En un comunicado, la Gobernación de Cundinamarca, expresó que no tiene responsabilidad alguna en el caso de las menores hospedadas en hoteles de paso que funcionaban como moteles.

Según las denuncias, las deportistas de las delegaciones de Tolima, Bogotá, Norte de Santander y Boyacá conformadas por niñas de 17 años, fueron hospedadas en distintos hoteles de paso donde tuvieron que soportar ruidos de parejas.

La Gobernación expresó que no «tuvo compromiso alguno sobre la coordinación de los servicios de alojamiento, alimentación, transporte interno, juzgamiento y todos los relacionados para garantizar el éxito del campeonato, ni sobre las presuntas deficientes condiciones en que fueron atendidas las delegaciones deportivas».

Dentro del documento, también se expresa que el evento estuvo a cargo de la Federación Colombiana de Fútbol y la Difutbol, con el apoyo de la Liga de Fútbol de Cundinamarca, quienes «tuvieron la responsabilidad de garantizar las mejores condiciones para las participantes en este evento nacional».

Según la Gobernación el evento no contó con su apoyo ni el de Indeportes por «tratarse de un torneo del deporte asociado (Clubes, Ligas y Federación), que por definición son organismos privados».

En Contexto:

Tras los sucesos, El Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, solicitó una investigación por parte de la División Aficionada del Fútbol Colombiano (Difútbol) en cabeza de Álvaro González Alzate así como al presidente de la Liga de Fútbol de Cundinamarca, Gerson Ballesteros.

La defensoría expresó en un comunicado, la solicitud al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, “iniciar una investigación para determinar el grado de responsabilidad de los organizadores del Campeonato Nacional Juvenil sub-17 realizado en Funza”.

Según las denuncias conocidas por la Defensoría del Pueblo, las deportistas de las delegaciones de Tolima, Bogotá, Norte de Santander y Boyacá, conformadas cada una por cerca de 20 menores de 17 años, fueron hospedadas en varios hoteles de paso de Funza (Cundinamarca) que funcionarían también como moteles, y donde las jóvenes debieron soportar los ruidos de las parejas e, incluso, aseguran haber sido objeto de hurtos.

Ante estas últimas aseveraciones, funcionarios de la Defensoría Regional Cundinamarca se comunicaron con el Comando de Policía de Funza y con la Fiscalía. Allí verificaron que, hasta el momento, no ha sido presentada ninguna queja o denuncia por presuntos hechos delictivos cometidos contra las deportistas.

Sin embargo, el Defensor Otálora Gómez recordó que los niños, niñas y adolescentes gozan de especial protección del Estado, por lo tanto resulta inadmisible que hayan recibido un trato indigno, máxime cuando se trata de jóvenes que adelantan actividades deportivas. Por lo tanto insistió en la necesidad de que los organizadores del campeonato aclaren por qué se puso en situación de riesgo y vulnerabilidad a las competidoras.

Por último, Otálora Gómez destacó que la Defensoría del Pueblo estará presente y vigilante durante la realización de la fase final del certamen que se realizará en la ciudad de Pereira (Risaralda), entre el 30 de noviembre y el 5 de diciembre, próximo.