–Además del ex-Presidente Álvaro Uribe Vélez, el Tribunal Superior de Medellín implicó en actividades del paramilitarismo a la exfiscal y actual senadora Vivían Morales, lo mismo que a los generales de la República Mario Montoya Uribe, Leonardo Gallego Castrillón, Carlos Alberto Ospina, Iván Ramírez Quintero y Alejandro Navas Ramos, para quienes pidió adelantar los respectivos procesos penales.

La providencia del magistrado del caso Rubén Darío Pinilla Cogollo, que consta de 785 páginas, comienza reseñando los antecedentes del paramilitarismo, citando en primera instancia el hecho registrado el 15 de julio de 2.003, cuando «el Gobierno Nacional y las Autodefensas Unidas de Colombia (en adelante las Autodefensas o las AUC) suscribieron el Acuerdo de Santa Fe de Ralito para Contribuir a la Paz de Colombia, cuyo objetivo era restablecer la paz y la gobernabilidad democrática y restituirle al Estado el monopolio de las armas.

Habla del «origen del mal: la Doctrina de la Seguridad Nacional» y hace referencia al «Bloque Cacique Nutibara», que, dice, «nace como una de las estructuras de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, cuyos orígenes a su vez están relacionados con las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio» y agrega que «de allí que sea necesario rastrear esa historia para comprender los antecedentes que hay detrás de su creación y las circunstancias de su nacimiento y expansión».

Más adelante detalla que a comienzos de la década de los noventa, se generó un nuevo marco legal para la vinculación de los civiles a la defensa y seguridad nacional y, por esa vía, al conflicto armado, con la expedición del Decreto-Ley 356 de 1.994, “por el cual se expide el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada”. Éste creó las Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada, los Servicios Especiales de Vigilancia y Seguridad Privada y los Servicios Comunitarios de Vigilancia y Seguridad Privada. Dicho decreto fue declarado exequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-572 de 1.997, con la salvedad del parágrafo del artículo 39, el cual fue declarado inexequible, y obligó a devolver las armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas.

Señala que «la creación y expansión de los grupos paramilitares fue el fruto de una política de amplios sectores del Estado, las Fuerzas Militares y la sociedad civil y fue posible gracias a la financiación de la empresa privada y el narcotráfico y la alianza entre todos ellos, que obedecía a sus intereses y propósitos comunes. Los demás sectores del Estado fueron complacientes o condescendientes con ese fenómeno y lo facilitaron, permitieron o toleraron de distintas formas. Sólo de esa manera se explica que en el corto lapso de unos pocos años coparan todo el territorio nacional. De allí que la Sala pueda afirmar que constituyeron una política de Estado por acción y omisión. 179. La Fiscalía General de la Nación ha sido omisiva en la investigación y acusación de las estructuras y redes que promovieron, auspiciaron, financiaron y apoyaron los grupos paramilitares. La mayoría de las investigaciones contra los altos oficiales de las Fuerzas Militares y los empresarios privados de los distintos sectores y niveles permanecen en investigación previa o estancadas, cuando no es que se adelantan dejando acumular el moho de los años, como lo ha constatado la Sala.».

Citando por primera vez su nombre, el magistrado advierte que «el nombre del Ex-Presidente Álvaro Uribe Vélez aparece vinculado en este texto a muchos pasajes y eventos relacionados con el origen y la expansión de los grupos paramilitares y los graves hechos cometidos por éstos. A manera de recapitulación, está detrás de Pedro Juan Moreno Villa, quien fue su Secretario de Gobierno mientras se desempeñó como Gobernador de Antioquia y quien no sólo concibió y desarrolló el proyecto de Coosercom como un laboratorio del paramilitarismo, sino que ha sido señalado como uno de los 6 ó 12 líderes que definían y orientaban la política de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá e intervino en la decisión y planeación de la masacre de El Aro, de la cual fue informada la Gobernación de Antioquia a su cargo y a quien, no obstante todo ello, pretendía nombrar como Ministro de Defensa cuando llegó a la Presidencia de la República, según lo reconoció públicamente».

«De la mano con él, está detrás de la promoción y apoyo de las Convivir en Antioquia, que van a ser un germen del paramilitarismo, entre las cuales se cuenta la Convivir Papagayo, la más emblemática de todas y a las que tenía el deber de hacerles seguimiento, de conformidad con los decretos que las regulaban. Está detrás de la hacienda Guacharacas, donde funcionaba la Convivir El Cóndor y que, al decir de Jhon Fredy González Isaza, alias Rosco, eran los mismos paramilitares y cuyo administrador era un colaborador de éstos. Está detrás de la pacificación de Urabá durante su período como Gobernador, que él exaltó y promovió como un ejemplo nacional, realizada de la mano del General Rito Alejo del Río y los paramilitares de la región. Está detrás del homenaje de desagravio realizado en el Hotel Tequendama a dicho General, después de haber sido retirado por sus vínculos con los paramilitares, para el cual vino desde el exterior y en el que actuó como oferente y orador. Está detrás de las omisiones en la masacre del Aro, de la cual fue informada la Gobernación a su cargo desde su comienzo y que no se le pudo ocultar por la gravedad de la situación, a cuya comunidad no le brindó apoyo durante 7 días y cuyas denuncias desmintió luego, así como las realizadas por el defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, pero que eran ciertas y que él tenía cómo y por qué saberlo. Está detrás de la Operación Orión y la toma de la Comuna 13, realizada concertadamente con los paramilitares del Bloque Cacique Nutibara con el fin de eliminar el último bastión de las milicias urbanas y consolidar el dominio de dicho bloque, como lo confesó Diego Fernando Murillo Bejarano, que él ordenó y a cuya iniciación y despliegue asistió. Está detrás de la negociación con los grupos paramilitares una vez llegó a la Presidencia, con cuyos votos salió elegido como confesaron varios de sus comandantes y detrás del proyecto de alternatividad penal que se le presentó originalmente al Congreso, el cual aseguraba prácticamente su impunidad a pesar de las graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, mientras le declaraba la guerra total a las demás organizaciones armadas ilegales. Está detrás del General Mauricio Santoyo, a su servicio como Gobernador de Antioquia y luego como su Oficial de Seguridad en la Presidencia de la República, cuyos vínculos con los paramilitares están ya establecidos y que no pudo ser su asesor de seguridad sin su asentimiento. Y está detrás de los Directores del DAS investigados por sus vínculos con los paramilitares y otros crímenes. No puede ser que ignorara todo lo que estaba sucediendo en esos casos, o todos esos hechos se cometieran a sus espaldas, como tantos otros que se les atribuyen a sus colaboradores más cercanos y que tampoco podía ignorar como los actos cometidos contra la Corte Suprema de Justicia. Hay también testimonios en ese sentido, como los de Francisco Villalba, Pablo Hernán Sierra, más conocido como Alberto Guerrero, Comandante del Bloque Cacique Pipintá y Aldides de Jesús Durango, alias René, Comandante del Bloque Suroeste y otros más. Pero, la cuestión no es de testimonios. Es de lógica y lógicas. Como en alguna ocasión dijo el actual Director de El Espectador Fidel Cano Correa, no es posible estar dentro de una piscina y no mojarse».

«Por lo tanto–puntualiza– la Sala ratificará la orden de expedir copias para investigarlo por promover, auspiciar y apoyar grupos paramilitares y convivir vinculadas con éstos y/o concertarse con ellos, no sólo como Gobernador de Antioquia, sino después y aún como Presidente de la República».

Seguidamente menciona al expresidente Ernesto Samper Pizano:

«La expansión de los grupos paramilitares coincidió con el gobierno del Presidente Ernesto Samper Pizano. Pero, la Sala no tiene suficientes elementos todavía para ordenar su investigación, pero será un tema que deberá ahondar la Fiscalía y rendir cuentas de ello y un motivo de preocupación de la Sala».

Posteriormente entra a analizar otros hechos anteponiendo titulos como “Puerto Boyacá, capital antisubversiva de Colombia”: El laboratorio del paramilitarismo», «El narcotráfico entra en escena. Surge el MAS», “Dios los crea y . . .” o la suma de fuerzas e intereses».

Al respecto destaca que «en el Magdalena Medio, allí donde surgieron los Escopeteros y las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá de la mano del Ejército Nacional y los ganaderos, madereros y comerciantes de la zona, tenían también asentados sus reales Pablo Emilio Escobar Gaviria y José Gonzalo Rodríguez Gacha, dos de los más grandes narcotraficantes del país en la década de los 80 y dos de los más importantes promotores del MAS. Pero, igualmente, personajes como Ramiro Vanoy Murillo, menos visible, pero ligado al narcotráfico, quien apoyó y financió las autodefensas de Puerto Boyacá».

Luego reseña «La otra conexión. La conexión política»:

«Por la misma época, un 14 de junio de 1983, el 5º Frente de las FARC asesinó al señor Alberto Uribe Sierra, padre de quien años después va a ser elegido Gobernador de Antioquia y Presidente de Colombia y negociará con los grupos paramilitares. El hecho, sucedido cuando intentaban secuestrarlo, ocurrió en su Hacienda Guacharacas ubicada en el municipio de San Roque (Antioquia), que después va a constituir el lugar de asentamiento de la convivir El Cóndor y los grupos paramilitares que operaron en dicho municipio, en Maceo y en el corregimiento San José del Nus y eran una misma cosa, como declaró John Fredy González Isaza, conocido como el Rosco, desmovilizado de las AUC

«El administrador de la hacienda va a ser un importante colaborador de éstos, como declaró dicho postulado, quien tenía por qué saberlo. Pero, esos vínculos van a extenderse a otros actores en los orígenes del paramilitarismo. El congresista César Pérez García, uno de los miembros del partido liberal con más influencia en Antioquia durante muchos años, va a aparecer como uno de los artífices de la masacre de Segovia en 1.988, cometida por el movimiento Muerte a Revolucionarios del Nordeste y en la cual participaron las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá y Fidel Castaño Gil -quien más tarde va a destacarse como uno de los principales promotores del paramilitarismo-, con el apoyo del Ejército y la Policía

Por las tierras de la hacienda Napóles en Puerto Triunfo, de propiedad de Pablo Escobar Gaviria, era común ver a Alberto Santofimio Botero, uno de los más caracterizados líderes del liberalismo y quien alcanzó a ser precandidato presidencial por dicho partido y Jairo Ortega Ramírez, un dirigente político de Antioquia, de cuyo Movimiento de Renovación Liberal hizo parte Escobar Gaviria. El ex-senador Alberto Santofimio Botero recién fue condenado por su participación en el homicidio de Luis Carlos Galán Sarmiento, planeado y ejecutado por los agentes del narcotráfico que se aliaron con las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá, en una suma de fuerzas e intereses. Pero, por supuesto, no fueron los únicos casos.

Igualmente precisa:

Cómo fue posible que por todos los rincones del país proliferaran a un mismo tiempo grupos paramilitares, escuadrones de la muerte y organizaciones de justicia privada? Quienes estaban detrás? En todo el proceso de surgimiento y expansión de los paramilitares vamos a encontrarnos los mismos actores que es posible encontrar en su origen: empresarios, ganaderos, comerciantes y otros sectores privados, el narcotráfico, las Fuerzas Militares y sectores políticos.

Mas adelante se concentra en el tema de las Convivir, en cuyo análisis cita al expresidente Alvaro Uribe:

«Las Convivir o el paramilitarismo en acción . El papel de las Convivir

Como se dijo anteriormente, mediante el Decreto 356 de 1.994, se autorizó la creación de las Cooperativas de Servicios Comunitarios de Seguridad, cuyo propósito era colaborar con la Fuerza Pública y organizar las comunidades a través de cooperativas, juntas de acción comunal o empresas comunitarias para la vigilancia y la seguridad de sus miembros o asociados.

La creación de dichas cooperativas marcó un momento importante en términos de vigilancia y control social, pero sobre todo, contribuyó a la militarización de la sociedad en función de la lucha contrainsurgente.

Pero con la creación de las convivir devinieron otras consecuencias como la expansión de grupos paramilitares que utilizaron su nombre, sus cuentas y sus estructuras para cumplir sus objetivos y financiar sus estructuras ilegales, pues tales cooperativas actuaban en estrecha coordinación con los paramilitares y las Fuerzas Armadas a la hora de cometer graves violaciones a los derechos humanos contra civiles, como defensores de derechos humanos, sindicalistas, líderes y activistas sociales y comunidades que vivían en zonas de presencia guerrillera a las que se consideraba de importancia militar o económica.

El período de expansión del paramilitarismo, que se sucede a partir del año de 1.995, coincidió con el auge y proliferación de las Convivir. Éstas también se extendieron a nivel nacional y para 1.997 se estima que había 414 operando por todo el país, con más de 120.000 miembros, quienes tenían autorización para portar armas y equipos de comunicación de uso exclusivo de las Fuerzas Militares.

En Antioquia el incremento de éstas coincidió con la gobernación del Ex-Presidente Álvaro Uribe Vélez, quien las promocionó e impulsó. En efecto, dos de los principales promotores de la iniciativa fueron Álvaro Uribe Vélez, por ese entonces Gobernador de Antioquia y su Secretario de Gobierno Pedro Juan Moreno Villa. Fue en este Departamento donde se creó la primera de dichas asociaciones y donde se concentró buena parte de ellas, pues para 1.997 en Antioquia funcionaban 78 de las 414 que había en todo el país y contaban con la publicidad y apoyo del gobierno departamental. De hecho, en la Secretaría de Gobierno, dirigida por Pedro Juan Moreno Villa, se creó una oficina para asesorar a las comunidades y otorgar la personería jurídica. Según el video promocional, en el cual aparecen el Gobernador del Departamento, Álvaro Uribe Vélez y su Secretario de Gobierno, Pedro Juan Moreno Villa, apoyando y promoviendo la creación de tales asociaciones, “los recursos para la operación de las Convivir se consiguen con aportes de los mismos miembros de la comunidad o a través de convites”

Pero, de conformidad con el Decreto 356 de 1.994 el Gobernador tenía el deber de hacerle seguimiento a las convivir. 89. La Convivir Asociación de Campesinos de Punta Piedra fue la primera creada en Urabá con el apoyo de la Brigada XVII, que fue reconocida por la resolución 42405 del 29 de noviembre de 1.996 y cuyo representante legal fue el señor Alberto Osorio. El nexo de Alberto Osorio con los paramilitares era tal que, de acuerdo a las versión de Hebert Veloza, “mientras figuraba legalmente como representante de la Convivir, debidamente autorizada, Osorio Mejía coordinó con Hasbún la logística para que aviones trasladaran a un grupo de ‘paras’ del Urabá antioqueño al departamento del Meta, en el otro extremo del país, para que hicieran la masacre de Mapiripán”. Ésta fue perpetrada entre el 15 y el 20 de julio de 1.997 y Osorio Mejía fue condenado a tres años de prisión por nexos con paramilitares. 90.

Luego ordena el procedimiento haciendo las siguientes precisiones:

vi) Continuar contribuyendo a la verdad y a la reparación de las víctimas, en especial a esclarecer la suerte y ubicación de los desaparecidos y de los bienes despojados a las víctimas y revelar la verdad de lo ocurrido y confesar los hechos que se hayan omitido, en especial, informar los motivos para cometer cada uno de los hechos, la participación de otros miembros del grupo armado ilegal, de la Fuerza Pública o de terceros, la identidad de éstos o las circunstancias relevantes de cada caso en particular. Lo anterior, ajustándose a la evidencia y a los hechos relatados por la Sala en el capitulo VII de esta decisión, bien en las versiones libres que estén pendientes por realizar o solicitando una nueva o acudiendo a un mecanismo no judicial de contribución a la verdad y la memoria histórica, como el previsto en la Ley 1424 de 2.010 o la publicación en algún medio de difusión.

X Cuestiones finales

937. Como dijo la Sala en el auto del 4 de septiembre de 2.013, la Fiscal Viviane Morales Hoyos y el Fiscal Quinto Delegado ante la Corte Eberto Rodríguez Hernández recibieron un oficio de la Sala alertándolos sobre los retardos y omisiones en la investigación adelantada contra los Generales Mario Montoya Uribe y Leonardo Gallego Castrillón por los delitos cometidos durante la Operación Orión, realizada de común acuerdo o en concierto con el Bloque Cacique Nutibara, a pesar de que se trataba de graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. El proceso se había iniciado desde 1.998 y continuaba en investigación previa. La Fiscal General, antes que tomar los correctivos del caso y atender una decisión judicial adoptada en el curso de una audiencia, manifestó que ese “ruego para que se corrija y supere la situación” era improcedente, pues la investigación era de su resorte e hizo caso omiso a esa advertencia.

El proceso, luego de 5 años, continúa en investigación previa, según la última información que tiene la Sala y ni siquiera se ha abierto la instrucción a pesar de las graves violaciones enunciadas. La investigación contra el General Leonardo Castrillón, adelantada por el (a) Fiscal 28 de la Unidad Delegada de Fiscalía contra el Terrorismo de la época (2.009 – 2.011) y el (a) Fiscal 7 Delegado ante la Corte, presenta los mismos retardos y omisiones. A Jacinto Alberto Soto Toro se le precluyó la investigación por concierto para delinquir.

Pero la evidencia que ha escuchado la Sala indica que fue uno de los máximos responsables de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá y un hombre de confianza de Carlos Castaño Gil, que le suministró hombres, armamento y recursos a distintas estructuras de dicha organización con las cuales se cometieron graves violaciones a los derechos humanos y al DIH y coordinaba las actividades y operaciones con las autoridades militares. Por lo tanto, su responsabilidad va más allá del mero concierto para delinquir.

938. Ahora bien, aunque esta Corporación había ordenado expedir copias contra el Ex-Presidente Álvaro Uribe Vélez, la Ex-Fiscal Viviane Morales, varios Generales de la República y otros funcionarios públicos en la decisión del 4 de septiembre de 2.013, por medio de la cual se excluyeron del proceso de justicia y paz a varios postulados del Bloque Cacique Nutibara, la Corte Suprema de Justicia anuló dicha decisión el 23 de julio de 2.014. Aunque la Sala considera que la nulidad no abarcó esa orden, por las razones que expuso en la sentencia del 9 de diciembre de 2.014 en el caso del postulado Jesús Ignacio Roldán Pérez, para evitar cualquier controversia va a ratificar esa decisión y ordenar la expedición de copias para investigar a:

i) el Ex-Presidente Álvaro Uribe Vélez, la Ex-Fiscal Viviane Morales Hoyos, el Fiscal Quinto Delegado ante la Corte Suprema de Justicia Eberto Rodríguez Hernández, el Fiscal 28 de la Unidad Delegada de Fiscalía contra el Terrorismo de la época (2.009 – 2.011) y el Fiscal 7 Delegado ante la Corte, a éstos últimos, por las omisiones en la investigación y juicio de los generales Mario Montoya Uribe y Leonardo Gallego Castrillón y de los demás generales y altos oficiales de las Fuerzas Armadas comprometidos en graves violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario.

ii) los Comandantes de las unidades y oficiales mencionados en esta decisión, entre ellos, a los Generales Carlos Alberto Ospina, Iván Ramírez Quintero y Alejandro Navas Ramos, al Teniente Coronel John Jairo Cardona Chaparro y al Coronel Germán Morantes Hernández por promover, organizar y apoyar a los grupos paramilitares y/o concertarse con éstos, si no estuvieren siendo investigados por esos hechos.
iii) el Teniente de la Estación de Policía de San Antonio de Prado por el caso del joven Jorge Mario Monsalve Guarín.

v) la Fiscal 6 Delegada de la Unidad de Justicia y Paz, Oher Hadith Hernández Roa; al Fiscal 64 Delegado, Javier Girón Rodríguez; al Fiscal 90 Delegado, Hernando Antonio Bustamante Triviño; al Fiscal 129 Delegado, Hugo Alberto Gómez Lemus; al Fiscal 3 Delegado, Carlos Alberto Rico Correa; al Fiscal 113 Delegado, Milton Javier Rodríguez; al Fiscal Primero Delegado, Rafael Antonio Vargas Gallo; al Fiscal 14 Delegado, Guillermo Alonso Uribe Rueda y la Fiscal 51 Delegada, Ana Lucia Jiménez Zapata por sus omisiones en la investigación de violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario.

En otros apartes, en el documento se hacen las siguientes precisiones sobre el expresidente Álvaro Uribe Vélez:

Álvaro Uribe Vélez está detrás de la promoción y apoyo de las Convivir en Antioquia, que van a ser un germen del paramilitarismo, entre las cuales se cuenta la Convivir Papagayo, la más emblemática de todas, y a las que tenía el deber de hacerles seguimiento, de conformidad con los decretos que las regulaban. Está detrás de la hacienda Guacharacas, donde funcionaba la Convivir El Cóndor y que, al decir de Jhon Fredy González Isaza, alias Rosco, eran los mismos paramilitares y cuyo administrador era un colaborador de éstos. Está detrás de la pacificación de Urabá durante su período como Gobernador, que él exaltó y promovió como un ejemplo nacional, realizada de la mano del General Rito Alejo del Río y los paramilitares de la región. Está detrás del homenaje de desagravio realizado en el Hotel Tequendama a dicho General, después de haber sido retirado por sus vínculos con los paramilitares, para el cual vino desde el exterior y en el que actuó como oferente y orador.

Álvaro Uribe está detrás de las omisiones en la masacre del Aro, de la cual fue informada la Gobernación a su cargo desde su comienzo y que no se le pudo ocultar por la gravedad de la situación, a cuya comunidad no le brindó apoyo durante 7 días y cuyas denuncias desmintió luego, así como las realizadas por el defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, pero que eran ciertas y que él tenía cómo y por qué saberlo. (Uribe) está detrás de la Operación Orión y la toma de la Comuna 13, realizada concertadamente con los paramilitares del Bloque Cacique Nutibara con el fin de eliminar el último bastión de las milicias urbanas y consolidar el dominio de dicho bloque, como lo confesó Diego Fernando Murillo Bejarano. Está detrás de la negociación con los grupos paramilitares una vez llegó a la Presidencia, con cuyos votos salió elegido como confesaron varios de sus comandantes, y detrás del proyecto de alternatividad penal que se le presentó originalmente al Congreso, el cual aseguraba prácticamente su impunidad a pesar de las graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, mientras le declaraba la guerra total a las demás organizaciones armadas ilegales.

Alvaro Uribe «está detrás del General Mauricio Santoyo, a su servicio como Gobernador de Antioquia y luego como su Oficial de Seguridad en la Presidencia de la República, cuyos vínculos con los paramilitares están ya establecidos y que no pudo ser su asesor de seguridad sin su asentimiento. Y está detrás de los Directores del DAS investigados por sus vínculos con los paramilitares y otros crímenes. No puede ser que ignorara todo lo que estaba sucediendo en esos casos, o todos esos hechos se cometieran a sus espaldas, como tantos otros que se les atribuyen a sus colaboradores más cercanos y que tampoco podía ignorar, como los actos cometidos contra la Corte Suprema de Justicia”.