Nacional Noticia Extraordinaria

Fiscalía refuta a Human Rights Watch y niega impunidad en despojo de tierras y crimenes de lesa humanidad

cti-fiscalia–La Fiscalía General de la Nación refutó el último informe de Human Rights Watch en el cual esta organización no gubernamental advirtió el fracaso en los procesos de restitución de tierras y la impunidad que campea contra los responsables del desplazamiento forzado y crímenes de lesa humanidad.

Al efecto, la fiscalía en un comunicado, entregó un completo informe sobre sus actuaciones y reseña que está prorizando las investigaciones contra 16 miembros de las bandas y grupos al margen de la ley, con 242 comandantes.

Según el ente investigador, en lo que va corrido del año se han radicado las respetivas solicitudes de audiencia de imputación, que abarcan una totalidad de 10.
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373 hechos y 42.620 víctimas.

Además destaca que se han formulado solicitudes de restitución sobre 149 bienes rurales, obteniendo en el marco de la jurisdicción transicional fallos de restitución sobre 22 bienes y la cancelación de títulos obtenidos en forma fraudulenta

Igualmente reseña que en el periodo comprendido entre el año 2011 y 31 de Agosto de 2013, la Unidad obtuvo de los jueces de control de garantías 5.621 órdenes de captura, de las cuales 4.491 fueron efectivas; se realizaron las respectivas audiencias concentradas de legalización de capturas, imputación y solicitud de medida de aseguramiento, en donde a 3.933 se les impuso medida de aseguramiento de detención preventiva intramuros, se allanaron a cargos 872 imputados, se realizaron 1.052 preacuerdos y finalmente de los capturados ya se logró la condena de 1.312 y tan solo se han proferido a 27 de ellos sentencia absolutoria, las cuales ha sido apeladas por los fiscales.

La fiscalía advierte que ha sido una prioridad evitar la impunidad judicializando a los responsables de los delitos de desplazamiento forzado y desaparición forzada; así como los delitos conexos a éstos y añade que «la obtención de resultados contundentes obedece a la cabal atención de los lineamientos del modelo investigativo adoptado por la entidad que implica la contextualización de los hechos».

Subraya que la Unidad de Justicia y Paz fue creada mediante resolución 2596 de noviembre de 2010 y a sus escasos dos años y medio de existencia, cuenta a la fecha con una carga laboral de 29.769 procesos por los delitos de desaparición y desplazamiento forzados; ha obtenido 171 sentencias condenatorias, ha impuesto 448 medidas de aseguramiento por los respectivos punibles. Además, frente al delito de desaparición forzada, por labores investigativas, ha encontrado 567 personas con vida y 108 sin vida, reportadas como víctimas de tan oprobioso crimen.

«Respecto al delito de desplazamiento forzado, se advierten resultados contundentes en investigaciones que coinciden con las focalizaciones de los procesos de restitución de tierras», puntualiza.

El texto integral del comunicado, dice así:

La Fiscalía General de la Nación, a propósito del reciente informe de Human Rights Watch, aclara:

Unidad para la Justicia y la Paz

En cumplimiento de la directiva 001 del 4 de octubre de 2012 y la ley 1592 del 3 de diciembre del mismo año, en las cuales se implementan criterios de priorización; esta Unidad puso en marcha su Plan de Acción 2013 para adelantar los casos donde se evidencie la comisión de hechos que constituyan infracciones graves al DIH, a los DDHH y crímenes de Lesa Humanidad, enfocando la atención en los máximos responsables y revelando los contextos derivados de los patrones de macro-criminalidad y de victimización masiva por parte de los Grupos Organizados al margen de la Ley.

En el marco de este plan se priorizaron las investigaciones contra 16 miembros, máximos responsables de las principales estructuras armadas ilegales, con 242 comandantes. Los procesos se adelantan por los delitos de desaparición forzada, desplazamiento forzado, reclutamiento ilícito, violencia basada en género y otros hechos representativos por la conmoción que ocasionaron en las regiones o por la calidad de la víctima.

En lo que va corrido del año se radicaron las respetivas solicitudes de audiencia de imputación, que abarcan una totalidad de 10.373 hechos y 42.620 víctimas.

Frente al delito del de desplazamiento forzado, según lo estipula la Ley 1592 y la directiva 001 de 2012, se solicitó la imputación de 3.381 hechos con 30.075 víctimas, conforme al patrón de macro-criminalidad. Actualmente, se llevan a cabo las audiencias de imputación e imposición de medida de aseguramiento ante la Magistratura de Garantías de los Tribunales de Justicia y Paz de Bogotá, Medellín y Barraquilla. Igualmente se presentó paralelo al desplazamiento forzado un patrón de despojos y abandonos forzados de bienes inmuebles.

De otra parte mediante resolución No. 1194 del 3 de mayo de 2011 el Fiscal General de la Nación conformó al interior de la Unidad, la Subunidad Elite de Persecución de Bienes para la Reparación de las Víctimas con el objeto de contar con personal especializado en la investigación patrimonial, detección y persecución de los bienes que por ley deben destinarse a la reparación de las víctimas del conflicto armado, y que además sirviera de enlace entre la Fiscalía General de la Nación y las demás entidades gubernamentales comprometidas con la restitución de los derechos de los que fueron despojadas las víctimas a causa de las acciones de los miembros de los grupos organizados al margen de la ley desmovilizados, o que les fueron arrebatados obligándolas a negociar sus propiedades bajo el imperio de la violencia.

En virtud de lo anterior, la Subunidad de Bienes de Justicia y Paz, fue la primera entidad estatal que documentó en el marco de la jurisdicción transicional 348 casos de despojos de tierras, ocurridos en los departamentos de Antioquia, Magdalena y Norte de Santander, perpetrados por miembros pertenecientes a los extintos Bloques de las autodefensas como fueron: Elmer Cárdenas, Bananero, Catatumbo, Resistencia Tayrona y Bloque Norte, de los casos documentados se beneficiaron 360 víctimas.

Como resultado de la documentación de denuncias de víctimas despojadas, la Subunidad de Bienes radicó ante la magistratura de Justicia y Paz de las Salas de Medellín y Barranquilla, solicitudes de restitución sobre 149 bienes rurales, obteniendo en el marco de la jurisdicción transicional fallos de restitución sobre 22 bienes y la cancelación de títulos obtenidos en forma fraudulenta, en cumplimiento de los pronunciamientos de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Autos Radicado 34415 de fecha 30 de marzo de 2011 y Radicado 35185 de fecha 8 de junio de 2011.

De igual forma, se puede anotar que previo a la creación de la Subunidad de Bienes, la Unidad de Justicia y Paz adelantó la restitución directa de 110 predios ubicados en los departamentos de Córdoba y Norte de Santander, relacionados con despojos perpetrados por el extinto Bloque Catatumbo y Resistencia Tayrona de las AUC, calculando que aproximadamente la población alcanza las 400 víctimas del delito de desplazamiento forzado.

Por otra parte, dada la entrada en vigencia de la ley 1592 de 2012, la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras es la encargada de asumir la competencia de estos trámites de restitución y no la Fiscalía General de la Nación. Por ello la entidad llegó a un acuerdo desde comienzos de este año con la Unidad de Restitución, para efectuar una labor de registro en su sistema de información, de alrededor de 1880 carpetas relacionadas con restituciones de bienes obrantes en la Subunidad Elite de Persecución de Bienes, con el objeto de enviar posteriormente la documentación en físico a fin de que se cumpla el trámite establecido en la ley 1448 de 2011.

Actualmente, la Subunidad de Bienes adelanta siete trámites excepcionales de restitución, conforme a lo consagrado en el artículo 38 de la ley 1592 de 2012: casos de Chivolo (37 predios), San Carlos y la Paz (2 predios), Mendihuaca (2 predios), La Sevillana, Puerto Colombia, Guacamayas (12 predios) y Tulapas (5 predios).

Sobre este punto es importante resaltar que debido al despojo jurídico que se presentó en el municipio de Chivolo, dentro de la justicia ordinaria ya se han proferido tres sentencias condenatorias contra funcionarios del entonces INCORA seccional Magdalena, entre ellos el Director Regional de la época.

Unidad contra Bandas Emergentes

La Fiscalía no resta seriedad al tema de amenazas contra personas que participan en la reclamación de tierras. La Unidad Nacional contra Bandas Emergentes (Bacrim) destacó tres fiscales y un grupo de trabajo de CTI – Bacrim, con dedicación exclusiva al tema de amenazas y reclamación de tierras.

En este tema el ente acusador ha tenido la mayor diligencia para el esclarecimiento de hechos relacionados; las investigaciones implican interconsulta con la Unidad Nacional de Restitución de Tierras, en aras de establecer un consolidado de víctimas, con quienes se han entablado conversaciones tendientes a identificar las reclamaciones, reclamantes y en especial, identificar a los presuntos responsables en impedir los objetivos de la Ley de Restitución de Tierras.

La Unidad, inclusive, ha detectado eventos en los que no son organizaciones criminales las que están tras este tipo de amenazas: algunas veces el problema se da entre familias y núcleos de colindantes, que evocan organizaciones para infundir mayor eficacia al evento amenazante: vg. rad. núm. 2300160010152012052012 (el 15 de julio de 2012, se presentó el homicidio del líder de reclamación de tierras, Jairo Mejía Martínez, y el desplazamiento de su núcleo familiar. El hecho ocurrió en el departamento de Córdoba, municipio de Tierralta, finca Montecarmelo; del que la Fiscalía estableció que los responsables fueron personas ajenas a bacrim, y a GOAML. Por este caso hay siete acusados).

La Fiscalía viene atendiendo acercamientos con reclamantes (denunciantes), y las denuncias formuladas vienen siendo tramitadas con la mayor voluntad institucional; inclusive se han abierto investigaciones de oficio para esclarecer tales eventos.
Resultados de la Unidad contra miembros de las Bacrim

En el periodo comprendido entre el año 2011 y 31 de Agosto de 2013, la Unidad obtuvo de los jueces de control de garantías 5.621 órdenes de captura, de las cuales 4.491 fueron efectivas; se realizaron las respectivas audiencias concentradas de legalización de capturas, imputación y solicitud de medida de aseguramiento, en donde a 3.933 se les impuso medida de aseguramiento de detención preventiva intramuros, se allanaron a cargos 872 imputados, se realizaron 1.052 preacuerdos y finalmente de los capturados ya se logró la condena de 1.312 y tan solo se han proferido a 27 de ellos sentencia absolutoria, las cuales ha sido apeladas por los fiscales.

Unidad de Desplazamiento Forzado

Evitar la impunidad judicializando a los responsables de los delitos de desplazamiento forzado y desaparición forzada; así como los delitos conexos a éstos es un prioridad para Fiscalía General de la Nación, la obtención de resultados contundentes obedece a la cabal atención de los lineamientos del modelo investigativo adoptado por la entidad que implica la contextualización de los hechos, las asociaciones de casos, el análisis delictual en sus distintas manifestaciones; aspectos que permiten develar en su real dimensión las situaciones de violencia en determinadas zonas y generar respuestas de verdad, justicia y reparación coherentes con esa realidad.

Partiendo de esta premisa la Unidad Nacional de Fiscalías contra los Delitos de Desaparición y Desplazamiento Forzados (UNCDES), trabaja articuladamente con la Unidad de Restitución de Tierras en el entendido que los avances y resultados que se obtengan frente a la persecución del crimen redundan e impactan positivamente las estrategias del Gobierno nacional incluso para la garantía de retornos no azarosos.

Debe advertirse que esta Unidad fue creada mediante resolución 2596 de noviembre de 2010 y a sus escasos dos años y medio de existencia, cuenta a la fecha con una carga laboral de 29.769 procesos por los delitos de desaparición y desplazamiento forzados; ha obtenido 171 sentencias condenatorias, ha impuesto 448 medidas de aseguramiento por los respectivos punibles. Además, frente al delito de desaparición forzada, por labores investigativas, ha encontrado 567 personas con vida y 108 sin vida, reportadas como víctimas de tan oprobioso crimen.

Respecto al delito de desplazamiento forzado, se advierten resultados contundentes en investigaciones que coinciden con las focalizaciones de los procesos de restitución de tierras.

Los desplazamientos forzados y demás conductas punibles de las que fueron víctimas las comunidades afrocolombianas, localizadas en las cuencas de Curvaradó y Jiguamiandó, departamento del Chocó, hechos investigados a partir de una asociación de casos y situaciones de violencia ventilados en más de doscientos cuarenta radicados que han sido asumidos por la Unidad en procura a develar la situación de la zona, obteniendo los siguientes resultados:

En el desplazamiento atribuible a grupos paramilitares hay 70 personas vinculadas, (empresarios, palmeros, ganaderos, y funcionarios públicos), estando pendiente la vinculación de 16 más, entre ellas seis militares; 28 personas acusadas, ocho de ellas acogidas a sentencia anticipada y cuatro condenadas evacuado el respectivo juicio.

Igualmente, en el desplazamiento forzado atribuible a la guerrilla hay 53 personas vinculadas, 15 condenadas, y 28 personas a las que el pasado 28 de junio del año en curso se les impuso medida de aseguramiento.

Esta misma labor se ha venido realizando en el caso de los desplazamientos en el corregimiento de Macayepo en el departamento de Bolívar, tras una incursión guerrillera ocurrida el 1 de agosto del 2000. La investigación correspondiente ha permitido la vinculación de dos individuos, un exconcejal del municipio de Carmen de Bolívar (Bolívar) y de Edison Rafael Narváez Sierra, alias Franco, comandante extorsivo de cuadrilla del frente 35 de las Farc y se proyecta la vinculación de 22 personas más que se encuentran en proceso de identificación e individualización.

En cuanto a los desplazamientos ocurridos en las zonas aledañas a Chengue, en el municipio de Ovejas (Sucre), a principios del año 2001, con más de 220 núcleos familiares como víctimas, se logró la vinculación de los presuntos responsables y la imposición de medidas de aseguramiento a 22 personas.

Por otro lado, se ha avanzado positivamente la investigación sobre los hechos ocurridos entre el año 2003 y 2005 cuando el exjefe paramilitar Rodrigo Mercado Pelufo, alias Cadena, comandante del bloque Montes de María desplazó a los habitantes del corregimiento de el Rincón del Mar, en San Onofre, investigación en la que se encuentran vinculados y con medida de aseguramiento María Elena Mercado y Roger Rosado, hermana y cuñado de alias Cadena, respectivamente.

Cabe destacar el resultado obtenido en la investigación por el desplazamiento forzado de la comunidad indígena Chigorodó Membá, en el Chocó perpetrado por bandas criminales de la zona, en la que ya se obtuvo la condena de Pablo Emilio Posso Espinosa, alias Atila, y se capturó recientemente a Donaldo Rivera, alias Comandante Pérez, quien ya aceptó su responsabilidad en el hecho.

Otro ejemplo de la articulación con la Unidad de Tierras lo refleja el avance en la investigación por los desplazamientos forzados acaecidos en Chivolo Magdalena, en la que a partir de la asociación de 175 radicados se logró la captura e imposición de medida de aseguramiento de Augusto Francisco Castro Pacheco, alias Tuto Castro, considerado por el Gobierno nacional como uno de los mayores obstáculos al proceso de restitución de tierras, por los delitos de concierto para delinquir y desplazamiento forzado en el marco del conflicto armado, teniéndose prevista la vinculación de los otros responsables.

Adicionalmente la Unidad ha generado una importante asociación de casos en los que se vislumbra la responsabilidad de la Fundación para la Paz de Córdoba (Funpazcor) en graves violaciones a los derechos humanos y al DIH, de manera que el 17 de mayo de 2013, se ordenó la conexidad de 54 procesos. A la fecha se han recibido más de 100 testimonios, se han identificado más de 500 víctimas y la vinculación y orden de captura de tres personas que impactan el proceso de restitución de tierras.

Finalmente la Fiscalía General de la Nación advierte que cualquier información descontextualizada que sea difundida no corresponde a la verdad y no es justo con el trabajo de todos los funcionarios de la entidad”.

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