El fortalecimiento a la justicia colombiana y la labor desarrollada por jueces y fiscales para procesar y condenar a los responsables de crímenes atroces en el país hacen que no haya “razón para que la Corte Penal Internacional abra en la actual coyuntura una investigación en Colombia”.

Así lo manifestó el Embajador de Colombia en La Haya, Francisco José Lloreda Mera, al participar en el Encuentro Internacional ‘Retos y Perspectivas de la Competencia de la Corte Penal Internacional en Colombia’, organizado por la Embajada de la República Federal de Alemania, la Agencia de Cooperación Alemana GTZ, la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, la Universidad de Los Andes, la Fiscalía General de la Nación, y el Proyecto MAP-OEA.

Durante el evento, que se cumplió en la Universidad de Los Andes, el Embajador Lloreda argumentó que “los criterios de admisibilidad establecidos en el Estatuto de Roma (para que se abra una investigación por parte de la CPI) no se cumplen” y recordó que “hay procesos judiciales en marcha y capacidad y disposición para procesar a los responsables de los crímenes de competencia de la Corte”.

Así mismo, el Embajador de Colombia en La Haya, sede de la Corte Penal Internacional, recordó que la CPI fue creada con el objetivo de combatir la criminalidad y luchar contra la impunidad en el caso de los delitos considerados más graves por la humanidad.

“Es un tribunal de reserva, un reaseguro, que sólo se activa en circunstancias excepcionales y para conocer de ciertos delitos. Dicho de otra manera, la Corte Penal está llamada a llenar ciertos vacíos cuando las justicias nacionales no los llenan. Ese principio de complementariedad, es el pilar fundamental de la Corte Penal”, expresó Lloreda.

También recordó que Colombia formó parte activa en la constitución de la CPI y que el país considera a la Corte como una aliada para eliminar la impunidad.

“No existe razón para apreciar la Corte con prevención o temor. Nuestro país contribuyó significativamente y desde un inicio a su creación, no demoró en ratificar el Estatuto de Roma que le dio vida, elevó sus disposiciones a rango Constitucional, y no ha ahorrado esfuerzos en criminalizar conductas que riñen con los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario” dijo.

Politiquería con la CPI

El Embajador Lloreda hizo referencia a las constantes especulaciones sobre la situación de análisis preliminar en la que se encuentra Colombia por parte de la Fiscalía de la CPI.

Manifestó que este debate contribuye a elevar el nivel de conciencia en el país sobre el deber de castigar a quienes han cometido crímenes de Genocidio, Lesa Humanidad y a partir del primero de noviembre, Crímenes de Guerra.

“Lo que no aporta es escudarse en supuestos intereses altruistas para convertir la Corte en instrumento del debate político interno, desconociendo, quizá adrede, cómo opera el tribunal, y el trabajo y compromiso, no exento de dificultades, del Estado colombiano, para llamar a cuentas a los responsables de los crímenes atroces”, indicó el Embajador Lloreda.

En su argumentación sobre la inexistencia de motivos para que la CPI inicie una investigación en el país, el Embajador Lloreda enfatizó que “hay procesos judiciales en marcha y capacidad y disposición para procesar a los responsables de los crímenes de competencia de la Corte”.

Sostuvo que “miembros de la guerrilla y los paramilitares, y la Fuerza Pública, acusados de cometer crímenes atroces, están siendo procesados o ya han sido condenados. La mayoría, además, está en la cárcel. Además del proceso de reparación administrativa de víctimas, que para pesar de sus detractores, ya arroja resultados y promisorios”.

Agregó que la situación de la justicia nacional no es comparable la de los otros Estados en donde ha intervenido la Corte Penal Internacional, ya que en Colombia “no hay un sistema judicial total o sustancialmente colapsado. Insinuarlo siquiera es desconocer la importante labor de la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia”.

Lloreda también afirmó que lo anterior no significa que el camino por recorrer sea exigente y que la justicia colombiana deba someterse a un permanente autoexamen para lograr mayor eficacia.