–La Federación Internacional de Derechos Humanos, FIDH y el colectivo de Abogados Jose Albear Restrepo, CCAJAR, pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgarle medidas cautelares al alcalde mayor de Bogotá Gustavo Petro y ordenar la suspensión de la sanción disciplinaria en su contra.

En un comunicado, la Federación y el colectivo de abogados señalan que «si bien la legislación colombiana permitiría la sanción disciplinaria a personas electas popularmente, dicha potestad afecta el debido proceso, la democracia y en las condiciones específicas de Colombia, se convierte además en un obstáculo al proceso de paz».

“Ante esta medida contraria al Derecho Interamericano, solicitamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictar medidas cautelares a favor de Gustavo Petro”, indicó Luis Guillermo Pérez, Presidente del CCAJAR.

Explicó que esta figura jurídica es contraria al Derecho Interamericano en virtud de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La Federación y el colectivo de abogados recuerdan el caso de Leopoldo López Mendoza, elegido popularmente como alcalde del municipio de Chacao de Caracas, Venezuela y destituido e inhabilitado por las autoridades venezolanas, sobre el cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentó un precedente, ya que rechazó la posibilidad de limitar el ejercicio de los derechos políticos de un cargo de elección popular sin que exista una sanción penal, es decir, no se puede destituir a una persona electa por una vía que no sea judicial, y aquí la vía fue administrativa.

La situación –agregan– ha motivado una denuncia que se encuentra bajo conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por responsabilidad estatal en violación del debido proceso y los derechos políticos del Alcalde Mayor y sus electores.

Es una cuestión de respeto de las reglas democráticas y de los derechos políticos contemplados en el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por ello la FIDH y el CCAJAR urgen a la Comisión Interamericana a otorgar las medidas cautelares al Alcalde Mayor de Bogotá y a ordenar la suspensión de la sanción disciplinaria en su contra.

Cabe recordar que desde el inicio de sus funciones en 2008, en hechos que podrían parecer constituir también abusos de autoridad, el Procurador General de la Nación Alejandro Ordóñez Maldonado ha usado esta sanción administrativa en numerosas oportunidades, destituyendo a 22 parlamentarios, 29 gobernadores y decenas de alcaldes, así como a la Senadora Piedad Córdoba.