Alianza ETA-Farc: Piden incorporar documentación de ‘Mono Jojoy’
octubre 6, 2010 5:20 pm

La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España solicitó al juez Eloy Velasco que incorpore a la investigación de las relaciones de ETA con las Farc la documentación encontrada al líder guerrillero Víctor Julio Suárez Rojas, alias ‘Mono Jojoy’, que fue abatido el pasado 23 de septiembre.
En un escrito remitido al juez este miércoles, el fiscal coordinador de terrorismo, Vicente González Mota, defiende la necesidad de cursar una comisión rogatoria debido a la “elevada probabilidad” de que en los computadores hallados en el campamento del ‘Mono Jojoy’ se encuentre “documentación relacionada con los hechos” que demuestran nexos entre los dos grupos insugentes.
Según el fiscal, la puesta en marcha de una comisión rogatoria “obtenida conforme a la normativa colombiana” y establecida a partir de “una resolución judicial que revista la forma de auto” permitiría incorporar a la causa de Velasco la documentación intervenida preservando todas las “garantías procesales”.
El representante del Ministerio Público ha adoptado esta decisión después de que el juez Velasco ordenara al Cuerpo Nacional de Policía que se desplace a Colombia para obtener la información intervenida a ‘Mono Jojoy’ e interrogar a nueve ex miembros de las FARC para mostrarles fotografías actualizadas de etarras con los que podrían haber tenido relación en los últimos años.







octubre 7th, 2010 at 7:15 am | Responder
SOLAMANTE INFORMAN NORTICIAS LOCALES…EN PUERTO ASIS PUTUMAYO , LAS FARC Y LA DELINCUENCIA TIENEN ASUSTADO A LA COMUNIDAD…EL 11 DE SEP ASESINARON A UN PERIODISTA ELKIN DE ANGEL WILLIAMS…EL 5 DE OCTUBRE FUE ASESINADO EL TRANSPORTADOR HENRY JAVIER TORRES…QUE SUCEDE AUTORIDADES..CON LAS INVESTIGACIONES
octubre 6th, 2010 at 6:34 pm | Responder
Por Antonio Caballero
La tarea de negociar con la guerrilla la liberación de los rehenes le había sido públicamente encomendada a Piedad por Uribe, (con beso en la mejilla y todo).
Pues claro que se trata de un fallo político. No solo porque el delito por el que el procurador Alejandro Ordóñez acusa confusamente a la senadora Piedad Córdoba, en el caso de que existiera, sería un delito político, sino porque también los motivos del Procurador para acusarla son políticos. Y la pena, desde luego, es eminentemente política: destitución e inhabilitación para ocupar cargos públicos durante dieciocho años. Es lo que se llama ‘muerte política’. Pero en este país de leguleyos tenemos una irrefrenable tendencia a disfrazar con ropajes jurídicos todo lo que sea político, aunque la realidad sea la contraria: no es que lo político sea jurídico, sino que hasta lo jurídico es político.
Digo que la acusación del Procurador es confusa. Está hecha de largas parrafadas hiladas por la conjunción ‘o’: conjunción disyuntiva que denota contraposición, separación o alternativa entre dos o más cosas. Muy distinta de la ‘y’: conjunción copulativa cuyo oficio es unir palabras o cláusulas en concepto afirmativo. Así, el Procurador habla de “fomentar o ejecutar actos tendientes a la formación o subsistencia de grupos armados al margen de la ley, o promoverlos, auspiciarlos, financiarlos, organizarlos, instruirlos, dirigirlos o colaborar con ellos”. O también -y esta es igualmente una acusación de índole política- “haber realizado actos tendientes al fraccionamiento de la unidad nacional, evidenciados en el desconocimiento de la legitimidad de algunas instituciones”.
¿Al fin qué? ¿Auspiciar, o dirigir, o financiar a las Farc? ¿O intentar fragmentar a Colombia? Cómo serán de vagas las acusaciones que hasta el batallador Plinio Apuleyo Mendoza, habitual defensor de oficio de todo lo que huela a crítica a la izquierda, se desconcierta y pregunta en su columna de prensa: “¿Dónde estaría entonces el delito que justificaría… (la pena)?”. Él mismo se responde: “En la ley que castiga nexos con organizaciones armadas ilegales”. Y eso, en el caso de Piedad Córdoba, “es algo que tiene ribetes de complicidad y alianza en torno a objetivos comunes con la guerrilla”. Asegura Plinio que lo ha explicado el Procurador “con claridad”; pero no está claro ni siquiera para él, y por eso habla de “ribetes de complicidad”: de asomos, de indicios: no de pruebas. Lo único claro es la sentencia: muerte política.
En cuanto a lo de los “objetivos comunes”: pues sí, claro. De eso se trataba, y no era ningún secreto. Se trataba de negociar con la guerrilla (¿con quién, si no?) la liberación de los rehenes que tenía secuestrados. Y esa tarea le había sido públicamente encomendada por el entonces presidente Álvaro Uribe (con beso en la mejilla y todo) a la senadora Piedad Córdoba, para que la emprendiera en colaboración con otro mediador, también designado por Uribe, el presidente venezolano, Hugo Chávez. Y entre los dos obtuvieron, como ustedes recuerdan, la liberación de varios. Si hubo en eso ribetes de delito, a quien hay que investigar, y castigar si es el caso, es más bien al ex presidente Uribe, que nombró a los negociadores.
Digo también que los motivos del Procurador son políticos. Se trata de un juicio de intención, sí, y no tengo pruebas: pero es que se le nota. Quiere castigar a Piedad Córdoba por un delito que en Colombia no existe, que es el de opinión. Pues es opinión, y no ejecución de un acto delictivo, el pensar y decir que a los secuestrados hay que canjearlos, aunque no sea esa la opinión del ex presidente Uribe. Y es opinión el creer que se debe negociar con los alzados en armas: esos a quienes el propio ex presidente Uribe, llevado por sus ventoleras ciclotímicas a cambiar con frecuencia de opinión, llamaba unas veces “bandidos” y otras “señores insurgentes”.
Y quiere también el procurador Ordóñez, y también se le nota, equilibrar con el peso de su dedo la balanza de la Justicia, en su opinión peligrosamente desequilibrada en contra de los políticos de la derecha uribista: más de medio centenar de parlamentarios condenados por la llamada ‘parapolítica’ (alianza con los grupos paramilitares), y ni uno solo condenado por la llamada ‘farcpolítica’ (alianza con las Farc). No sé cómo se llama ese comportamiento referido a la balanza simbólica de la Justicia. Pero en las famas donde se vende carne al peso, alterar la balanza es un delito.
Y finalmente: que se cuide el senador Jorge Enrique Robledo.
octubre 6th, 2010 at 6:06 pm | Responder
Entreguenles el disco blando que tanto les gusta entregar jajajajaja…corrUptos.
octubre 6th, 2010 at 6:05 pm | Responder
Todo esto solo es para desestabilizar los paises de America Latina …..no nos crean tan pendejos….