Panorama Nacional

Gobierno y Farc acuerdan penas de 5 a 8 años de privación de la libertad

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Este miércoles el Gobierno de Colombia y las FARC reafirmaron el compromiso con los acuerdos logrados hasta la fecha en el proceso de paz. El garante del proceso, Rodolfo Benítez, aseguró que se creará una comisión para esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición.

En el componente de justicia se acordó crear una jurisdicción especial para la paz que contará con salas de justicia y con un tribunal para la paz.
Rodolfo Benítez explicó que las salas y el tribunal estarán integrados principalmente por magistrados colombianos y una participación minoritaria que cumplan los más altos requisitos.

El principal objetivo de estas salas será acabar con la impunidad, tener verdad y efectuar la reparación de las víctimas, juzgar e imponer sanciones a los responsables de los graves crimines durante el conflicto.

El Estado colombiano otorgará la amnistía más amplia posible por delitos políticos y conexos. Sin embargo, se dejó claro que no habrá indulto para las conductas verificadas en la legislación nacional correspondiente a delitos de lesa humanidad, genocidio y los graves crímenes de guerra, entre otros como la toma de rehenes, la tortura, desplazamiento forzado, la desaparición forzada y la violencia sexual.

La jurisdicción especial para la paz contempla dos tipos de procedimientos. Uno para quienes reconocen verdad y responsabilidad y otro para quienes no lo hacen.

Las sanciones tendrán como finalidad satisfacer los derechos de las víctimas y consolidad la paz con una función de reparación del daño.

En el caso de que se reconozcan las responsabilidades, la sanción tendrá una restricción de libertad mediante trabajos. Esto quiere decir que las sanciones para quienes cometan delitos graves serán de 5 años y un máximo de 8 años de privación de la libertad en condiciones especiales.

Por otro lado, el acuerdo establece que quienes se nieguen a reconocer su responsabilidad serán condenados a penas de prisión de 20 años en condiciones ordinarias.

Finalmente se estableció que su transformación en un movimiento político contará con el respaldo del Gobierno nacional.

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