La Audiencia Provincial de Palma acaba de exculparla del delito de blanqueo de capitales, pero le mantiene la cooperación de dos delitos fiscales cometido por su marido Iñaki Urdangarin.

Se trata del «caso Nóos», una fundación sin ánimo de lucro presidida por Urdangarin a la que supuestamente fueron desviados seis millones de euros de dinero público a mediados de la pasada década.

Hay una posibilidad de que evite el juicio: la doctrina Botin. Según explica El País, se trata de una jurisprudencia que dicta que un imputado no se sentará en el banquillo si sobre éste sólo recae una acusación popular, es decir, si no acusa la Fiscalía o los afectados directamente por el proceso».

Esto sucede en el caso de la Infanta sobre los presuntos delitos: ni el fiscal ni el Estado han considerado que exista tal delito. Pero la Audiencia de Palma sostiene que hay suficientes indicios, por lo que la hermana del Rey merece ser imputada. Se la investiga desde enero de 2013 y ya ha declarado dos veces. Se prevé que el juicio podría iniciarse recién en 2016.

En ese contexto, el juez José Castro deberá dictar un auto de apertura de juicio oral, donde definirá qué personas irán a juicio y cuáles no, y tendrá que pronunciarse de nuevo sobre la infanta, explicaron a EFE fuentes jurídicas.

En el sumario están imputados Iñaki Urdangarin y su ex socio Diego Torres, por la presunta desviación entre 2004 y 2007 de 6,1 millones de euros de fondos públicos a través del Instituto Nóos.

El juez sostenía que los ingresos «ilícitos» procedentes del lucro obtenido por Nóos fueron ingresados en una sociedad llamada Aizoon, cuya propiedad compartían a partes iguales la infanta y su esposo.

El juez sospechaba que Aizoon era una pantalla para eludir algunos pagos a la Hacienda española.

La reacción del Gobierno y los partidos políticos no se ha hecho esperar.

El Gobierno no entra a valorar las «decisiones personales» que pudiera tomar la Infanta Doña Cristina en relación con sus derechos de sucesión a la Corona después de la decisión de la Audiencia Provincial.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, ha indicado que el Gobierno «respeta las decisiones judiciales y los procedimientos», sean quienes sean las «personas incursas» en el procedimiento.

Por su parte, el PSOE ha trasladado este viernes su respeto a la decisión y ha recalcado que «la Justicia es igual para todos».

El diputado nacional de IU Asturias, Gaspar Llamazares, ha afirmado este viernes, en una rueda de prensa en la sede de IU, que la confirmación de la imputación es una «buena noticia ya que demuestra que la justicia existe y que el Juez Castro tenía razón».

La líder de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, ha celebrado este viernes que el juez José Castro haya «peleado» por juzgar a la infanta Cristina en el marco del ‘caso Nóos’ pese a los «obstáculos» que se ha encontrado en la instrucción por parte de los «representantes» del Gobierno, esto es, de la Fiscalía y la Abogacía General del Estado.