–Más de dos semanas después de estallar el escándalo, que ya tiene tras las rejas a dos militares como presuntos responsables, la Procuraduría General de la Nación anunció este lunes la apertura de una investigación preliminar en torno al robo de armas en el Batallón de Artillería Número 8 San Mateo, ubicado en la ciudad de Pereira.

Al respecto, el Ministerio Público en una información que publica en su página web señala que «ordenó adelantar una indagación preliminar por los hechos dados a conocer a través de diferentes medios de comunicación relacionados con la posible pérdida de material de guerra» de las instalaciones de la citada guarnición militar.

Añade que «dentro de las diligencias se busca establecer la ocurrencia de los hechos y los posibles responsables de los mismos. Ya que los informes periodísticos indican una presunta complicidad de miembros del Ejército en el hurto de alrededor de 300 armas, que supuestamente fueron vendidas a grupos al margen de la ley».

Igualmente–continúa diciendo la información–, el Ministerio Público adelantará las diligencias tendientes a establecer la identidad de dos miembros del Ejército, un cabo segundo y un soldado profesional, que habrían sido capturados por su presunta relación con los hechos indagados.

Finalmente, reseña que la Procuraduría General de la Nación, a través de su Delegada para las Fuerzas Militares, determinó ejercer el poder preferente en caso de que al interior del batallón se hubiera iniciado actuación disciplinaria por los hechos objeto de la presente indagación y, en consecuencia, solicitará al batallón la remisión del respectivo expediente.

El hecho es que hace una semana, la fiscalía dio cuenta de la captura de un sargento segundo y un soldado profesional del Ejército Nacional adscritos al Batallón San Mateo de Pereira (Risaralda), presuntamente implicados en la pérdida de 403 armas de fuego que eran custodiadas en esa unidad castrense.

En el reporte, la fiscalía identificó a los capturados como el sargento segundo César Andrés Castro Eslava, con 15 años de servicio en la institución y el soldado pofesional John Freddy Gaviria López, con 16 años de antiguedad de el Ejército.

Los sujetos, capturados en la capital de Risaralda por miembros del CTI de la Fiscalía de Buga (Valle del Cauca), en coordinación con servidores de la unidad investigativa contra bandas criminales de la Sijin de la Policía Nacional, fueron cobijados con medida de aseguramiento y enviados a la cárcel por los delitos de concierto para delinquir, tráfico, fabricación o porte de armas de fuego de uso privativo de las Fuerzas Militares; tráfico, fabricación o porte de armas de fuego de uso personal, y peculado por apropiación.

La fiscalia informó igualmente que tras la imputación de cargos, el soldado Gaviria López aceptó la totalidad de los cargos, mientras que el sargento Castro Eslava, no los reconoció.

Ambos miembros del Ejército Nacional fueron recluidos en las instalaciones del Batallón Ayacucho de Manizales (Caldas) por orden del Juzgado Cuarto Penal Municipal con funciones de control de garantías de Buga.

La fiscalia indicó entoncdes que la investigación en contra de los militares surgió luego que la Fiscalía obtuviera información extraída de las interceptaciones telefónicas que realizaba el CTI a la banda delincuencial comandada por Alex Toro, con injerencia en el Norte del Valle y Risaralda, en las que evidenciaba la existencia de una persona dentro del Batallón San Mateo que comercializaba armas de fuego, por tal motivo la Fiscalía tomó la decisión de compulsar copias y abrir una nueva investigación.

En desarrollo de la misma, la Fiscalía pudo establecer que 403 armas de fuego que fueron dejadas en custodia en ese batallón habían desaparecido y estaban siendo comercializadas a bandas delincuenciales del Norte del Valle. Entre las armas extraviadas se encuentran 109 fusiles, 188 revólveres, 87 pistolas, 11 escopetas y tres subametralladoras.