Luego de la apremiante situación de orden público en el sector de Tarazá, Antioquia, el comité local de atención a desplazados decretó la crisis humanitaria en ese municipio del Bajo Cauca antioqueño.

Los disturbios, la falta de asistencia alimentaria, de albergue y la amenaza de las Farc sobre cerca de 2.300 campesinos desplazados, llevó a que el comité, presidido por el alcalde Miguel Ángel Gómez García, tomara la decisión.

La medida también tuvo que ver con la falta de apoyo que ha sentido la Administración local con respecto de la Gobernación de Antioquia. «Lo que nos dicen es que tengamos mano dura y que no les demos nada a los campesinos y así no se resuelven las cosas, creemos nosotros, porque la situación es más compleja», indicó uno de los funcionarios locales.

El alcalde Gómez, por su parte, reiteró que la comunicación con el Gobierno ha sido muy pobre y que así no es posible precisar hasta cuándo puede prolongarse la situación.

«Los campesinos han mostrado su voluntad de conversar, pero necesitan que les facilitemos albergue y comida, y un interlocutor», sostuvo el mandatario.

Hasta ayer, el número de detenidos ascendía a 33, de los cuales 22 personas fueron dejadas a disposición de la Fiscalía de Caucasia. Además de dos armas de fuego, también han sido incautados 76 machetes.