–Las multinacionales farmacéuticas están ejerciendo presión al gobierno de los Estados Unidos para que sancione a Colombia por supuestamente realizar prácticas de propiedad intelectual inadecuadas, regular precios y medidas legislativas en favor de la población (por ejemplo derecho a la salud o acceso al conocimiento), ya que afectan negativamente sus intereses comerciales.

Así lo estableció el director del Centro de Información de Medicamentos (Cimun) de la Universidad Nacional de Colombia (U.N.) profesor José Julián López, quien advierte que la organización PhRMA, que agrupa a las multinaciones farmacéuticas estadounidenses, pretende con esta medida superar varios problemas de propiedad intelectual y acceso a mercados que tiene en territorio colombiano por temas relacionados con la emisión del decreto sobre biotecnológicos, políticas de control de precios de medicamentos y criterios de patentabilidad, entre otros.

En un artículo publicado en la última edición de «UN Periódico», principal órgano de información del centro educativo, subraya que este sentido el artículo 70 del Plan Nacional de Desarrollo (PND) crea una doble examinación e introduce criterios de patentabilidad no contemplados en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). Es decir, afirma el gremio estadounidense, discrimina en contra de las tecnologías en salud, pues no aplica a otras áreas de tecnología.

Y, argumenta el experto, la oficina de patentes de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sigue siendo la única autorizada en otorgar las patentes, de hecho, los países son autónomos en establecer las reglas de juego para otorgar patentes sin violar los acuerdos del ADPIC.

El artículo 70 no introduce diferencias sustanciales, solo otorga al Ministerio de Salud y Protección Social el compromiso de identificar tecnologías sanitarias patentadas, susceptibles de obtener una licencia obligatoria, y con ello generar competencia en el mercado para reducir los precios que los colombianos pagan por ellas, a través de recursos públicos.

“Decir que esto constituye una discriminación a la luz de las reglas del ADPIC y la OMC casi que es ridículo, ya que ellos permiten flexibilizaciones al interior de cada país con el fin de garantizar el acceso a los medicamentos y el derecho a la salud. Este ejercicio, ya utilizado en otros países, ha demostrado mejorar considerablemente la calidad de las patentes otorgadas”, resalta el director del Cimun.

Otra de las “quejas” radica en el artículo 72 del PND, en el cual se tiene en consideración el precio para su autorización de mercadeo (no se ha hecho en otra parte del mundo). Así, algunos medicamentos priorizados podrían ingresar al mercado local con un precio proporcional a su valor terapéutico.

Para ello, destaca, el artículo que todavía no se ha implementado, contempla realizar una evaluación farmacológica por parte del Invima, una evaluación de tecnología sanitaria por parte del Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud (IETS) y una evaluación del precio acorde a esta evaluación. Sin embargo, el Invima no tendrá en cuenta estas dos últimas evaluaciones para otorgar el registro de comercialización. En síntesis, no se sabe cómo funcionará y, lo más importante, no está relacionado con propiedad intelectual.

Colombia no es el primer país que introduce medidas similares. Alemania, Francia y otros países europeos cuentan con políticas parecidas, sin que por ello sean incluidos en listas de observación comercial.

Otro aspecto analizado por el profesor López tiene que ver con el hecho de que según el gremio estadounidense el sistema de control de precios adoptado por Colombia, es arbitrario, subjetivo y no transparente.

Al respecto, “este tampoco es un asunto relacionado con la propiedad intelectual. También, el actual sistema de control de precios en Colombia está basado en costos de referencia internacionales, aprobado en 2013 después de un proceso abierto legítimo y transparente con todos los actores, incluidos la industria farmacéutica”, afirma el experto de la U.N.

De igual manera, añade, los procedimientos y fórmulas matemáticas para su cálculo están publicados en la página web del MinSalud y es accesible para cualquier ciudadano. El sistema ha sido aplicado en diversas oportunidades para controlar el precio de aproximadamente 900 medicamentos y algunos dispositivos médicos. Esto le ahorra al país cerca de 1.6 billones de pesos, según cartera ministerial.

En resumen, PhRMA solicita al Gobierno de Estados Unidos que presione a Colombia porque está incomodando a la industria farmacéutica de ese país al implementar medidas que evidentemente favorecen la protección de la salud pública.

El año pasado la industria farmacéutica invirtió 475 millones de euros a hacer lobby, es decir, presión política en Estados Unidos, destaca el profesor.

LA CLASIFICACION

El profesor José Julián López explica que a través del Informe 301, la Oficina de Comercio de los Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) publica los resultados de la evaluación del comportamiento de los países con los que PhRMA, gremio de las multinacionales farmacéuticas estadounidenses, sostiene relaciones comerciales.

Este proceso “evalúa” el acceso a mercados y las disposiciones en propiedad intelectual (PI) y califica a los países en tres niveles: Watch List (Lista de observación), Priority Watch List (Lista de vigilancia prioritaria) y Priority Foreign Country (Países extranjeros prioritarios). La tercera es un listado de países con un proceso de sanciones comerciales específicas.

Por varios años, señala el experto, Colombia ha estado clasificada en la categoría Watch List. Sin embargo, en el informe que PhRMA envió este año al USTR solicita que Colombia sea clasificada en la Priority Watch List, pues considera que el país tiene leyes de propiedad intelectual inadecuadas.

Según el docente, varias ONG colombianas, como el Comité de Veeduría y Cooperación en Salud (CVCS), del cual forma parte el Cimun, consideran que este proceso además de arbitrario es ilegítimo.

A pesar de que estas críticas se repiten año tras año, la USTR utiliza el informe 301 para presionar a los países cuando toman medidas regulatorias o legislativas en favor de la población (por ejemplo derecho a la salud o acceso al conocimiento), ya que afectan negativamente los intereses comerciales de las industrias estadounidenses, puntualiza el docente.

El hecho es que, de acuerdo con el catedrático, las presiones funcionan y alrededor de las mismas se mueven multimillonarias sumas.

El año pasado la industria farmacéutica invirtió 475 millones de euros a hacer lobby, es decir, presión política en Estados Unidos, reseña y destaca las principales argucias de la industria farmacéutica estadounidense buscan retrasar el acceso de los países a los medicamentos genéricos.

Añade que dentro de las prácticas cuestionables de la industria farmacéutica se encuentra el pago por retrasar la llegada de los genéricos.

La decisión de incluir a Colombia en la lista “negra” de países con prácticas de propiedad intelectual inadecuadas, se dará a conocer en los próximos meses y afectaría el acceso a medicamentos en Colombia, concluye.