Quince aguerridas mujeres afro cabeza de familia, marchan desde hace 15 días provenientes del municipio de Suárez, en el norte del departamento del Cauca, con destino a la capital de la República, para exigir a la Corte Constitucional adopte medidas contra la explotación minería de oro ilegal y a gran escala, que está devastando el medio ambiente y sumiendo a la región en una zona desértica.

Francia Márquez, representante legal del Consejo Comunitario La Toma de Suárez, indicó que sus territorios se están extinguiendo, por lo cual esperan medidas urgentes de las autoridades, ya que además varios integrantes de sus comunidades se han desplazado por las constantes intimidaciones.

“La explotación minera indiscriminada produce impactos ambientales, sociales y culturales irreparables” informó Márquez.

Para Charo Mina Rojas, del Proceso Comunidades Negras el gobierno está fallando en la implementación de la Consulta Previa obligatoria para las comunidades afros en temas mineros: “El gobierno nacional tiene un irrespeto enorme, por la consulta previa. Nosotros hemos venido trabajando muchísimo para que el gobierno colombiano haga consulta previa antes de hacer concesiones mineras”.

Mina Rojas señala que “La marcha responde al incumplimiento del derecho que se les otorga a las comunidades Afro sobre participar a través de la consulta previa en la ejecución de proyectos, específicamente catalogados como territorios ancestrales, “si había esta consulta previa, nosotros no tendríamos minería ilegal y no habría concesiones mineras en el norte del cauca”.

«Nuestros ancestros lucharon por estos territorios, nos los legaron y ahora nos da mucha tristeza ver cómo se están destruyendo con la minería, cómo se está contaminando y destruyendo el medio ambiente», expreso la representante de la comunidad.

Este grupo de mujeres ha recurrido a los ministerios del Interior, de Minas y del Medio Ambiente, a la Procuraduría, a la Fiscalía, a la Defensoría y hasta al mismo Presidente de la República, pero nadie les da una respuesta efectiva de cómo parar esa situación.

Según la voceras de la marcha, la explotación minera empezó el año pasado y que actualmente en el norte del Cauca hay unas 32 retroexcavadoras, mientras en el sur, en el Valle del Patía, hay por lo menos 80.

Desde el martes 18 de noviembre las mujeres del norte del Cauca emprendieron una masiva movilización que recorrió las carreteras que comunican a los municipios de Santander de Quilichao, Cali, Palmira, Buga, Pereira, Ibague, Fusagasuga, hasta arribar a la capital del País, para denunciar las violaciones a la vida, los derechos humanos y del territorio por parte de la locomotora minera del Gobierno Nacional y el conflicto armado.

“¡Hoy estamos amenazados de muerte física y cultural! Nos amenaza con el despojo la locomotora minera del Presidente Santos que otorga concesiones y títulos mineros a multinacionales violando nuestro derecho a la consulta y el consentimiento previo; nos amenaza la minería ilegal que con sus retroexcavadoras destruye el patrimonio ambiental y territorial que hemos cuidado por siglos; nos amenazan los grupos armados que nos acusan de estar en contra de las políticas desarrollistas del gobierno; amenazan a nuestras hijas e hijos, a nuestros compañeros, a nuestras comunidades; son una amenaza las mentiras y retórica del gobierno nacional que demuestra que esta por proteger sus intereses económicos neo-lberales por encima de nuestros derechos colectivos. El racismo estructural en este país que nos despoja y nos discrimina es una amenaza”, han manifestado en comunicado a la opinión pública las mujeres afrodescendientes”.

En un comunicado las valientes mujeres informaron sus exigencias:

• Incautación, salida, destrucción inmediata de las retroexcavadoras que sin nuestro consentimiento están explotando oro en los territorios de los municipios de Guachené, Santander de Quilichao, Buenos Aires y Suárez, departamento del Cauca.

• Investigación disciplinaria y sanción a las funcionarias y funcionarios que por acción u omisión han permitido el ingreso de las retroexcavadoras y con ello han permitido que se genere y/o agrave la situación de riesgo y vulnerabilidad para las mujeres.

• Evaluación y reparación integral de los daños ambientales, de soberanía alimentaria y económica que ha generado la minería en nuestros territorios.

• Reconocimiento y protección de la minería ancestral de las comunidades Afrodescendientes.

• Garantizar la integridad física, cultural y la protección de los derechos colectivos de las mujeres, hombres, jóvenes, niñas y niños en los territorios ancestrales.

• Garantizar la protección a la vida de las lideresas y líderes, investigar los asesinatos, las amenazas de muerte y las acciones de violencia contra éstas y llevar a la justicia a los responsables.

• Cumplir con la implementación de los Autos 005/2009 y 092/2008, la Sentencia T1045A y la reglamentación del capítulo V de la Ley 70 de 1993, para garantizar la prevención del despojo y desplazamiento forzado de nuestras comunidades, la evaluación de los impactos y daños causados y la reparación integral a las comunidades, en el marco de los derechos colectivos.

• Interlocución directa de las mujeres Afrodescendientes del Norte del Cauca con la mesa de La Habana, porque paz sin territorios libres no es Paz.

• Aplicar los derechos a la consulta y el consentimiento de manera previa, libre e informada antes de tomar cualquier decisión que tenga impacto positivo o negativo sobre nuestras vidas y territorios.

• Derogar los títulos mineros otorgados en violación de nuestros derechos colectivos y abstenerse de continuar vendiendo nuestro territorio a las multinacionales.