Esta detención está en el marco del estado de sitio, es legal y constitucional».

El gobierno de Morales ordenó la detención del prefecto Fernández bajo la acusación de propiciar un genocidio en Porvenir, 1.200 kilómetros al norte de La Paz, donde el pasado jueves una caravana de campesinos y estudiantes de una escuela normal rural sufrieron una emboscada por sicarios de Brasil, Perú y Bolivia, según el Ministerio de Gobierno.

En la llamada «masacre de Porvenir», a orillas del río Tahuamanu, murieron al menos 15 personas, más de 30 resultaron heridas y se registró un centenar de desaparecidos, según el Ministerio de Gobierno.

La región de Pando, ubicada en el norte de Bolivia y fronteriza con Brasil y Perú, se encuentra en estado de sitio desde el pasado viernes, a raíz de los citados enfrentamientos armados.

El Ejecutivo pide que Leopoldo Fernández sea condenado a 30 años de cárcel como responsable e instigador del conflicto.

La ocupación militar de Cobija provocó el lunes la detención de 12 personas que fueron trasladadas a La Paz para un período de confinamiento, todos acusados de alentar la formación de grupos irregulares y de otros hechos delictivos.