El organismo humanitario valoró la decisión de acoger el mandato de la Corte Constitucional frente al mecanismo de refrendación y consideró prudentes los tiempos y la logística establecidos para el cese bilateral y la dejación de armas.

Con gran satisfacción y expectativa por el restablecimiento, respeto y garantía definitiva de los derechos humanos en el territorio colombiano, recibió la Defensoría del Pueblo los acuerdos alcanzados entre el Gobierno Nacional y las Farc para la terminación del conflicto armado en el marco de las negociaciones de La Habana.

El organismo humanitario valoró la decisión de las partes, y en particular de la guerrilla, para acoger el mandato de la Corte Constitucional respecto a la definición del mecanismo de refrendación del Acuerdo Final, como muestra de respeto por la institucionalidad y garantía para que los ciudadanos decidan si respaldan o no el resultado de este proceso.

El ente de control, que tiene como misión impulsar la efectividad de los derechos humanos, considera razonables las medidas pactadas para el fin de la guerra a partir de un cese bilateral del fuego y las hostilidades de carácter definitivo, así como la dejación de armas por parte de las Farc.

En este sentido, y no obstante los mecanismos de monitoreo y verificación tripartitos establecidos a la luz de los acuerdos, los cuales con la invaluable participación de las Naciones Unidas sin duda deberán constituirse en prenda de garantía para el cumplimiento estricto de lo pactado, la Defensoría del Pueblo por mandato Constitucional y en razón a la presencia institucional en los territorios, velará por las libertades y derechos de las comunidades donde el alcance de estos acuerdos para el fin del conflicto las involucren, como se desprende de las 23 zonas veredales transitorias de normalización definidas por el Gobierno y las Farc.

La Defensoría destaca igualmente los principios rectores del acuerdo sobre garantías de seguridad, pues estima que para garantizar las premisas de verdad, justicia, reparación integral y no repetición en favor de las víctimas (a quienes el proceso de paz debe resarcir y ofrecer un futuro en condiciones de dignidad y reconciliación plena), resulta indispensable asegurar la participación ciudadana, la transparencia, los enfoques diferenciales y de género, pero por sobretodo, la consolidación de una cultura de derechos humanos, aspecto en el que la Defensoría del Pueblo empleará todas sus capacidades de cara al post acuerdo.

Finalmente, la Defensoría desde su Sistema de Alertas Tempranas (como lo ha hecho con el monitoreo al cese unilateral de las Farc), hará seguimiento al cumplimiento del cese bilateral definitivo y a la implementación y aplicación de las medidas adoptadas para combatir las estructuras criminales sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, pues además de las evidentes infracciones a los derechos humanos advertidas por este organismo del Ministerio Público en distintos pronunciamientos e informes, podrían convertirse en factor de amenaza para el logro de una paz estable y duradera.